Insisten taxistas de Xalapa que no aplicarán tarifa oficial mínima, lo que podría replicarse en otros municipios MEMORANDUM 1.- Luego del diálogo y la marcha que se llevó a cabo la mañana del pasado lunes 28 de julio, donde solicitaron una reunión con las autoridades estatales, taxistas de Xalapa anunciaron que no aplicarán las tarifas oficiales en la capital de estado, acción que podría replicarse en otros municipios de la entidad. A través de un sondeo realizado con los conductores del transporte público, precisaron que lo más viable para prestar el servicio es que primero se acuerde el precio, el usuario deberá preguntar cuánto le cobran la carrera y el chofer dará el costo. “Ya si al pasajero le conviene o yo como conductor, entonces se prestará el servicio”, explicó uno de los transportistas en el centro de la capital del estado. Sin embargo, el taxista expresó que la tarifa mínima de 27 pesos no es conveniente porque no cumple con sus expectativas económicas. El lunes 21 de julio, en la Gaceta Oficial se publicó el ajuste tarifario para siete municipios veracruzanos: Papantla, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, Veracruz y la ciudad de Xalapa, donde en esta última, la mínima -en primer perímetro- es de 27 y el tercero de 50 pesos, mientras que, a distancias más largas, los precios se convenían. También, los conductores explicaron que el uso de aplicaciones digitales les funciona mucho mejor; el usuario hace uso de la herramienta digital, se fija un precio y el conductor hace la oferta. Si el pasajero acepta, entonces, el taxista ofrece el servicio. “Con la aplicación, los resultados son mejores porque así no discutimos con el pasaje, ya que los que quieren viajar, son quienes ponen el precio”, señalaron tras la polémica generada por el tema de las tarifas actualizadas. Algunos de los precios que se acuerdan con los conductores, por ejemplo: el servicio del centro de Xalapa partiendo de la calle Juan de la Luz Enríquez hacia el Vivero El Olmo es de 80 pesos; hacia el fraccionamiento Lomas Verdes, también 80. Pero de la zona de Las Trancas hacia el Palacio de Gobierno llegan a cobrar entre 90 y 100 pesos. Aquí también depende del acuerdo que haga el trabajador del volante con el usuario. El lunes 28 de julio se llevó a cabo la reunión de los líderes taxistas con el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil. Previo a la cita, los conductores marcharon desde el Teatro del Estado “Ignacio de la Llave” con dirección al Palacio de Gobierno. El planteamiento de los taxistas fue mantener tarifas convencionales y que no haya cobros muy elevados. Lo anterior significa que los conductores tendrán que convenir con el usuario, “porque 27 pesos como tarifa mínima no es el ideal”, aunque consideraron que la mínima debe ser de 40 pesos en el primer perímetro del centro de Xalapa. Así las cosas.
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Denuncian abusos y piden destitución del Doctor Rafael Norberto Hernández Gómez, como director del CAE MEMORANDUM 2.- Por considerar que el Centro de Alta Especialidad (CAE) Doctor Rafael Lucio, de Xalapa, enfrenta una crisis de gobernabilidad, legalidad y confianza institucional, derivada de malas decisiones y omisiones del actual director, doctor Rafael Norberto Hernández Gómez, cuya gestión ha estado marcada por el autoritarismo, la protección de intereses personales, imposición de jefaturas cuestionadas y la desatención a denuncias internas, trabajadores de esa institución exigieron la destitución inmediata del citado funcionario. Los empleados, que pidieron no revelar su identidad, denunciaron que en el servicio de Anestesiología se presentó una inconformidad colectiva por la designación como jefe, del doctor Sergio Adrián Lima Benítez. Él fue trasladado desde otro hospital, a pesar de que dentro del propio CAE existen anestesiólogos con amplia experiencia, trayectoria institucional y conocimiento operativo del centro, lo cual fue percibido como una descalificación al equipo interno y generó una profunda desmotivación. Posteriormente, se documentaron fallas importantes en la operación del servicio: reprogramaciones quirúrgicas intempestivas, cancelaciones sin previo aviso, falta de coordinación en la asignación de turnos y retrasos en los procedimientos, afectando directamente a los pacientes del sistema público. Pese a que los médicos adscritos presentaron la situación de manera formal y reiterada, la dirección del hospital desestimó sus preocupaciones y respaldó sin reservas al jefe del servicio, sin emprender ninguna acción de mejora. Con relación al servicio de Estomatología, el personal adscrito a esta área le entregó un oficio señalando la falta de competencias clínicas de la jefa de servicio, doctora Vianey Morales Anguiano, quien ha evitado el ejercicio clínico por más de quince años. La queja refiere que su permanencia en el cargo responde exclusivamente a su cercanía personal con el director, lo cual constituye un acto de favoritismo. Además, varios miembros del servicio han señalado haber sido víctimas de represalias laborales por haber participado en la denuncia. Ninguna acción correctiva fue tomada por la dirección del hospital. Denunciaron que uno de los hechos más delicados es el caso de la doctora Guadalupe López Martínez, médico residente de cirugía maxilofacial, quien denunció penalmente por acoso laboral y psicológico a su profesora titular. En lugar de proteger a la víctima, el hospital, a través de un oficio firmado por el director, instruyó su baja institucional ante la Universidad Veracruzana y la DGCES, revictimizándola. A ello se suma que existen otras dos denuncias penales activas contra la jefa del servicio de Odontología y el jefe de Enseñanza del hospital, doctor Gerardo Neme Curi, por falsificación de documentos oficiales relacionados con residencias médicas. A pesar de estar señalados en un proceso penal, ambos continúan en sus cargos, lo cual contradice el marco normativo en materia de responsabilidades administrativas, que establece que los funcionarios imputados penalmente deben ser suspendidos de sus funciones. Por otro lado, se han presentado denuncias sobre el otorgamiento de diversos contratos institucionales a familiares directos de amigos cercanos al director, sin criterios técnicos ni evaluaciones que justifiquen dichas asignaciones. Este patrón revela un uso parcial y patrimonialista del recurso público, contrario a los principios de eficiencia y legalidad que rigen en la administración pública. Como resultado de estos conflictos, se indicó que varias especialidades del hospital no lograron captar residentes en el proceso nacional de selección más reciente. Acusaron que el desprestigio del hospital como sede de formación se ha difundido entre las nuevas generaciones de médicos, quienes optan por otras instituciones con mejores condiciones humanas y académicas. Esta situación se inscribe en un contexto nacional cada vez más visible de maltrato, acoso y violencia estructural contra médicos residentes, lo cual ha sido denunciado en múltiples foros y por organismos gremiales. Señalaron que Veracruz no puede tolerar prácticas que vulneren derechos fundamentales y desalienten la formación de especialistas. Ante esta situación, solicitaron a la gobernadora Rocío Nahle García, su intervención para que, junto con la Secretaría de Salud del Estado, se proceda a la destitución inmediata del Doctor Rafael Norberto Hernández Gómez, como director del Centro de Alta Especialidad “Dr. Rafael Lucio”. Así las cosas.
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Cancela el INE 8 candidaturas y sanciona a un total de 201 aspirantes judiciales en Veracruz MEMORANDUM 3.- Junto con la cancelación de ocho candidaturas de aspirantes a puestos judiciales de Veracruz, el Instituto Nacional Electoral (INE) impuso 201 sanciones a personas candidatas a cargos jurisdiccionales en Veracruz como parte del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial Local 2024–2025. Del total de medidas, 173 fueron multas económicas por un monto global de 436 mil 833.44 pesos, además de 15 amonestaciones públicas, ocho cancelaciones de candidaturas y cinco casos sin efectos. Las sanciones derivaron de omisiones en la entrega de informes al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), registro incompleto de operaciones financieras o falta de documentación requerida conforme a la convocatoria del proceso judicial. Entre las personas sancionadas se encuentra Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, con una multa de mil 810.24 pesos por irregularidades administrativas. La sanción individual más alta fue para Marko Antonio Rodríguez Ventura, aspirante a juez penal, con una multa de 20 mil 252.06 pesos. De igual forma, el INE canceló el registro de ocho aspirantes, entre ellos: Andrés Arias Romero, Hernán Cortés Rascón, Ana María De La Barrera Jiménez, Juan Carlos González Hernández, Julio César García Landero, Patricia Aburto Córdoba y Saúl Solís López. Estas cancelaciones se justifican por incumplimientos graves a las obligaciones establecidas en la convocatoria, principalmente la falta reiterada de reportes financieros. Distribución de sanciones por tipo de cargo: 48 sanciones a aspirantes a magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, 16 sanciones a candidaturas para el Tribunal de Disciplina Judicial, 3 sanciones a aspirantes al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y 150 sanciones a aspirantes a jueces y juezas. La lista completa de personas sancionadas incluye multas que van desde los 113.14 pesos hasta los 20 mil 252.06 pesos, además de nombres que recibieron amonestación pública sin sanción económica
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