FGR suspende licitación para arrendar vehículos por 3 mil mdp relacionada con el excontralor Arturo Serrano MEMORANDUM 1.- Por segunda ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) suspendió el arrendamiento de 2 mil 522 vehículos que utilizarían funcionarios de esa institución en el periodo 2025-2028. Los montos de los contratos van de 2 mil 480 a 3 mil 794 millones de pesos, lo que equivaldría a pagar más de un millón de pesos por unidad durante la vigencia del contrato. Esta licitación se inició durante la gestión de Alejandro Gertz Manero y tiene como antecedente un supuesto intento de corrupción que derivó en el despido del ex contralor de la FGR Arturo Serrano Meneses y uno de sus colaboradores y en el inicio de indagatorias en su contra. En el acuerdo de suspensión, la Unidad de Recursos Materiales tomó esta decisión “considerando que no se persigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de interés general” hasta que el Órgano Interno de Control “resuelva lo conducente”. En el proceso de licitación participan la Oficialía Mayor, la Unidad Especializada de Recursos, Servicios e Infraestructura Inmobiliaria, así como la Unidad de Recursos Materiales y la Administración Especializada de Adquisición de Bienes, de acuerdo con el expediente E-2025-00109641. El procedimiento de contratación está identificado como servicio de arrendamiento de vehículos sin opción a compra, y la operación se realizaría con cargo al ejercicio presupuestal 2025. La convocatoria original para este proceso fue avalada el 23 de septiembre pasado y la contratación sería de “cobertura nacional, para las actividades sustantivas, operativas y administrativas de las y los servidores públicos adscritos a las áreas que integran la institución”. En la lista de vehículos solicitados destacan 320 tipo sedán, 20 vehículos sedán híbridos, 368 camionetas pick-up 4 x 4 de doble cabina y doble tracción, 80 motocicletas de 249 centímetros cúbicos, 829 vehículos tipo sedán básicos, 643 camionetas pick-up 4 x 4 de doble cabina y dos puertas, para un total de 2 mil 522 unidades. El concurso considera una erogación mínima de 2 mil 480 millones 166 mil 219.43 pesos y una máxima de 3 mil 794 millones 617 mil 280.35 pesos, incluido impuesto al valor agregado (IVA). En agosto pasado, la FGR destituyó a Serrano Meneses, quien duró seis años en el encargo, el mismo tiempo que llevaba Gertz Manero. El entonces titular del órgano interno de control –quien no tenía voto, pero sí voz en el comité de adquisiciones– fue despedido junto con Martín Javier Morales Ramírez, su secretario particular; José María Peña Domenech, secretario técnico; Carlos Enrique Rascón Irízar, titular del área de responsabilidades, y cinco funcionarios más. Serrano Meneses y Rascón Irízar han comparecido en tres ocasiones (dos vías videoconferencia) ante un juez del Reclusorio Oriente para conocer una acusación penal por el delito de intento de cohecho, pues presuntamente solicitaron 6 millones de pesos por avalar la renta de vehículos. Sin embargo, la audiencia en la que se darían a conocer los cargos no se ha llevado a cabo porque la FGR no había entregado hasta hace unas semanas el expediente completo y fueron los propios representantes del Ministerio Público quienes solicitaron que se difiriese la diligencia hasta enero, tras reconocer que no contaban con los documentos originales que permitirán conocer el contenido de varios dictámenes. La FGR continuó con la licitación y tenía previsto dar a conocer el fallo el miércoles; sin embargo, el 8 de diciembre, de acuerdo con el oficio FGR/OIC/UJCEP/0651/2025, se notificó a los interesados: “Con fundamento en el artículo 100 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público de aplicación supletoria al acuerdo A/OM/006/2025, por el que se emiten disposiciones en materia de recursos, materiales, servicios generales y contrataciones públicas de la FGR, se decreta la suspensión provisional de los actos del procedimiento de contratación y los que de éste se deriven”.
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EU no tendrá plataformas de inteligencia en México, pero hay intercambio de información, asegura Sheinbaum MEMORANDUM 2.- Estados Unidos no tendrá plataformas de inteligencia en México, asegura la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, después de que el Departamento de Estado habló de la conexión de estos instrumentos entre ambos países. En conferencia de prensa la mandataria federal expresó: “No es una conexión de manera permanente, es intercambio de información, no es que ellos se vayan a tener plataformas aquí en México”. Explica que “hay momentos en que se puede solicitar y se ha hecho en distintos momentos, en distintos gobiernos -incluso se hizo con Andrés Manuel López Obrador- equipos de alguna de las instituciones del gobierno de los Estados Unidos, que no tiene el de México para poder hacer alguna operación”. Y cuando esto ocurre, se hace a través de un convenio. “Hay protocolos formales de utilización de plataformas que presta Estados Unidos a solicitud del gobierno mexicano… No es que tengan plataformas de manera permanente con autorización nuestra vigilando”. La mandataria señaló que en la segunda reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México - Estados Unidos, que se celebró el pasado jueves, en seguimiento del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley acordado por ambos países, el país vecino pidió investigar el uso de drones por parte de la delincuencia. Menciona que en dos ocasiones en México fueron utilizados dos de estos artefactos, y a pregunta expresa precisó que no fueron para realizar ataques a Estados Unidos. “No, nada que ver... En un caso fue un ataque a elementos de la Secretaría de la Defensa, que fue público, pero ni siquiera lo hemos detectado nosotros en la frontera”. Pero a Estados Unidos le interesa, agregó, “y es parte del entendimiento y de la comunicación que puede haber”. La mandataria señaló que drones han sido incautados en distintas operaciones y “ellos plantearon que era un tema importante y entonces se vio en la reunión, pero no por alguna cuestión especial”.
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Migrantes en EU pagaron 651 mil 900 mdd en impuestos en 2023, el 19.2% del total: experto; Aun así, Trump lo ve como delincuente MEMORANDUM 3.- Pese a que el gobierno de Estados Unidos criminaliza personas migrantes son contribuyentes fiscales y trabajadoras esenciales para la economía de ese país, sostuvo el investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guillermo Castillo Ramírez. De acuerdo con cifras del American Immigration Council 2025 (organización que defiende los derechos de los migrantes mediante investigaciones y litigios), citadas por el universitario, para 2023 pagaron en el vecino país 651 mil 900 millones de dólares en impuestos, lo que representa cerca de 19.2 por ciento de los gravámenes de ese año. Según el Pew Research Center (centro de investigación independiente y apartidista con sede en Washington D.C), para 2022 las cerca de 11 millones de personas migrantes indocumentadas eran casi 5 por ciento de la fuerza laboral en dicha nación. Se ubican en sectores estratégicos como agricultura, construcción, empaquetadoras, servicios, labores de cuidado y limpieza. En ese año, según una investigación de la BBC Mundo, de 40 a 50 por ciento del total de quienes realizan labores agrícolas eran indocumentados. En este contexto, el universitario rememoró que una herramienta para ayudar a las personas en movilidad es la plataforma digital UNAM, Acción Migrante, creada por esta casa de estudios y la Secretaría de Relaciones Exteriores en febrero de 2025. Desarrollada por especialistas en migración de diversas áreas del conocimiento, ofrece una tarjeta bilingüe de derechos que cualquier persona puede obtener en su teléfono celular en caso de emergencia; orientación jurídica y de salud mental ante problemas como ansiedad y depresión, entre otros. De igual forma, recursos bibliográficos para documentarse con expertos sobre el tema migratorio; así como datos de contacto con las sedes de esta casa de estudios en Estados Unidos y con los consulados de la cancillería mexicana en ese país. Castillo Ramírez menciona que mediante UNAM, Acción Migrante se han brindado numerosos apoyos legales y psicológicos; hasta septiembre pasado la plataforma reportó que recibe una visita cada cinco minutos para consultar los servicios de orientación jurídica, salud mental o capacitación. Aunque hay de distintos países, la mitad proviene de EUA. “La criminalización y la discriminación migratoria no se basan en hechos ni en datos oficiales, sino en prejuicios que son aprovechados políticamente por el gobierno de Donald Trump”, consideró el doctor en Antropología. Castillo Ramírez, adscrito al Departamento de Geografía Social, documentó que las personas migrantes cometen menos crímenes que los ciudadanos de Estados Unidos. Con base en dos fuentes, señaló que Cato Institute (organización no partidista de investigación de políticas públicas); y el Institute for Economic Policy de la Universidad de Stanford (EPI, un grupo de expertos sin fines de lucro que analizan impactos económicos y políticas públicas) refieren que en delitos serios tienen 30 por ciento menos posibilidades de ser encarcelados que los blancos anglosajones. La tasa es de 613 por cada 100 mil personas; mientras que la de estadunidenses asciende a mil 221 por cada 100 mil. El especialista comentó además que la frontera no está en crisis, ni desbordada, como la administración Trump lo señala. Por el contrario, según datos oficiales de 2025 de la Custom and Border Protection, las detenciones de personas migrantes en las fronteras sur del vecino país bajaron más de 10 por ciento en 2023 y 2024. Asimismo, de casi 2.5 millones para el año fiscal 2023, se bajó a 2.1 millones en el año fiscal 2024. “La desinformación no puede ser una herramienta para producir políticas migratorias y fronterizas xenófobas y racistas”, estima Castillo Ramírez. Detalló que no todas las poblaciones son igualmente excluidas o criminalizadas, sucede más en las provenientes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Haití y Venezuela. “Son grupos que al gobierno de Estados Unidos no le interesa que lleguen a su frontera y los tratan de contener. Si se revisan sus peticiones de asilo, las tasas de aceptación son muy bajas”.
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