Pese a temor por las redadas en EU, mexicanos no quieren regresar pues ganan 10 veces más que en nuestro país y los apoyos sociales son insuficientes MEMORANDUM 1.- Desde su discurso en campaña de Donald Trump prometía sacar a los indocumentados de Estados Unidos, sin embargo con las redadas emprendías con su gobierno ha generado gran temor entre los más de 12 millones de migrantes de origen mexicano que se encuentran en territorio estadounidense, cual también ha encendido las alertas en México por el impacto social, económico y laboral que tendrá en nuestro país donde no solo no hay los empleos suficientes para reinsertar a quienes son deportados, sino que los sueldos son hasta 10 veces menores en comparación con lo que ganan en el vecino país. En promedio un connacional en Estados Unidos gana tres veces más de lo que podrían percibir en México en términos nominales, (25,570 dólares anuales) pero hay sectores como la manufactura donde el diferencial de los salarios de mexicanos frente a sus pares en EE.UU. es de 2.8 dólares promedio por hora para los mexicanos y de 23.8 dólares promedio por hora para los estadounidenses, es decir, 10 veces más. Según el estudio “Migración en México en tiempos de Trump: amenazas y subordinación”, elaborado por la organización, Signos Vitales, las deportaciones de la administración Trump empiezan a agravar la situación en el país, pues tan solo hasta febrero del 2025, México recibió a 13,400 migrantes deportados, según cifras oficiales. Los apoyos y programas sociales que se han creado para enfrentar esta situación por parte del actual gobierno son marginales y solo se limitan a difundir y promover los programas existentes, sin atender verdaderamente las necesidades específicas o urgentes de los mexicanos deportados. De hecho, las famosas becas o ayudas como parte de la estrategia de repatriación de mexicanos retornados a través del programa “México te abraza” son a todas luces insuficientes y sin impacto real ante esta problemática, pues más de la mitad de los supuestos beneficiarios se han quedado sin acceder a esta ayuda gubernamental que otorga hasta 2 mil pesos para cubrir los gastos de traslado hacia sus comunidades. En el arranque de la estrategia de repatriación se cuenta con 9 centros de atención desplegados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Bienestar hasta el 3 marzo de 2025 se habían entregado apenas 5,063 Tarjetas Bienestar Paisano a migrantes en los Centros de Atención instalados en el país mientras que la cifra de personas que requerirían este apoyo llegó a 10,485 mexicanos deportados desde febrero de 2025. Es decir, tan solo hasta principios de marzo, más de 5 mil 420 mexicanos deportados o repatriados no lograron acceder a esta ayuda que creó el gobierno federal para este sector de mexicanos vulnerable en Estados Unidos. El reporte de Signos Vitales advierte que uno de los tantos desafíos en México para incorporar laboralmente a los migrantes retornados son los niveles de pobreza, la precariedad laboral y los altos niveles de informalidad que existen en el país.
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Denuncian productores de vino mexicanos que política fiscal desprotege a su industria frente al exterior, lo cual frena su crecimiento MEMORANDUM 2.- La política fiscal aplicada a los vinicultores mexicanos los deja fuera de la competencia frente a los más importantes productores mundiales, a pesar de que la calidad de los vinos mexicanos ha demostrado ser tan buena como la de naciones como Francia, Italia, Portugal, España, Estados Unidos o Nueva Zelanda. Víctor Manuel Torres, enólogo de vitivinícola Torres Alegre y pionero en la producción de vinos en la zona de Ensenada, Baja California explicó que, en el caso de una botella de vino nacional, del total de su valor, el 46 por ciento es pago de impuestos, con lo que “no es posible generar una estrategia nacional que permita incrementa la producción y un mayor consumo nacional per cápita”. Con una experiencia de 43 años en esta actividad, Manuel Torres ejemplificó que, si se tuviera una botella de vino mexicano, con un valor de 1500 pesos, el impuesto que se tiene que pagar es de 1,000 pesos, en comparación de Francia, en donde una botella con un costo equivalente a mil pesos mexicanos debe pagar seis centavos al gobierno francés en su producción. Así lo señaló en el marco de su intervención en el ciclo de conferencias del 4to Foro Internacional Agroindustrial, organizado por la Canacintra y el gobierno de Baja California, en donde resaltó que tal parece que la autoridad está más enfocada en otro tipo de negocios, en los que se busca ligar a la vitivinicultura como el turismo y no en los cultivos. Mayor consumo de vino, pero no del producto nacional. Expresó que, si bien el consumo de vino en México se ha venido incrementando, en la realidad “estamos trabajando en beneficio de los productores extranjeros, ya que este aumento en el consumo no se ve abastecido con la producción nacional y sí lo hace con los vinos que llegan al país de diversas partes del mundo”. Con base en información de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, en la actualidad del total de consumo de vino en México, el 70 por ciento es de productos extranjeros y sólo el 30 por ciento de vino nacional. “Hace 43 años no llegábamos a 100 mil litros per cápita de consumo al año y ahora estamos en 1.5 litros per capital”, sin embargo, abundó, aún estamos muy lejos de los 61 litros de Francia y los 69 de Portugal, incluso de los 16 litros de Estados Unidos. Incluso países como Chile, Argentina o España venden a México sus vinos que ya no pueden vender en sus países y que consideran “que ya no sirven”, señaló, al tiempo que criticó que no hay una política de apoyos para los productores mexicanos de vino, ni a nivel federal ni en Baja California, que fomente el desarrollo de la industria nacional. Además de apoyar a los productores de vinos, agregó, se debe contar con una política de apoyo para fomentar el adecuado uso del agua con el fin de mejorar la productividad de los viñedos, como ocurre en la zona vitivinícola de Brasil los productores de uva tienen 30 toneladas por hectárea, en tanto que en Ensenada solamente se genera una tonelada.
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Elección judicial sigue sin dar confianza, ahora el INE excluyó 11 casillas del cómputo nacional por votación inexplicablemente alta, acá ya nada sorprende MEMORANDUM 3.- Primera elección judicial sigue dando de que hablar, para mal, ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) excluyó del cómputo nacional los resultados de 11 casillas en Chiapas, Guerrero y Michoacán debido a inconsistencias en el número de sufragios emitidos, que rebasaron el 100 por ciento de las listas nominales correspondientes. Las anomalías, detectadas en la elección judicial extraordinaria del pasado 1 de junio, son consideradas por el organismo como indicios de irregularidades aritméticamente insostenibles. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es la autoridad facultada para declarar la nulidad de votos, el INE, como parte de su responsabilidad en el proceso de validación del cómputo nacional, determinó excluir estas casillas para garantizar la integridad de los resultados que serán enviados a la Sala Superior. “Se trata de votaciones cuya magnitud resulta incompatible con los registros oficiales”, sostiene el proyecto técnico discutido por el Consejo General. En particular, la casilla con el porcentaje más elevado fue el número 627, del distrito 11 de Michoacán, donde se contabilizaron 770 votos, aunque la lista nominal indicaba un total de 754 personas, lo que equivale a una participación del 102.12 por ciento. Casos similares se detectaron en Chiapas y Guerrero, donde varias casillas también superaron el umbral del 100 por ciento, sin justificación válida. En Chiapas, seis casillas serán anuladas. Tres de ellas corresponden al distrito 7 de Tonalá. Una de las más destacadas es la casilla 657 básica, en la que se registraron 1,020 votos, cuando el listado nominal era de 1,001 personas, una participación del 101.90 por ciento. También se registraron anomalías en los distritos de Bochil y Las Margaritas, con votaciones que alcanzaron o superaron ligeramente el 100 por ciento. A pesar de estas inconsistencias puntuales, Chiapas fue uno de los estados que registró la participación más alta en esta elección, con un 16 por ciento, por encima del promedio nacional, y una baja incidencia de votos nulos o boletas en blanco. En Guerrero, se detectaron votaciones atípicas en cuatro casillas: dos del distrito 3 de Zihuatanejo, una más en Chilpancingo y otra en Ciudad Altamirano. En este último punto, el proceso electoral ya había sido objeto de preocupación por parte de las autoridades debido a la intervención del crimen organizado, lo que llevó a la suspensión de casillas incluso antes del día de la votación. En la casilla 550 de esa localidad, votaron las 206 personas registradas en la lista nominal, lo que representa un 100 por ciento de participación exacta, un fenómeno estadísticamente inusual. En tanto, la casilla 1697 de Chilpancingo reportó un nivel idéntico de participación perfecta, con 357 votantes registrados en el padrón y el mismo número de sufragios emitidos. El análisis de los resultados incluye también menciones a otras formas de posibles anomalías, aún bajo revisión. Entre ellas, las llamadas “casillas zapato” —en las que se registra un solo voto a favor de una candidatura, lo que puede levantar sospechas de manipulación— y otras donde se detectaron incidentes como la presunta entrega de “acordeones” con instrucciones de voto. Estos casos todavía no tienen una resolución definitiva, ya que en varios de los apartados del dictamen aún falta completar la información. Uno de los elementos que también ha generado inquietud en el INE es la velocidad con la que se habría tenido que emitir cada voto en ciertas casillas con participaciones superiores al 50 por ciento. De acuerdo con las proyecciones de tiempo, en algunos lugares sería físicamente inviable que esa cantidad de personas hubiera acudido y sufragado durante la jornada electoral ordinaria, lo que motivó el inicio de una revisión adicional. En contraste, en tres casillas de los estados de Michoacán, Guerrero y Sinaloa también se registraron votaciones superiores al 100 por ciento, pero en esos casos el INE determinó que la situación fue justificable. Se trató de votantes que, debido a la reubicación temporal de sus casillas o a situaciones excepcionales autorizadas previamente, fueron canalizados a centros de votación alternos, lo que explica el desfase entre la lista nominal y la cantidad de votos depositados. A pesar de que se trata de un número reducido de casillas —11 en total—, el INE subrayó que este tipo de inconsistencias compromete la credibilidad del proceso si no se actúa con firmeza. De ahí que la decisión de eliminar sus resultados del cómputo general busca blindar el proceso electoral frente a prácticas irregulares o a posibles intentos de manipulación del voto. El Consejo General del INE prevé reanudar la discusión del dictamen una vez que se complete la información faltante en algunos apartados. La resolución final sobre el impacto jurídico de estos casos recaerá en la Sala Superior del TEPJF, que determinará si se ratifican o se revocan las decisiones preliminares adoptadas por la autoridad electoral.
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