DEA propuso ataques militares a objetivos en México, asesinatos selectivos de capos y daños a su infraestructura, pero Trump se opuso MEMORANDUM 1.- Aunque culpan al Presidente de Estados Unidos Donald Trump de ser el principal persecutor del narco en país del norte, centro y Sudamérica, lo cierto es que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) sugirió una serie de ataques militares contra objetivos en México que contemplaban asesinatos selectivos de capos de cárteles mexicanos, así como daños a su infraestructura en el país, pero la iniciativa fue rechazada por la Casa Blanca y el Pentágono, de acuerdo a The Washington Post. Los ataques fueron planteados durante las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump, cuando el republicano ordenó designar a varios cárteles y bandas criminales latinoamericanas como “organizaciones terroristas extranjeras”, refirió el rotativo estadunidense. Los funcionarios de la DEA sugirieron efectuar los ataques selectivos, según las fuentes, que hablaron en condición de anonimato para difundir detalles de deliberaciones internas confidenciales. La resistencia a la propuesta de la DEA, que no se había reportado previamente, según el Post, “ilustra las divisiones que han surgido a medida que la administración Trump ha adoptado una postura agresiva para combatir a un importante adversario que envenena a ciudadanos estadunidenses”. El administrador interino de la DEA en ese momento, Derek S. Maltz, declaró a The Washington Post que está “totalmente a favor” de atacar los laboratorios de producción y a los líderes de los grupos criminales en México. “Los cárteles han asesinado a más estadunidenses que cualquier organización terrorista en la historia de Estados Unidos, por lo que deben rendir cuentas”, declaró Maltz, quien agradeció al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por “realizar arrestos e incautaciones sustanciales y desmantelar los cárteles”, pero agregó que “se debe hacer mucho más para detenerlos”. A pesar de que la propuesta no fue implementada, los recientes ataques contra presuntas embarcaciones cargadas con droga provenientes de Venezuela demuestran la determinación de la administración Trump de usar fuerza letal pese a las preocupaciones legales internas. Washington enfrenta un tenso debate sobre la legalidad de los ataques lanzados contra objetivos en el mar Caribe, en medio de las amenazas del magnate contra la República Bolivariana y su presidente, Nicolás Maduro, informó el Post al citar a personas familiarizadas con el asunto.
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Hernán Bermúdez erigió su imperio delictivo desde 2019 a Marzo pasado en Tabasco, y eso lo sabía Adán Augusto MEMORANDUM 2.- No se haga bolas Presidenta Claudia Sheinbaum: En seis años, de 2019 a marzo pasado, Hernán Bermúdez Requena, El Abuelo o El Comandante H, erigió su imperio delictivo en Tabasco, al mismo tiempo que fingía cumplir sus funciones de brindar seguridad a los tabasqueños, pero desde antes ya se había descompuesto. Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), desde que fue designado secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, reclutó a miembros de la policía estatal y utilizó los registros de ex convictos para obligarlos a integrarse a la banda, y así realizar delitos como robo de combustible en ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), “cobro de piso”, “levantones”, secuestros, distribución de narcóticos, extorsión y tráfico de migrantes. El Comandante H coordinaba sus “operaciones” en instalaciones de la SSPE y “designaba” a agentes policiacos y unidades oficiales para que en coordinación con los principales operadores de la banda se obligara a propietarios de gasolineras a comercializar los combustibles robados, señalan documentos elaborados por la Femdo. En los oficios que dieron origen a la causa penal 386/2025, y con ello a la orden de aprehensión federal que se libró el pasado miércoles a las 23:01 horas contra Bermúdez Requena y otros cómplices, se menciona el modus operandi del ex funcionario, quien además “delegaba el poder a los encargados de cada zona en los municipios o colonias de Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa, El Paraíso”, entre otros. Entre los principales cómplices de El Abuelo se señala también a José del Carmen Castillo Ramírez, La Rana, ex comisionado de la policía estatal y posteriormente encargado de despacho de la SSPE cuando Bermúdez Requena huyó. Todo esto consta en los oficios con los cuales se giró la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, Daniel Hernández Montejo El Prada –identificado como el sucesor en el liderazgo de La Barredora–, Castillo Ramírez, Savier Eduardo Vázquez Orellana y Manuel de Atocha Romero Hernández. Las constancias ministeriales señalan que El Comandante H “tenía el mapa de los delincuentes del estado porque la mayoría eran ex convictos”, mientras La Rana se encargaba de cobrar “por los insumos (narcótico) y el encargado de recolectar semanalmente el recurso económico de las zonas a su cargo, que era destinado a la organización delictiva y a Hernán Bermúdez Requena como parte de su pago”. La Barredora no fue la primera organización delictiva en la que habría participado Bermúdez Requena, ya que “al menos desde diciembre de 2018” formó parte del grupo que dirigía El pelón de playa y en la que “llevaba a cabo conductas delictivas como delitos contra la salud, acopio de armas, robo de hidrocarburo y secuestro”, se menciona en la acusación penal. Para la distribución de drogas en la entidad, El Abuelo o El Comandante H “designaba funciones y daba instrucciones específicas a Ulises Pinto Madera, Daniel Hernández Montejo y/o Yeison Daniel Hernández Montejo y (un testigo colaborador de la Femdo solamente identificado como) C.T.D.R. para que supervisaran los puntos de venta de los narcóticos (cocaína, mariguana y crystal), ya sea en paquetes (kilos) o dosis”. El ex jefe policiaco y quien desde la noche del jueves se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, recibía “millones de pesos que le entregaban en su domicilio en efectivo todos los lunes”. El dinero también “era obtenido del robo de combustible (huachicol), que ordenaba, y el cual se transportaba en pipas, las cuales eran custodiadas por camionetas de seguridad pública” y después obligaban a dueños de gasolineras a venderlo y entregar las ganancias a La Barredora. El grupo criminal, de acuerdo con los testimonios, “contaba con oficinas móviles (campers) ubicadas en avenida Prolongación 27 de Febrero número 21, colonia Club del Lago, Villahermosa, Tabasco, lugar en el que también se llegaba a mantener a personas privadas de la libertad”. Las actividades de acopio de armas por parte de Bermúdez Requena, según refieren las declaraciones tomadas por el Ministerio Público Federal a los testigos colaboradores que eran parte de La Barredora y que para disminuir sus condenas han aportado información, “las realizó principalmente cuando ocupaba el cargo público como director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y posteriormente como titular de la SSPE”.
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Manuel Huerta quiere que se apruebe fast track Ley de Amparo, para que pague Salinas Pliego; los mueve la venganza MEMORANDUM 3.- La propuesta de reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum provocó tensiones y divisiones al interior de Morena en el Senado, debido al choque entre los senadores Adán Augusto López y Javier Corral Jurado sobre cómo debe llevarse a cabo su discusión. Al respecto, el senador Manuel Huerta sostuvo que la propuesta busca equilibrar la defensa de los derechos individuales con el interés colectivo, y no debilitar un recurso que, dijo, seguirá siendo una garantía fundamental frente a los abusos de autoridad. Durante un encuentro con integrantes del Colegio de Abogados de Veracruz, el legislador explicó que hoy gran parte de los asuntos que revisa la Suprema Corte están relacionados con temas fiscales y administrativos, lo que en la práctica ha permitido a grandes empresarios prolongar litigios para evadir responsabilidades. Expresó: “El caso más famoso es el de Salinas Pliego, debe más de 70 mil millones y ahora sí va a tener que pagar, porque con estas reformas y una acción legal de la Corte, tiene que pagar”. Huerta destacó que los cambios planteados también contemplan impulsar la justicia digital con procedimientos más ágiles y transparentes, así como blindar el juicio de amparo contra suspensiones que favorezcan a élites en el terreno fiscal y financiero. El senador recordó que la figura del amparo ha sido objeto de más de diez modificaciones constitucionales en las últimas décadas, sin perder su esencia de escudo ciudadano. Afirmó que con esta nueva iniciativa se reforzará su vigencia, ahora alineada con una visión de justicia que, dijo, debe dejar atrás los privilegios. violentando los derechos de los ciudadanos, el amparo no se necesitaría; qué bueno que existe, porque es la garantía para cualquier cosa que pudiera ocurrir”, recalcó. El jueves, el coordinador de Morena en el Senado dejó claro que la bancada no contempla la realización de un parlamento abierto e indicó que lo primero será discutir la iniciativa en comisiones y después en el Pleno. Mientras que Javier Corral, propuso que la reforma a la Ley de Amparo sea discutida con especialistas y abierta a la participación de la sociedad civil. Cabe mencionar que la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum busca reformar de fondo la Ley de Amparo, una herramienta legal clave para la defensa de los derechos humanos frente a actos de autoridad. La propuesta plantea endurecer requisitos para presentar amparos, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial, lo que ha generado inquietudes entre especialistas y organizaciones civiles. Uno de los principales cambios es la redefinición del concepto de “interés legítimo”, que ahora deberá ser una afectación “real, actual y diferenciada” del resto de las personas, es decir ya no bastará con demostrar que una norma afecta a la colectividad; el quejoso deberá probar que su caso es particular y directo.
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