Homicidio del alcalde de Uruapan, para provocar miedo colectivo y enviar advertencias al poder político y social del estado: Anabel Hernández MEMORANDUM 1.- Para la periodista Anabel Hernández, el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no responde a un ataque improvisado, sino que se trata de una ejecución diseñada para provocar miedo colectivo y enviar advertencias al poder político y social del estado. De acuerdo con la periodista, hay un elemento que no puede ignorarse y que se aterriza en que Manzo no ocultó sus conflictos, sino que los verbalizó, los señaló con nombres y los dejó documentados en video. Esas declaraciones, afirma, funcionan hoy como piezas de una ruta que permite delinear posibles móviles y responsables. Y es que, Anabel Hernández afirma que Manzo no encajaba en el molde tradicional de un presidente municipal. No se limitaba a gestionar la seguridad desde un escritorio. Participaba en operativos, acompañaba despliegues, subía a helicópteros y confrontaba a grupos criminales de manera directa. Recordó que Uruapan, la capital mundial del aguacate, es un bastión estratégico para organizaciones criminales que extorsionan a productores y operan rutas logísticas para narcotráfico y laboratorios. La región es una fuente de ganancias multimillonarias para grupos armados. En ese entorno, Manzo tocó intereses económicos de enorme calado. Lo que distingue a su caso, de acuerdo con Hernández, es que su fricción no se limitó a las organizaciones delictivas. Su discurso se convirtió, también, en un desafío abierto a la cúpula política que gobierna Michoacán. En su análisis, Hernández recordó que Carlos Manzo fue diputado federal tras las elecciones de 2021, postulado inicialmente por Morena. La relación no duró. Rompió con el partido y emprendió un choque frontal con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. En 2023, desde la tribuna del Congreso, denunció haber sido agredido por elementos de la Guardia Civil del estado. En esa intervención, responsabilizó de forma explícita al gobernador por cualquier daño que pudiera sufrir él o su familia. Esa advertencia quedó grabada y es hoy una de las piezas más revisitadas tras su asesinato. Ya como alcalde independiente en 2024, el primero sin partido en la historia de Uruapan, subió el tono de su discurso. En conferencias de prensa días antes de su muerte, señaló a figuras como Ramírez Bedolla, Leonel Godoy y Raúl Morón, a quienes describió como parte de estructuras de corrupción vinculadas a la política y al entramado criminal. Esos antecedentes, sumados a acusaciones públicas previas de Manzo contra el propio gobernador, generan lo que, para fuentes consultadas por la periodista, constituye un conflicto de interés imposible de ignorar. Anabel Hernández consideró que la ejecución de Manzo, por su nivel de exposición, logística y puesta en escena, apunta a un crimen con coordinación operativa, despliegue armado y protección implícita de impunidad. En la hipótesis que ha recopilado la periodista, el nombre de José Alfredo Hurtado Olascuaga, conocido como El Fresa, es una pieza clave en la investigación. Se le identifica como líder de La Nueva Familia Michoacana, grupo que forma parte de la estructura de Cárteles Unidos. Fuentes con acceso a inteligencia regional sostienen, según Hernández, que El Fresa habría sido quien articuló la logística de la ejecución, coordinó a los sicarios y definió la operación en terreno. Así las cosas.
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Negativa sistemática del gobierno de Morena a cumplir fallos de tribunales tendría a Nahle a punto de ser multada hasta con 600 UMAS MEMORANDUM 2.- Ante la sistemática tendencia de los gobiernos de Morena a no cumplir con la ley ni con los fallos de los tribunales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) advirtió formalmente a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, que se le impondrán dos multas de hasta 300 UMAS cada una, por desacato si continúa negándose a cumplir una sentencia firme que obliga al gobierno a pagar a una empresa constructora que ejecutó y entregó obras públicas en la entidad. A la negativa de pago a empresas constructoras, hay que sumar los fallos firmes de laudos que los tribunales laborales han emitido a favor de trabajadores y que de igual forma el gobierno morenista se ha negado a cumplir con las mismas tácticas dilatorias argumentando oficios enviados a la Secretaría de Finanzas. De acuerdo con la información que contiene el expediente SG/GJ/3951/09/2025, el pasado 5 de septiembre se emitió el primer apercibimiento a Rocío Nahle, en calidad de titular del gobierno de Veracruz y dado que continúa incumpliendo, el pasado 23 de octubre, se tuvo que lanzar el segundo apercibimiento con instrucción de multa en caso de que continúe la negativa de pago. El documento refiere que, la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Gobierno, en representación de la mandataria estatal, entregó documentación el 22 de septiembre de 2025 donde reconoce haber solicitado al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEV) cumplir con la sentencia. El fallo es contundente: si el Instituto de Espacios Educativos continúa sin ejecutar la resolución judicial, la gobernadora enfrentará dos multas equivalentes a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA) cada una, además de la posibilidad de que el caso escale a otro tipo de sanciones por incumplimiento reiterado de un mandato federal. El caso de demanda de pago corresponde al iniciado por la empresa Inmobiliaria y Construcciones ESRO, S.A. de C.V. y se ha convertido en símbolo de la deuda histórica del estado con contratistas que realizaron obras públicas con recursos federales que nunca fueron liquidadas, pero también de laudos de trabajadores del gobierno estatal. La empresa —con sede en Xalapa— denunció hace unos meses que ejecutó y entregó seis obras educativas entre ellas las escuelas Margarita Morán (Veracruz), Mundo Nuevo (Coatepec), Leopoldo Kiel (Xalapa) y una secundaria en Papantla, todas bajo contrato con el IEEV y que esos trabajos no le han sido pagados. En su reciente informe ante el Tribunal, Espacios Educativos admitió encontrarse “impedido para cumplir” por falta de recursos propios y limitaciones presupuestales, alegando que solo podrá hacerlo una vez que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) apruebe la ampliación presupuestal solicitada mediante oficio IEEV/DHG/OF/1281/25, de fecha 22 de septiembre de 2025. No obstante, para el Tribunal Federal, el argumento es insuficiente y sentenció que la gobernadora, como superior jerárquico de la autoridad demandada, tiene la obligación legal de cumplir con el mandato judicial. El Tribunal también invocó el artículo 20, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, ordenando al Ejecutivo utilizar su “facultad de imperio” para que SEFIPLAN libere los recursos y el pago se efectúe de inmediato. Pese a los requerimientos judiciales, la administración estatal no ha transparentado las gestiones internas ni los dictámenes financieros que justifiquen la falta de pago. De acuerdo con fuentes cercanas al proceso, la negativa de cumplir con la sentencia no solo vulnera el Estado de Derecho, sino que podría derivar en responsabilidad administrativa y penal por desacato a una orden judicial federal. El expediente, que se arrastra desde 2019 en tribunales administrativos, revela una red de omisiones institucionales: Espacios Educativos niega recursos, SEFIPLAN no amplía presupuesto. La resolución del 23 de octubre de 2025 es solo el capítulo más reciente de un conflicto que expone la ineficiencia, la opacidad y el incumplimiento sistemático de sentencias judiciales en Veracruz. Con esta nueva advertencia, el Tribunal Federal deja claro que el desacato ya no podrá justificarse por “falta de recursos”, sino que deberá asumirse como una decisión política de incumplir la ley. Por lo anterior, si el Estado no cumple con la sentencia en los próximos meses, la gobernadora podría ser sancionada y obligada judicialmente a garantizar el pago marcando un hecho sin precedentes en la historia reciente del estado. Así las cosas.
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Perú consultará a países integrantes de la OEA sobre una convención de asilo, antes de permitir salida de Betsy Chávez MEMORANDUM 3.- Antes de tomar una decisión sobre un salvoconducto que permita la salida de la ex primera ministra de Perú, Betssy Chávez, luego de recibir asilo en la embajada de México en el país sudamericano, éste anunció que consultará a países integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre una convención de asilo. La decisión prolonga el impasse diplomático entre ambas naciones luego de que Perú decidió romper relaciones con México esta semana tras la concesión de asilo a Chávez, quien enfrenta cargos por su presunta participación en el intento del ex presidente Pedro Castillo de disolver el Congreso en diciembre de 2022. A través de un comunicado, la cancillería peruana indicó que realizará la consulta “con el fin de buscar que se modifique la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático”, de la que, consideró, se ha hecho “uso indebido”. Refirió que ha realizado un análisis jurídico y político de la solicitud mexicana, y concluyó que la referida Convención de Caracas “ha sido utilizada de manera indebida en los últimos años”, y ampara a “personas acusadas de delitos comunes en lugar de casos de persecución política genuina”. “El gobierno del Perú considera que esta práctica desnaturaliza la esencia de la Convención”, agregó. La nación sudamericana acusó a los gobiernos de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y del ex presidente, Andrés Manuel López Obrador, de tener una “constante actitud injerencista en los asuntos internos del Perú”. Por su parte, la Cancillería mexicana reviró que el país “no ha intervenido en modo alguno en los asuntos internos del Perú” a través de un comunicado en el que volvió a defender el asilo concedido a Chávez.
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