Tras operativo, detectan red de “huachicol fiscal” en Costa Esmeralda y vinculan a empresario y alcalde electo de Tecolutla por el PVEM MEMORANDUM 1.-
Vaya caso, luego del operativo conjunto realizado el pasado 10 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, en coordinación con personal de la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex, trascendió que fueron aseguradas cuatro oficinas corporativas en Ciudad Judicial, San Andrés Cholula, propiedad de Jorge Wenceslao Santiago Téllez – hijo de Wenceslao Santiago Castro, alcalde electo de Tecolutla por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM; y esposo de la actual alcaldesa, Gabriela Valdez Santes -, donde se informó del hallazgo de documentación que prueba los vínculos con una presunta red distribuidora de huachicol. En el operativo aseguraron dos centros de almacenamiento y cuatro gasolineras que vendían el huachicol fiscal. De acuerdo con esta información, una investigación federal ha puesto al descubierto una red de “huachicol fiscal” con operación en varios estados del país, incluyendo Veracruz, Puebla y Tamaulipas. En el centro del esquema aparece Jorge Wenceslao Santiago Téllez, propietario de la empresa Transportes JWST, y su padre, Wenceslao Santiago Castro, alcalde electo de Tecolutla y esposo de la actual alcaldesa, Gabriela Valdez Santes. De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, Transportes JWST habría sido utilizada como parte de una estructura logística destinada al traslado y almacenamiento de combustible de procedencia ilícita. La empresa, registrada formalmente a nombre de Santiago Castro, estaría operando como una firma fachada para facilitar el movimiento del hidrocarburo por carreteras federales. Los señalamientos no son menores. De acuerdo con la misma fuente, Santiago Castro —quien ya ha sido vinculado en anteriores investigaciones con presuntos nexos con la delincuencia organizada — habría aportado recursos y conexiones políticas para blindar las operaciones logísticas en Costa Esmeralda, una región estratégica por su cercanía a puntos de desembarco y rutas comerciales clave y donde actualmente mantiene el control pues la alcaldesa es su esposa. Las autoridades han asegurado tractocamiones y pipas que presuntamente forman parte de esta red. Los vehículos eran operados por personal contratado bajo esquemas irregulares, en rutas que conectaban bodegas y puntos de distribución en municipios como Las Vigas de Ramírez, Perote, La Joya, Tecolutla, y zonas rurales de Puebla y Tamaulipas. De igual forma, se ha documentado la participación de empresas ligadas a políticos poblanos y sus familiares, quienes habrían facilitado la entrada del combustible al mercado mediante operaciones de compraventa simuladas y documentación alterada para evadir controles fiscales. Trascendió que el caso ya es seguido de cerca por instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), y podría derivar en un nuevo golpe al esquema de distribución clandestina de hidrocarburos en el país, conocido popularmente como “huachicol”. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre las imputaciones directas, aunque se espera que en los próximos días se liberen órdenes de aprehensión y se amplíe la lista de involucrados. Así las cosas.
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Tras operativo, detectan red de “huachicol fiscal” en Costa Esmeralda y vinculan a empresario y alcalde electo de Tecolutla por el PVEM MEMORANDUM 2.-
Vaya caso, luego del operativo conjunto realizado el pasado 10 de septiembre por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, en coordinación con personal de la Marina, la FGR, el Centro Nacional de Inteligencia y la Gerencia de Inteligencia Logística de Pemex, trascendió que fueron aseguradas cuatro oficinas corporativas en Ciudad Judicial, San Andrés Cholula, propiedad de Jorge Wenceslao Santiago Téllez – hijo de Wenceslao Santiago Castro, alcalde electo de Tecolutla por el Partido Verde Ecologista de México, PVEM; y esposo de la actual alcaldesa, Gabriela Valdez Santes -, donde se informó del hallazgo de documentación que prueba los vínculos con una presunta red distribuidora de huachicol. En el operativo aseguraron dos centros de almacenamiento y cuatro gasolineras que vendían el huachicol fiscal. De acuerdo con esta información, una investigación federal ha puesto al descubierto una red de “huachicol fiscal” con operación en varios estados del país, incluyendo Veracruz, Puebla y Tamaulipas. En el centro del esquema aparece Jorge Wenceslao Santiago Téllez, propietario de la empresa Transportes JWST, y su padre, Wenceslao Santiago Castro, alcalde electo de Tecolutla y esposo de la actual alcaldesa, Gabriela Valdez Santes. De acuerdo con fuentes cercanas a la indagatoria, Transportes JWST habría sido utilizada como parte de una estructura logística destinada al traslado y almacenamiento de combustible de procedencia ilícita. La empresa, registrada formalmente a nombre de Santiago Castro, estaría operando como una firma fachada para facilitar el movimiento del hidrocarburo por carreteras federales. Los señalamientos no son menores. De acuerdo con la misma fuente, Santiago Castro —quien ya ha sido vinculado en anteriores investigaciones con presuntos nexos con la delincuencia organizada — habría aportado recursos y conexiones políticas para blindar las operaciones logísticas en Costa Esmeralda, una región estratégica por su cercanía a puntos de desembarco y rutas comerciales clave y donde actualmente mantiene el control pues la alcaldesa es su esposa. Las autoridades han asegurado tractocamiones y pipas que presuntamente forman parte de esta red. Los vehículos eran operados por personal contratado bajo esquemas irregulares, en rutas que conectaban bodegas y puntos de distribución en municipios como Las Vigas de Ramírez, Perote, La Joya, Tecolutla, y zonas rurales de Puebla y Tamaulipas. De igual forma, se ha documentado la participación de empresas ligadas a políticos poblanos y sus familiares, quienes habrían facilitado la entrada del combustible al mercado mediante operaciones de compraventa simuladas y documentación alterada para evadir controles fiscales. Trascendió que el caso ya es seguido de cerca por instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), y podría derivar en un nuevo golpe al esquema de distribución clandestina de hidrocarburos en el país, conocido popularmente como “huachicol”. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial sobre las imputaciones directas, aunque se espera que en los próximos días se liberen órdenes de aprehensión y se amplíe la lista de involucrados. Así las cosas.
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Propone Padierna tipificar el delito de suplantación digital, para frenar imágenes, videos o audios falsos, que parecen reales MEMORANDUM 3.-
La diputada Dolores Padierna Luna (Morena) presentó una iniciativa para reformar diversas leyes y códigos con el objetivo de resguardar la “identidad digital” de las personas, es decir, la forma en que éstas aparecen o son representadas en entornos digitales para protegerlas de fraudes o ataques a su reputación e integridad. En su propuesta, la legisladora advierte que “la inteligencia artificial (IA) generativa, capaz de replicar rostros, voces y expresiones con un realismo inquietante, no sólo está redefiniendo lo que entendemos por creación y presencia, sino que desafía los límites del consentimiento, de la autoría y de la representación auténtica”. Ante dicho escenario, alertó Padierna, las leyes actuales “resultan insuficientes para enfrentar fenómenos como los deepfakes (imágenes, videos o audios falsos que parecen reales), la clonación de identidades o el uso no autorizado de datos biométricos por parte de algoritmos inteligentes”. Lo anterior “deja desprotegidas a las personas y crea un vacío legal que puede ser aprovechado para cometer abusos y provocar daños a las personas”. Por todo ello, la diputada guinda propone incluir en la Ley Federal del Derecho de Autor la diferenciación entre las obras generadas de manera totalmente artificial, las que incluyan algún componente creativo humano, y las representaciones virtuales de una persona y los fundamentos para su protección. Asimismo, busca tipificar en el Código Penal Federal el delito de “suplantación digital” y establecer agravantes para el mismo en función del daño causado, la condición de la víctima y el fin perseguido. Por otra parte, la iniciativa pretende crear en el Código Civil Federal un “régimen de responsabilidad objetiva y remedios eficaces para las personas afectadas por la difusión no consentida de contenido sintético que vulnere su integridad o reputación”. La propuesta también busca reformar las leyes de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de Particulares, para ampliar expresamente el concepto de datos personales y sensibles, “incluyendo aquellos generados, replicados o simulados mediante inteligencia artificial, con el fin de garantizar su protección efectiva tanto en el ámbito institucional como en el entorno digital privado”. En la iniciativa se mencionan penas de tres a siete años de prisión por cometer actos de suplantación digital, ya que éstos no sólo vulneran la imagen, la voz o la representación simbólica de una persona, “sino que puede producir daños reales en su reputación, vida privada, seguridad personal y relaciones sociales”.
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