Aseguran 'Refinería' clandestina en Coatzacoalcos, con más de 500 mil litros de huachicol MEMORANDUM 1.- Vaya caso, la industria del huachicol a todo lo que da y convertida en un negocio más productivo que la refinería de Dos Bocas. Y para muestra, un botón. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó del hallazgo de una 'refinería' clandestina en Coatzacoalcos, que producía combustible elaborado de manera artesanal. Se aseguraron más de 500 mil litros de crudo y maquinaria usada para el mercado ilícito, pero no se informó de detenidos, aunque se descubrió que entre lo producido había diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, que operaba sin los permisos adecuados y representaba un riesgo para los ecosistemas locales. A través de una operación conjunta que encabezó el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, se desmanteló un predio dedicado a la producción de combustibles alternativos en el municipio de Coatzacoalcos. Las labores de inteligencia y reconocimiento aéreo fueron vitales para la localización del predio. De acuerdo con García Harfuch, la “refinería” operaba sin los permisos correspondientes y representaba un riesgo para los ecosistemas de la región. En el lugar se producían diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y aceites tratados o combustóleo ligero, utilizando infraestructura destinada al mercado ilícito de hidrocarburos. Durante la intervención, se cumplimentó una orden de cateo y se logró el aseguramiento de más de 500 mil litros de crudo, además de equipos para la elaboración y distribución de los combustibles ilegales. Las autoridades destacaron que seguirán las investigaciones para desarticular toda la red detrás de esta operación clandestina. El operativo fue realizado de forma coordinada por la Secretaría de Energía, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y personal de PEMEX a través de su Gerencia de Coordinación e Inteligencia Logística. Así las cosas.
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En México persisten vulneraciones a las vidas y los derechos de niñas y mujeres; y en ciertos casos, incluso con algunos retrocesos: Cedaw MEMORANDUM 2.- La Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad señaló que en México, aunque hay avances en materia de igualdad de género, persisten vulneraciones a las vidas y los derechos de niñas y mujeres, y en ciertos casos incluso algunos retrocesos. En el contexto de la comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), señala su preocupación por los feminicidios y las investigaciones deficientes, el escaso acceso efectivo al aborto y la “creciente militarización del país”, entre otros aspectos. Sobre este tema resalta que “las fuerzas armadas han asumido funciones civiles en materia de seguridad ciudadana, migración y megaproyectos” con lo que se vulnera la seguridad de las mujeres y niñas. La alianza, formada por 21 organizaciones civiles de México, entre ellas el Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Amnistía Internacional, Letra S e I(dh)eas, denuncia la existencia de una política de desgaste establecida por el Instituto Nacional de Migración (INM), que detiene y traslada forzadamente a mujeres y niñas migrantes hacia el sur del país y advierte que las recomendaciones del Comité y de la Suprema Corte de Justicia de México (SCJN), que prohíben detenciones migratorias mayores a 36 horas, declaran inconstitucionales las revisiones en carretera y ordenan un registro público de personas migrantes detenidas, siguen sin cumplirse. Asimismo, subraya que en el país persisten obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas, trans y privadas de la libertad, quienes enfrentan discriminación interseccional, sustitución de la voluntad, condiciones de reclusión inadecuadas y obstáculos para su reinserción social. “Nos preocupa especialmente la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, en contra de las recomendaciones internacionales, que ha tenido efectos desproporcionados sobre las mujeres y ha ampliado la brecha de género en su aplicación”. En torno al acceso al aborto, indica que hay preocupación, porque este procedimiento sigue siendo penalizado en nueve estados, y en aquellos donde se permite durante el primer trimestre, su penalización posterior a ese plazo sigue vigente. También expone que se requiere un cambio de paradigma y considerar estándares internacionales de derechos humanos para atender la violencia sexual, mismos que reconocen el consentimiento como libre, informado y sin coerción, eliminando la exigencia de resistencia física y el delito de estupro. Sostiene que en diversas entidades y a nivel federal persiste la ausencia de políticas efectivas para eliminar la violencia por razón de género, en particular las desapariciones, la trata de personas y los feminicidios. “La desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es un fenómeno generalizado en todo el país, especialmente en zonas con alta presencia del crimen organizado, como Guerrero, y en puntos estratégicos de trata, como el estado de México”. La situación de feminicidios en México sigue siendo alarmante. “Las organizaciones hemos documentado deficiencias en las investigaciones, en ocasiones precedidas por desapariciones, porque se pierden evidencias y no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación. Tampoco se aplica adecuadamente la perspectiva de género. La mayoría de los casos quedan en impunidad”. También señala que “el Estado ha sido omiso en la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, que suman más de 129 mil”. En su mayoría mujeres, quienes realizan la búsqueda, enfrentando todo tipo de riesgos, desde agresiones por parte del Estado y el crimen organizado, hasta su asesinato y afectaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales. La Alianza lamenta que los homicidios de mujeres trans no se reconozcan como transfeminicidios. Alerta que la falta de datos desglosados sobre estas violencias dificulta su prevención. En el caso de las mujeres jornaleras agrícolas migrantes, asevera que éstas viven una triple exclusión: por ser mujeres trabajadoras del campo, por ser mayoritariamente indígenas y por su situación de movilidad. Aun cuando desempeñan un rol esencial en la producción de alimentos y la sostenibilidad de la vida, enfrentan salarios precarios, falta de seguridad social y condiciones que vulneran sus derechos más básicos, como la gestión digna de la menstruación. Adicionalmente, las agrupaciones destacan que a pesar de reformas recientes y la ratificación de convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la normativa laboral en México sigue siendo insuficiente para proteger plenamente los derechos de las mujeres en toda su diversidad. No aborda las desigualdades interseccionales ni garantiza la responsabilidad de la parte patronal frente a la brecha salarial de género. Además, las políticas de permiso parental son desiguales e insuficientes y la inspección laboral carece del suficiente financiamiento y personal suficientes.
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En México hay una crisis de violencia contra mujeres que alienta feminicidios, asumen ONGs, dice la Cedaw, pero funcionaria mexicana lo niega MEMORANDUM 3.- En México hay una crisis de violencia contra las mujeres. A pesar de reformas constitucionales y les, no se refleja en la realidad que vive este sector de la población que es víctima de homicidios, ataques con ácido y otros delitos, cuyas investigaciones se realizan sin perspectiva de género, denuncian organizaciones civiles, sin embargo en la sustentación del X Informe de México ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en Ginebra, Suiza, la Secretaría de las Mujeres aseguró que gracias a una “respuesta institucional coordinada y articulada” ha habido una baja en los feminicidios. Algunos integrantes de la Convención expresaron que apenas poco más de 20 por ciento de los asesinatos de mujeres son investigados como tales y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio sostuvo que en materia de violencia contra las mujeres “nos quedó debiendo el Estado mexicano.” En la sesión transmitida por la ONU, Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, reconoció que uno de los “desafíos más grandes” que enfrenta México es la violencia feminicida, y aseguró que de 2022 al 2024 hubo una reducción de 16 por ciento de estos crímenes de género y durante los primeros dos meses de 2025, se reportó una disminución de 29.23 por ciento, en comparación con el mismo periodo del año previo. Al respecto, María de la Luz Estrada, coordinadora del OCNF externó que es una “pena” exponer solo esos datos cuando la evaluación es de seis años, desde 2018 a septiembre de 2024. En su informe alterno, presentado el lunes el OCNF y la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes, expuso, con base en datos oficiales, que en el país son asesinadas en promedio 10 mujeres cada día. “De 2015 a abril de este año 34 mil 715 mujeres, niñas y adolescentes han sido asesinadas. Sin embargo, sólo el 24.6 por ciento de estos casos se investigan como feminicidio, lo que muestra la falta de voluntad institucional para aplicar la perspectiva de género en la procuración de justicia.” La subsecretaria resaltó que el establecimiento de estrategias territoriales focalizadas, el fortalecimiento de mecanismos de protección a mujeres en riesgo y la mejora de los sistemas de atención a víctimas, permiten tener “una tendencia sostenida a la baja en la incidencia de feminicidios.” Habló del “alertamiento temprano de riesgo, fortalecimiento y ampliación de Centros de Justicia para las Mujeres, Refugios especializados, unidades móviles y medidas de protección” entre otras acciones. Estrada señaló que se han generado herramientas y protocolos, pero algunos no están funcionando y se han establecido las fiscalías especializadas en la materia, pero estos espacios no cuentan con personal instruido en el tema. “Espero que las recomendaciones de del Comité Cedaw sean contundentes para que el Estado mexicano en verdad avance y despliegue acciones concretas.
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