Al menos 5 facultades de la UNAM suspenden clases presenciales por amenazas, pese a que rector dice no están rebasados por actos de violencia MEMORANDUM 1.- Recientemente, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, descartó que la institución esté rebasada por casos de violencia recientes, sin embargo este lunes ante las amenazas que han surgido en redes sociales contra estudiantes de la universidad y con la finalidad de salvaguardar su integridad, más de cinco entidades académicas de la institución decidieron suspender clases y sumarse al paro que iniciaron la semana pasada otras facultades, aunque otras optaron por la suspensión de actividades presenciales y retomar clases en línea. Las facultades de Economía, Derecho, Química, Arquitectura, al igual que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, así como los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) Naucalpan y Vallejo, determinaron efectuar las clases vía remota.“Derivado de las recientes amenazas difundidas en redes sociales hacia distintas escuelas y facultades de la UNAM, así como a integrantes de su comunidad, la facultad de Economía hace un llamado a la unidad”, señaló la entidad a cargo de la directora Lorena Rodríguez León a través de un comunicado. Asimismo, señaló que en este momento, “en el que su comunidad se encuentra lastimada”, es fundamental “cerrar filas con firmeza y responsabilidad, para garantizar la seguridad y el bienestar colectivo”. En tanto la FES Zaragoza determinó que “en virtud de la incertidumbre” por diversos mensajes circulados entre la comunidad universitaria de diferentes facultades y escuelas, las clases serán en línea, la cual es una medida temporal para salvaguardar la salud mental e integridad de su comunidad. Hasta ahora, 14 entidades académicas de la UNAM mantienen paro total de actividades, dos decidieron sostener un paro activo y ahora 5 facultades y dos CCH´s determinaron suspender clases presenciales.
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En 23 estados se despenalizó el aborto, pero persisten retos en atención a sistemas de salud como desabasto de medicamentos y saturación hospitalaria MEMORANDUM 2.- En México la despenalización del aborto es una realidad en 23 estados, sin embargo, persisten retos en la atención en los sistemas de salud como la saturación hospitalaria, la falta de medicamentos de misoprostol y mifepristona, y el delito en el código penal. De acuerdo con la presentación de la investigación “ABORTO, de la despenalización al acceso: controlaría social para el diagnóstico sobre el acceso al aborto en ocho estados de México”, realizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine México, indicó que este servicio en la Ciudad de México está aceptado, pues lleva 18 años en práctica, por ello, sigue recibiendo un alto número de pacientes que vienen de otras entidades, cerca del 36 por ciento de los abortos practicados en la localidad. De enero a mayo de 2025, se registraron 18 mil 874 abortos en ocho estados, de ellos, más de la mitad se practicaron en la Ciudad de México (54 por ciento), seguida del Estado de México (13.2 por ciento), Puebla (7.8 por ciento), Veracruz (7.5 por ciento), Guerrero (6.8 por ciento), Michoacán (4.7 por ciento), Nayarit (3 por ciento) y Quintana Roo (2.9 por ciento). Silvia Soler, directora interina del ILSB, asegura que la despenalización por sí sola no garantiza el acceso efectivo al aborto. Afirma que las mujeres de este país continúan reclamando aborto legal, seguro y accesible para todas las personas gestantes. Explica que el objetivo de esta investigación fue conocer qué ocurre después de que se aprueban reformas que despenalizan el aborto y verificar si los servicios de salud realmente garantizan el acceso. El estudio analiza la situación en ocho estados, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, evaluando la Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad (DAAC) de los Servicios de Aborto Seguro (SAS). Cristina Santana, coordinadora nacional de REDefine, indicó que entre principales hallazgos del estudio destacan el desabasto de medicamentos como misoprostol y mifepristona limita la atención en varios estados; aunque el servicio es formalmente gratuito, existen costos indirectos (traslados, estudios, insumos). También se identificaron prácticas discriminatorias hacia adolescentes, mujeres indígenas y personas de la diversidad sexual; junto con la rotación de personal y la objeción de conciencia, genera dependencia de un reducido grupo de profesionales “no objetores”, provocando saturación y desigualdad territorial; los horarios de atención para interrupción legal del embarazo (ILE) representan una barrera. A la vez, señaló que entre los métodos para realizar el aborto predomina el uso de medicamento, en 2020 fueron 8 mil 853 casos y en 2024 se triplicó a 27 mil 164 procedimientos. La Aspiración Manual Endouterina (AMEU) también tiene un crecimiento continuo, al pasar de mil 443 en 2020 a 8 mil 69 en 2024. El legrado continúa practicándose, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 9 mil 730 en 2020 y 15 mil 836 en 2024. En cuanto a las recomendaciones, Fernanda Topete, integrante de REDedine, mencionó algunas de ellas son eliminar el abordo del código penal federal y de los códigos penales estatales; armonizar la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia; garantizar atención media en tiempos oportunos.
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Deuda pública ya consume más del 23% de ingresos totales del gobierno; necesaria política fiscal que impulse el crecimiento económico MEMORANDUM 3.- En los próximos años, el gobierno federal de México enfrentará un reto considerable: las crecientes presiones fiscales derivadas del alto costo financiero de la deuda, consecuencia directa de los recurrentes déficits presupuestales. Actualmente, el costo financiero de la deuda pública consume más del 23 por ciento de los ingresos totales del gobierno (tanto tributarios como no tributarios). Esta cifra equivale a más de la mitad del presupuesto destinado a la operación de secretarías y programas de la Administración Pública Centralizada. Al inicio de la década de 2010, este costo representaba apenas el 7.7 por ciento del gasto total, mientras que las erogaciones en inversión física, salud y educación (incluyendo las aportaciones a entidades federativas) alcanzaban el 18.7 por ciento, 10.7 por ciento y 14.2 por ciento, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2019 se observa un cambio estructural preocupante: por primera vez en lo que va del siglo, el pago del servicio de la deuda superó al gasto total en salud y en inversión física, alcanzando más del 11.5 por ciento del gasto público total. Para 2023, esta tendencia se acentuó, y el costo de la deuda rebasó también al gasto en educación. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2025 este componente podría representar casi el 15 por ciento del Gasto Total del Sector Público. Más aún, en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, se estima que el costo financiero de la deuda ascenderá a 1,572.1 miles de millones de pesos. Esta cifra será mayor al monto combinado que se destinará a todos los programas sociales prioritarios y a los principales proyectos de inversión del gobierno federal. Lo anterior refleja una tendencia alarmante: cada vez se destina una mayor proporción del presupuesto a pagar intereses de la deuda, en detrimento de políticas públicas orientadas al desarrollo social, la infraestructura y el desarrollo económico. En esencia, el costo de la deuda está desplazando recursos públicos que podrían mejorar directamente el bienestar de la población. Los déficits presupuestales y su costo financiero. Idealmente, la deuda pública debe invertirse en proyectos que generen flujos de ingresos futuros capaces de cubrir su pago. Alternativamente, debe destinarse a iniciativas que fomenten el crecimiento económico, lo que incrementaría el PIB y, en consecuencia, la recaudación fiscal necesaria para financiar la deuda. Sin embargo, históricamente, en México este no ha sido el caso. México necesita una política fiscal que impulse el crecimiento económico, priorizando inversión en educación, salud, innovación y capital humano, así como el fomento de la calidad institucional, asegurando la estabilidad macroeconómica. El gasto público debe priorizar, además de aspectos sociales, proyectos productivos que generen retornos económicos a largo plazo. A su vez, es esencial que el enfoque de la política fiscal sea contracíclico y eficiente. Para controlar el déficit fiscal, es crucial revisar y mejorar la calidad del gasto público, priorizando áreas estratégicas y evitando proyectos no rentables. Estableciendo, además, límites claros al crecimiento de la deuda y garantizando que la economía crezca por encima del costo de la deuda.
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