Suman más de un millón cien mil trabajadores de plataformas digitales registrados ante IMSS MEMORANDUM 1.- En el cuarto mes de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de trabajadores de plataformas digitales, se registró a un millón 114 mil 147 personas, de las que poco más de 150 mil (13.5 por ciento) percibieron ingresos equivalentes a un salario mínimo que se clasifican como puestos de trabajo y tienen acceso a todas las prestaciones médicas, sociales y económicas. El reporte mensual sobre el comportamiento del empleo formal en el país indica que en octubre se crearon 217 mil 491 plazas, equivalentes a un crecimiento de 1 por ciento con respecto al mes anterior. En la medición anual, con 170 mil 231 nuevos lugares, el aumento es de 0.8 por ciento, reflejo de las pérdidas de puestos laborales que ha habido a lo largo del periodo. Así, al 31 de octubre pasado el registro de afiliación al IMSS se ubicó en 22 millones 789 mil 173 trabajadores, de los que 86.8 por ciento tiene una plaza permanente y 13.2 por ciento son eventuales. Respecto al programa piloto de inscripción de los trabajadores de plataformas digitales, desde su inicio el pasado mes de julio ha habido un incremento constante. Aquellos que fueron dados de alta, pero no superaron el umbral de ingreso neto mensual de un salario mínimo (86.5 por ciento del total), están cubiertos con el seguro de riesgos de trabajo. Este los protege en caso de accidentes en trayecto o enfermedad durante el desempeño del servicio que se presta a través de la plataforma digital. Si es el caso, tienen derecho al pago del cien por ciento de su salario registrado durante el tiempo que dure la incapacidad, además de atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, informó el Seguro Social. En cuanto al resto de sectores de la economía, las pérdidas de plazas laborales se mantienen en la industria extractiva con menos 4.7 por ciento, la construcción menos 4.6, el agropecuario menos 2.5 y la industria de transformación menos 2 por ciento. La mayor creación de empleo se ha dado en el último año en transportes y comunicaciones con un aumento de 9.6 por ciento, comercio 2.9, industria eléctrica 2.8, servicios para empresas y servicios sociales y comunales, 1.5 por ciento cada uno. Por entidad federativa, 18 reportan pérdidas desde 10.3 por ciento en Campeche hasta mínimas de menos 0.002 por ciento en Tlaxcala. En otras siete se observan aumentos porcentuales por debajo de uno por ciento: Guanajuato (0.2), Durango (0.3), Jalisco (0.5), Querétaro (0.6), Nayarit (0.6), Baja California Sur (0.8) y Nuevo León (0.9 por ciento). Las variaciones positivas se han dado en el estado de México (6.1 por ciento), ciudad de México (3.5), Hidalgo (2.7), Colima (2.2), Aguascalientes y Michoacán dos por ciento cada uno y Quintana Roo (1.3)
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Fiscalía de Colombia le imputó seis nuevos delitos a Nicolás Petro: pidieron medida de aseguramiento contra el hijo del Presidente; Algo similar no se vive en México MEMORANDUM 2.- La Fiscalía General de la Nación de Colombia presentó cargos formales contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su supuesta participación en un caso de corrupción que involucra contratos públicos y manejo irregular de recursos en el departamento del Atlántico. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el lunes 10 de noviembre a Nicolás Petro se le imputaron seis delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Las autoridades aseguran que estos delitos habrían ocurrido entre los años 2021 y 2022, cuando el hijo del mandatario se desempeñaba como diputado de la Asamblea del Atlántico. Según los fiscales encargados del caso, Petro Burgos habría participado en la gestión de dos contratos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso). Uno de estos contratos fue firmado con la intervención del propio Nicolás Petro, pese a que no tenía competencia directa en la administración de los recursos públicos. Se calcula que, en el proceso, el exdiputado se habría apropiado de alrededor de 111 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 29 mil 500 dólares. El caso tomó fuerza después de que salieran a la luz varios documentos y testimonios que presuntamente vinculan al hijo del presidente con maniobras irregulares para favorecer a ciertas fundaciones con recursos del Estado. Los fiscales explicaron que se detectaron inconsistencias en la documentación presentada y posibles falsificaciones de firmas y sellos en los contratos. Este proceso se suma a otro expediente judicial que Nicolás Petro enfrenta desde el año 2023, cuando fue acusado de recibir dinero de personas vinculadas al narcotráfico para financiar la campaña presidencial de su padre, Gustavo Petro. En ese momento, la Fiscalía lo señaló de haber ocultado hasta 500 millones de pesos colombianos, aproximadamente 132 mil dólares, que habrían sido entregados por supuestos intermediarios a cambio de favores políticos o promesas de influencia. Ante las nuevas acusaciones, Nicolás Petro negó rotundamente las imputaciones y aseguró que no tiene relación alguna con la fundación mencionada ni con los contratos señalados. En una breve declaración a medios locales, afirmó que todo se trata de un “montaje político” para dañar su imagen y la de su familia. Además, dijo que confía en la justicia colombiana y en que podrá demostrar su inocencia durante el proceso. A pesar de las tensiones, el Gobierno colombiano ha insistido en que permitirá que la justicia actúe sin interferencias. Sin embargo, el caso ha generado una fuerte polémica política y mediática, pues se trata del primer hijo de un presidente colombiano en ejercicio que enfrenta un proceso penal de esta magnitud. Este escándalo podría tener repercusiones en la imagen del presidente Petro y afectar la credibilidad de su administración, especialmente en temas relacionados con la transparencia y la lucha contra la corrupción, bandera principal de su campaña. Por ahora, Nicolás Petro permanecerá en libertad mientras avanzan las audiencias. La Fiscalía continuará reuniendo pruebas y testimonios antes de definir si el caso pasa a juicio. El proceso judicial podría extenderse varios meses, dependiendo del número de testigos y las pruebas documentales presentadas. El caso sigue en desarrollo y ha abierto un nuevo capítulo en la vida política de Colombia, donde la opinión pública se mantiene atenta a las decisiones que tome la justicia y al impacto que este escándalo pueda tener en el futuro del Gobierno.
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A 31 años del asesinato de Colosio sigue siendo un enigma quién ordenó su muerte, surgen nuevos giros en la trama MEMORANDUM 3.- Si un momento definió el fin del siglo en México, acaso también el final de la hegemonía priista, fue la muerte de Luis Donaldo Colosio en la primavera de 1994, el mayor magnicidio en territorio nacional desde el asesinato de Álvaro Obregón, entre pólvora y engaños, a manos de un fanático cristero, en la década de los 20. A 31 años del asesinato, no se ha logrado esclarecer el crimen e incluso en los últimos días surgen nuevas revelaciones y nuevos giros en la trama, por lo que saber qué pasó realmente y quién ordenó su muerte se antoja como un enigma que jamás será resuelto. Algunos dicen que fue Carlos Salinas de Gortari quien lo mandó matar, otros dicen que Manuel Camacho Solís; algunos argumentan que fueron las altas esferas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que la versión oficial, durante más de tres décadas, aseguró que se trató de un asesino solitario: Mario Aburto. Sin embargo, esa última versión se ha resquebrajado, ya no de manera exclusiva en la opinión pública, que siempre dudó de la misma, ahora también al interior del propio Gobierno, que tras la llegada de la autodenominada Cuarta Transformación, ha impulsado la hipótesis de una acción planificada por más de una persona. Jorge Sánchez Ortega, ex agente del CISEN, antigua agencia de espionaje e inteligencia del Estado mexicano, fue detenido este domingo en Tijuana, mismo lugar donde, un 29 de marzo de 1994, el candidato presidencial del PRI fue baleado tras sostener un encuentro con simpatizantes en Lomas Taurinas. Desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Ortega fue señalado como el segundo tirador, durante el atentado que acabó con la vida de Luis Donaldo Colosio, quien desde una década atrás, había sido espiado y vigilado por el propio Gobierno del que fue parte. Desde que era un joven funcionario en la administración de Miguel de la Madrid, Luis Donaldo Colosio fue vigilado por la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), antecesora directa del CISEN, la cual le abrió un primer expediente en 1983. De acuerdo a documentos desclasificados de esa antigua agencia de inteligencia, el Gobierno mantuvo vigilado cada uno de sus pasos por su cercanía con Carlos Salinas de Gortari, quien en aquella época era su jefe en la Secretaría de Programación y Presupuesto del gabinete de La Madrid. Colosio no sólo exponía los logros de la dependencia federal a cargo de su superior, el futuro expresidente de México, sino que también acudía en su representación a asambleas y eventos oficiales.
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