Con un retraso inusual de 14 horas, Hernán Bermúdez llegó a México y quedó detenido en Almoloya. Las contradicciones en el gobierno de la 4T no paran MEMORANDUM 1.-
El traslado de Hernán Bermúdez Requena, supuesto capo de La Barredora, de Paraguay a Toluca se prolongó más de 24 horas, “por razones de logística”, se retrasó su puesta a disposición ante jueces mexicanos para enfrentar acusaciones federales que se obtuvieron la noche del miércoles por delincuencia organizada, contra la salud, acopio y tráfico de armas e ilícitos en materia de hidrocarburos, mientras en el fuero común será procesado por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. A las 23 horas del jueves, Bermúdez Requena ingresó al penal del Altiplano en medio de un impresionante dispositivo de seguridad y siete minutos después entró a la garita principal. Lo que sería un viaje de alrededor de 10 horas se convirtió en un tardado traslado, debido a que la aeronave de la Fiscalía General de la República (FGR) modificó, sin explicación oficial, en tres ocasiones su plan de vuelo, incluyendo la pernocta en la terminal aérea de El Dorado, en Bogotá, Colombia. Posteriormente una espera de más de seis horas en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, antes de llegar a la capital mexiquense para que de ahí se le condujera al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), número 1, Altiplano. Bermúdez Requena, Comandante H, se desempeñó de titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, de diciembre de 2019 a enero de 2024. En ese lapso constituyó La Barredora, grupo delictivo que involucró a mandos y personal policial con miembros del crimen organizado, hasta convertirse en la organización que dominaba en esa entidad y parte del estado de Chiapas. El ex funcionario fue capturado en Asunción, Paraguay, el pasado 12 de septiembre, luego de haber estado prófugo de la justicia durante siete meses. Cinco días más tarde fue expulsado del país sudamericano y entregado a autoridades mexicanas en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Ello aconteció al filo de las 17 horas tiempo local, 20 horas en México. Para su traslado se dispuso un gran operativo en la terminal mexiquense. Todo tuvo que esperar hasta pasadas las 22 horas, pues la nave de la FGR demoró en llegar a la capital mexiquense. A las 18:58 horas del jueves el avión Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, aterrizó en pistas del aeropuerto mexiquense y de inmediato a Bermúdez se le leyeron sus derechos y se le informó de la existencia de la orden del fuero común. Sin embargo, desde las 23:01 del miércoles, un juez federal ya había ordenado su detención a solicitud de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada. El juez Mario Elizondo Martínez, con sede en Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, libró el miércoles la orden de captura en contra de los principales operadores de Bermúdez Requena y quienes quedaron al mando de la organización luego de que el ex funcionario huyó de México. La carpeta de investigación que dio origen a la causa penal 386/2025 se integró entre otros testimonios y pruebas documentales con las declaraciones de Ulises Pinto Madera, El Mamado, considerado el segundo al mando de La Barredora y quien fue capturado en julio pasado en Jalisco. Tras su aprehensión, se convirtió en testigo colaborador de la FGR. En las constancias judiciales de la causa penal 386/2025 se señala que el juez Elizondo Martínez autorizó la detención de Bermúdez Requena, Comandante H, El Munra o El Abuelo, para que sea juzgado por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud, acopio y tráfico de armas, secuestro y delitos en materia de hidrocarburos.
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Al menos 198 migrantes mexicanos han sido llevados al ‘Alligator Alcatraz’; con venta de cachitos de la Lotería Nacional se logra el pago de fianzaS MEMORANDUM 2.-
El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente informa que personal consular mexicano ha entrevistado a 198 connacionales en el centro de detención migratoria de Florida, Estados Unidos, conocido como “Alligator Alcatraz” (Alcatraz de los Caimanes), donde algunos denunciaron malos tratos. En conferencia presidencial, inidció que se trata de un espacio de estancia breve y que los internos son trasladados con frecuencia a otras instalaciones, lo que complica el seguimiento puntual de cada caso. El canciller externó: “Un buen número de ellos han optado por regresar a México y otros han sido movidos a distintos centros. Sin embargo, mantenemos visitas continuas y registro de posibles violaciones a derechos humanos”. De la Fuente destaca que las asesorías legales son clave para acompañar a los migrantes en procesos de deportación o por delitos menores asociados, aunque recalcó que los consulados no litigan directamente los casos, sino que canalizan a las personas con abogados de la red contratada para brindar apoyo. El funcionario dio a conocer que gracias a los recursos generados por el Gran Sorteo Especial 303 de la Lotería Nacional —dedicado a honrar a los migrantes—, la SRE pondrá en marcha seis programas específicos de apoyo. Entre ellos destacó el fortalecimiento del pago de fianzas, la ampliación de capacidades de los consulados con mayor demanda, visitas a centros de detención alejados, atención en emergencias, así como jornadas preventivas e informativas para comunidades mexicanas en el extranjero. El subsecretario Roberto Velasco precisó que las fianzas en procesos migratorios en Estados Unidos pueden alcanzar hasta 15 mil dólares y que la ampliación de fondos permitirá apoyar a un mayor número de personas a enfrentar sus casos en libertad.
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No habrá debilitamiento por reforma de Ley de Amparo solo se modernizará: Godoy; activistas alertan que abre puertas a la impunidad MEMORANDUM 3.-
La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, salió en defensa de la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo y dijo que se busca la actualización y modernización del juicio de amparo para que sea más ágil, sencillo y que ya no se abuse de esta figura, como ocurre actualmente, con los créditos fiscales. Se propone que sólo el acto final de un proyecto de ejecución sea recurrible, y dejó en claro que no se afecta la defensa. La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que corresponde al Senado determinar si esta iniciativa debe ser sometida a parlamento abierto o no. Manifestó que “sí se ha abusado mucho del amparo, pero es evidente que es indispensable en el país… No puede ser que (pasen) 20 años para que alguien no pague impuestos o se pueda amparar para que no pague”. O se le otorgue a una empresa inhabilitada. En la mañanera del pueblo, Godoy señaló que una vez que la Corte determina que un deudor de un crédito fiscal tiene que pagar, como establece el Código Fiscal inicia el cobro y con la reforma “estamos proponiendo que se puede amparar hasta el momento en que pudiera empezar una subasta o remate”. Dijo que existe la posibilidad del cobro voluntario, pero resaltó que “llegará un momento en que van a entrar ya a remate los bienes”. Precisó que para que se otorgue la suspensión provisional debe presentarse una garantía, ya sea un billete de depósito o de una carta de crédito otorgada por bancos. “Son garantías muy fuertes que permiten que al Estado Mexicano, al pueblo, que pase lo que pase se va a pagar el total del crédito fiscal”, incluidos intereses. Subrayó que no se “está quitando ningún derecho… El juicio de amparo está garantizado en la Constitución y no se modifica” con la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, se busca su actualización y modernización para que sea más ágil y sencillo, señaló Godoy. Dijo que con esta propuesta, ese juicio se fortalecerá con reglas muy precisas y claras; se incorpora el juicio de amparo “verdaderamente digital con plena validez legal, operatividad práctica, sin que ello sustituya la procedencia documentada del procedimiento”. Se seguirá atendiendo lo documental, pero “hay obligación ya de digitalizar”. Se protege “el orden público y el interés social con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para modernizar la justicia”, sostuvo. Indicó que “es fundamental una reforma que dé paso a una justicia efectiva, que devuelva las bondades del juicio de amparo”, y para la aceptación de las demandas de amparo se establecen plazos y términos para una justicia pronta que actualmente no están previstas. Cabe recordar que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo provocó tensiones al interior de Morena en el Senado, debido al choque entre los senadores Adán Augusto López y Javier Corral Jurado sobre cómo debe llevarse a cabo su discusión. Por un lado, el coordinador de Morena en el Senado dejó claro que la bancada no contempla la realización de un parlamento abierto e indicó que lo primero será discutir la iniciativa en comisiones y después en el Pleno. “No va a haber parlamento abierto, nunca ha habido de parte de nosotros una propuesta de parlamento abierto. Nosotros vamos, primero en comisiones y después en el Pleno, a analizar la iniciativa propuesta y en su momento a votarla”, dijo tajante el también exgobernador de Tabasco. Mientras que Javier Corral, propuso que la reforma a la Ley de Amparo sea discutida con especialistas y abierta a la participación de la sociedad civil. Cabe mencionar que, la propuesta plantea endurecer requisitos para presentar amparos, limitar las suspensiones provisionales y acortar los plazos de resolución judicial, lo que ha generado inquietudes entre especialistas y organizaciones civiles. Uno de los principales cambios es la redefinición del concepto de “interés legítimo”, que ahora deberá ser una afectación “real, actual y diferenciada” del resto de las personas. Es decir, ya no bastará con demostrar que una norma afecta a la colectividad; el quejoso deberá probar que su caso es particular y directo. Esto podría complicar que colectivos o activistas presenten amparos contra leyes que violan derechos humanos de forma generalizada. Además, la iniciativa plantea restringir las suspensiones provisionales, mecanismo que permite detener temporalmente actos de autoridad mientras se resuelve el juicio. Con la reforma, los jueces deberán evaluar más estrictamente si conceden estas suspensiones, dando prioridad al “interés público” y al “orden social”. Otro punto relevante es que, si una autoridad argumenta que no puede cumplir una sentencia por causas materiales o legales, podría quedar exenta de sanciones, lo que ha encendido alarmas sobre una posible puerta a la impunidad.
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