En 23 estados se despenalizó el aborto, pero persisten retos en atención a sistemas de salud como desabasto de medicamentos y saturación hospitalaria MEMORANDUM 1.- En México la despenalización del aborto es una realidad en 23 estados, sin embargo, persisten retos en la atención en los sistemas de salud como la saturación hospitalaria, la falta de medicamentos de misoprostol y mifepristona, y el delito en el código penal. De acuerdo con la presentación de la investigación “ABORTO, de la despenalización al acceso: controlaría social para el diagnóstico sobre el acceso al aborto en ocho estados de México”, realizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir y REDefine México, indicó que este servicio en la Ciudad de México está aceptado, pues lleva 18 años en práctica, por ello, sigue recibiendo un alto número de pacientes que vienen de otras entidades, cerca del 36 por ciento de los abortos practicados en la localidad. De enero a mayo de 2025, se registraron 18 mil 874 abortos en ocho estados, de ellos, más de la mitad se practicaron en la Ciudad de México (54 por ciento), seguida del Estado de México (13.2 por ciento), Puebla (7.8 por ciento), Veracruz (7.5 por ciento), Guerrero (6.8 por ciento), Michoacán (4.7 por ciento), Nayarit (3 por ciento) y Quintana Roo (2.9 por ciento). Silvia Soler, directora interina del ILSB, asegura que la despenalización por sí sola no garantiza el acceso efectivo al aborto. Afirma que las mujeres de este país continúan reclamando aborto legal, seguro y accesible para todas las personas gestantes. Explica que el objetivo de esta investigación fue conocer qué ocurre después de que se aprueban reformas que despenalizan el aborto y verificar si los servicios de salud realmente garantizan el acceso. El estudio analiza la situación en ocho estados, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo y Veracruz, evaluando la Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad y Calidad (DAAC) de los Servicios de Aborto Seguro (SAS). Cristina Santana, coordinadora nacional de REDefine, indicó que entre principales hallazgos del estudio destacan el desabasto de medicamentos como misoprostol y mifepristona limita la atención en varios estados; aunque el servicio es formalmente gratuito, existen costos indirectos (traslados, estudios, insumos). También se identificaron prácticas discriminatorias hacia adolescentes, mujeres indígenas y personas de la diversidad sexual; junto con la rotación de personal y la objeción de conciencia, genera dependencia de un reducido grupo de profesionales “no objetores”, provocando saturación y desigualdad territorial; los horarios de atención para interrupción legal del embarazo (ILE) representan una barrera. A la vez, señaló que entre los métodos para realizar el aborto predomina el uso de medicamento, en 2020 fueron 8 mil 853 casos y en 2024 se triplicó a 27 mil 164 procedimientos. La Aspiración Manual Endouterina (AMEU) también tiene un crecimiento continuo, al pasar de mil 443 en 2020 a 8 mil 69 en 2024. El legrado continúa practicándose, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS), con 9 mil 730 en 2020 y 15 mil 836 en 2024. En cuanto a las recomendaciones, Fernanda Topete, integrante de REDedine, mencionó algunas de ellas son eliminar el abordo del código penal federal y de los códigos penales estatales; armonizar la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia; garantizar atención media en tiempos oportunos.
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Deuda pública ya consume más del 23% de ingresos totales del gobierno; necesaria política fiscal que impulse el crecimiento económico MEMORANDUM 2.- En los próximos años, el gobierno federal de México enfrentará un reto considerable: las crecientes presiones fiscales derivadas del alto costo financiero de la deuda, consecuencia directa de los recurrentes déficits presupuestales. Actualmente, el costo financiero de la deuda pública consume más del 23 por ciento de los ingresos totales del gobierno (tanto tributarios como no tributarios). Esta cifra equivale a más de la mitad del presupuesto destinado a la operación de secretarías y programas de la Administración Pública Centralizada. Al inicio de la década de 2010, este costo representaba apenas el 7.7 por ciento del gasto total, mientras que las erogaciones en inversión física, salud y educación (incluyendo las aportaciones a entidades federativas) alcanzaban el 18.7 por ciento, 10.7 por ciento y 14.2 por ciento, respectivamente. Sin embargo, a partir de 2019 se observa un cambio estructural preocupante: por primera vez en lo que va del siglo, el pago del servicio de la deuda superó al gasto total en salud y en inversión física, alcanzando más del 11.5 por ciento del gasto público total. Para 2023, esta tendencia se acentuó, y el costo de la deuda rebasó también al gasto en educación. De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2025 este componente podría representar casi el 15 por ciento del Gasto Total del Sector Público. Más aún, en la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, se estima que el costo financiero de la deuda ascenderá a 1,572.1 miles de millones de pesos. Esta cifra será mayor al monto combinado que se destinará a todos los programas sociales prioritarios y a los principales proyectos de inversión del gobierno federal. Lo anterior refleja una tendencia alarmante: cada vez se destina una mayor proporción del presupuesto a pagar intereses de la deuda, en detrimento de políticas públicas orientadas al desarrollo social, la infraestructura y el desarrollo económico. En esencia, el costo de la deuda está desplazando recursos públicos que podrían mejorar directamente el bienestar de la población. Los déficits presupuestales y su costo financiero. Idealmente, la deuda pública debe invertirse en proyectos que generen flujos de ingresos futuros capaces de cubrir su pago. Alternativamente, debe destinarse a iniciativas que fomenten el crecimiento económico, lo que incrementaría el PIB y, en consecuencia, la recaudación fiscal necesaria para financiar la deuda. Sin embargo, históricamente, en México este no ha sido el caso. México necesita una política fiscal que impulse el crecimiento económico, priorizando inversión en educación, salud, innovación y capital humano, así como el fomento de la calidad institucional, asegurando la estabilidad macroeconómica. El gasto público debe priorizar, además de aspectos sociales, proyectos productivos que generen retornos económicos a largo plazo. A su vez, es esencial que el enfoque de la política fiscal sea contracíclico y eficiente. Para controlar el déficit fiscal, es crucial revisar y mejorar la calidad del gasto público, priorizando áreas estratégicas y evitando proyectos no rentables. Estableciendo, además, límites claros al crecimiento de la deuda y garantizando que la economía crezca por encima del costo de la deuda.
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Explicaciones ofrecidas por Adán Augusto sobre pago de impuestos generan más dudas, dice Castañeda; por eso su partido ya lo quiere jubilar MEMORANDUM 3.- Las explicaciones ofrecidas por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López Hernández por presuntas irregularidades fiscales y posibles conflictos de interés, “dejaron más dudas que certezas” y consideró que esa crisis de la que es protagonista el tabasqueño, refleja “una evidente confrontación y lucha por el poder” al interior del gobierno de la 4T, aseveró el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda. Expresó: “Ahí se inscribe el problema que él está enfrentando (…) cada vez hay más evidencia de que al interior del gobierno hay un choque de expresiones, que hay una lucha por el poder y que naturalmente puede tener otras consecuencias”. En ese sentido señala que será responsabilidad del propio Adán Augusto ofrecer explicaciones claras y completas, pues de lo contrario la percepción de opacidad y conflicto seguirá creciendo. Previo al inicio del Parlamento Abierto: Reforma a la Ley de Amparo en la Cámara Alta, Castañeda señaló que las explicaciones ofrecidas por López Hernández sobre el pago de impuestos generan dudas legítimas por lo cual consideró que el coordinador de los senadores de Morena debe ser más exhaustivo en sus explicaciones. “El más interesado en aclarar con exhaustividad los señalamientos que se hacen es quien está siendo acusado. Me parece que es una obligación política y moral esclarecer cualquier duda”, afirma. El legislador dijo que existen cuestionamientos razonables respecto al bajo monto de ISR declarado y a depósitos recibidos de una empresa que habría sido proveedora durante su gestión en el gobierno de Tabasco. Castañeda insistió en que los señalamientos en contra del exsecretario de Gobernación provienen de fuentes gubernamentales, lo que en su opinión confirma la existencia de una disputa interna por el poder. “¿De dónde sale el tema de La Barredora? Del propio gobierno. ¿De dónde salen los señalamientos en la carpeta de investigación? Del propio gobierno. ¿De dónde salen las inconsistencias de su declaración patrimonial y fiscal? Del propio gobierno”, enumeró. Respecto a las posibles irregularidades fiscales, el senador indicó que, aunque no es especialista en la materia, resulta cuestionable que alguien con ingresos como los de López Hernández pague un ISR menor al 30%, mientras que cualquier contribuyente común se enfrenta a esa tasa. Adán Augusto, recibió pagos millonarios de parte de dos empresas (una de ellas señalada de simular operaciones), los cuales omitió declarar al fisco, según reveló una investigación periodística. Según el reportaje, publicado por N+, entre 2023 y 2024 López Hernández recibió transferencias que suman alrededor de 80 millones de pesos, provenientes en buena parte de compañías vinculadas a su familia y algunas identificadas como empresas fantasma. El senador reconoció estas transferencias, pero aseguró que se trata de una herencia familiar y honorarios derivados de su labor como notario en Tabasco. Además, agregó que sus familiares mantienen un litigio por una inversión y un departamento en Houston que pertenecieron a su madre. El morenista obtuvo 79 millones de pesos bajo el concepto de “Servicios Profesionales” por parte de las empresas GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, establece
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