Por la vía rápida, aprueba el Congreso local reforma en materia de personas desaparecidas en Veracruz MEMORANDUM 1.- Por la vía rápida, el Congreso del Estado aprobó este jueves, con 41 votos a favor y tres en contra, la reforma a la Ley en materia de Desaparición de Personas, pese a la advertencia de diputados de oposición de que la creación de la Plataforma Única de Identidad permitirá vigilar a los veracruzanos en tiempo real, y se podrá acceder a bases de datos públicas y privadas sin orden judicial. La propuesta, enviada por la gobernadora Rocío Nahle, recibió respaldo mayoritario por avances en coordinación, uso de tecnología y reducción de plazos de búsqueda, pero también críticas por los presuntos riesgos de vigilancia masiva, acceso indiscriminado a datos personales y falta de presupuesto para cumplir nuevas obligaciones. De acuerdo con el dictamen, el objetivo es “agilizar los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, ofreciendo herramientas concretas y una estructura clara que responda a la complejidad de los casos y de las necesidades de las personas buscadoras”. Entre los cambios, se incorpora la definición de “Plataforma Única de Identidad” y “Ficha de Búsqueda”, y la obligación de presumir con vida a la persona desaparecida en todas las acciones de búsqueda e investigación. La plataforma permitirá “realizar el monitoreo continuo para el seguimiento de la Clave Única de Registro de Población de una persona desaparecida o no localizada” y “generar avisos en tiempo real a las autoridades competentes”, cuando haya registros de su uso, con acceso limitado a fines de búsqueda, localización e identificación. Las autoridades y particulares deberán “permitir a las fiscalías y a la Comisión Estatal de Búsqueda la consulta inmediata de la información sobre personas desaparecidas o no localizadas contenida en sus registros, bases de datos o sistemas de información, exclusivamente para su búsqueda, localización o identificación”, así como facilitar el acceso a imágenes y mediciones de satélites o aeronaves no tripuladas y conectar registros al Banco Nacional de Datos Forenses. La denuncia deberá registrarse sin dilación en el Registro Nacional y en la Base Nacional de Carpetas de Investigación, enviar una ficha de búsqueda a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Estatal de Búsqueda para su difusión masiva y activar alertas. La Fiscalía deberá informar mensualmente al Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre el número de personas desaparecidas y las acciones de búsqueda realizadas. El diputado de Movimiento Ciudadano, Adrián Ávila Estrada, afirmó que el decreto “tiene por objeto armonizar la ley estatal en materia de desaparición de personas con las disposiciones reformadas en la ley general, incorporando avances tecnológicos y científicos en los procesos de búsqueda” y que “contempla la reducción de plazos procesales y establece mecanismos de coordinación interinstitucional obligatoria”. Por su parte, Héctor Yunes Landa, de Veracruz Nos Une, sostuvo que la iniciativa “no deja de ser una extensión del desvarío que se pretende imponer, utilizando como escudo la tragedia de las personas desaparecidas” y advirtió que “quieren convertir la CURP en un instrumento de vigilancia masiva”. A su vez, la diputada panista Luz Alicia Delfín Rodríguez señaló que Veracruz “es uno de los cinco estados que tiene el mayor número de personas desaparecidas en el país, concentrando el 44 por ciento de los casos” y destacó que “ningún cuerpo irá a una fosa común sin antes tener un perfil genético completo”. Por el Partido Verde, Tania María Cruz Mejía afirmó que la reforma elimina “la revictimizante espera de las 72 horas” y crea “una fiscalía especializada, profesional y que rinda cuentas con cinco unidades especializadas obligatorias”. Dorheny García Cayetano, de Morena, dijo que la propuesta “no es un simple ajuste de texto legal” sino una medida para “prevenir, investigar, sancionar y sobre todo buscar y localizar personas desaparecidas”, usando la CURP como base de identificación. En contra, Monserrat Ortega Ruiz advirtió que con la reforma “te van a vigilar en tiempo real” y accederán a datos de “escuelas, hospitales, iglesias, compañías de teléfono, clubes, sistemas de salud públicos y privados, bancos y todos los lugares públicos o privados que tengan información”. Elena Córdova Molina, de Movimiento Ciudadano, dijo que la desaparición “es una deuda pendiente que las instituciones de este país han arrastrado durante décadas” y que la plataforma única “no puede ni debe convertirse en un instrumento de vigilancia masiva”. Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, recordó que Veracruz “es el primer lugar nacional en número de fosas clandestinas encontradas” y cuestionó “quién va a cuidar toda esa información” que integrará la plataforma. Elizabeth Morales García, del PT, afirmó que “reducir los plazos procesales significa reconocer que cada hora cuenta en una desaparición” y el morenista Luis Vicente Aguilar Castillo sostuvo que el dictamen fortalece “la búsqueda individualizada” y “la búsqueda en vida”. Tras agotar la lista de oradores, el pleno aprobó el dictamen en lo general y en lo particular. El decreto será remitido a la titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado.
|
Veracruz tiene a 8 mil 600 presos, de los cuales 5 mil están en prisión preventiva, lo que no debería ser: Tomás Mundo MEMORANDUM 2.- Para el destacado abogado penalista Tomás Mundo Arriasa, se requiere de una verdadera renovación del sistema penal y evitar que se tenga a personas inocentes en las cárceles, por lo que es necesario un sistema penal confiable. El jurista explicó que en el estado de Veracruz se tiene a 8 mil 600 presos, de los cuales 5 mil están en prisión preventiva, lo cual no debería ser, pues muchos de ellos deberían enfrentar su proceso en libertad. Aclaró que no se trata de que personas que cometieron un delito estén en libertad, pero tan poco de llenar las cárceles con inocentes. En ese tenor, el abogado penalista afirmó que existe la necesidad en el municipio de Veracruz de que se construya un centro de readaptación, ya que el lugar que se ocupa al momento, en este caso el “Penalito” no cumple con las condiciones mínimas requeridas. No obstante, aseguró que le preocuparía que al construir un nuevo penal, la autoridad tenga la necesidad de llenarlo para justificar la inversión en ese lugar. “El que está es insuficiente, el que está no reúne las condiciones mínimas, pero digo derivado de un sistema penal que la misión pareciera es llenar los penales, entonces la voz general, es decir, sí construyan un penal, pero en parte tienen derechos los internos que están aquí en Veracruz y luego se los llevan a otro lugar, llámese Coatzacoalcos, Tuxpan o Amatlán y obviamente para las familias significa mucho deterioro económico; sí hay que construirlo, pero a mí me preocuparía mucho también el construirlo porque conlleva esta práctica de tener que llenarlo”, concluyó.
|
Nueve estados, entre ellos Veracruz, contarán con primera 'Guía de Experiencia de Turismo Comunitario': Fonatur MEMORANDUM 3.- De acuerdo con Sebastián Ramírez Mendoza, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el estado de Veracruz es una de las 9 entidades del país que tendrán la primera guía de experiencia de turismo comunitario, que la Secretaría de Turismo trabaja con la Unesco para posteriormente incluir a los 32 estados. “Hemos lanzado una convocatoria para hacer una guía para identificar esto, lo estamos trabajando en conjunto con la Unesco y estamos identificando a las experiencias de turismo comunitario para ayudarles a difundirlas y a promocionarlas, etc. Entonces, hemos lanzado esta convocatoria, hemos recibido hasta el día de hoy mil 358 experiencias en nueve entidades de la República”, refirió el funcionario. Durante su presentación en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, Ramírez Mendoza explicó que el turismo comunitario son las experiencias de servicios turísticos que producen las comunidades directamente. “Una de las primeras demandas que tuvimos por parte de las comunidades, desde el inicio de la administración, nos dijeron queremos que sea la prioridad y nos empezamos a reunir con las comunidades con cooperativas, grupos de comunidades campesinas indígenas, ejidales, que prestan este tipo de servicios y una de las demandas que no se hicieron fue queremos un certificado”, agregó el titular de Fonatur. Refirió que en la industria del turismo se utilizan distintos tipos de certificaciones dirigidas al consumidor, para que sepan los servicios y la calidad que obtendrán en un lugar turístico. Por ejemplo las estrellas de los hoteles que certifican el nivel de servicio y calidad del lugar. Este sería el primer certificado que se hace en el mundo para identificar a las experiencias de turismo comunitario y forma parte del Sistema Nacional de Calidad Turística. “Quiero decirles que además es el primero que se emite y otra que dedicándolo a las comunidades campesinas e indígenas entonces decirle a quienes viajan que cuando encuentren este certificado es que están encontrando una experiencia verdaderamente comunitaria y que además está trabajando en mejorar la calidad de sus servicios”, destacó. Ramírez Mendoza agregó que “ahora vamos a una etapa de curaduría para identificar cuáles son las que están más consolidadas para que pasen a esta guía nacional de turismo comunitario”. De hecho, esta guía la comenzó en una primera etapa la Unesco en la región de la península de Yucatán, ya se hizo en el Mundo Maya y está el QR, que se va a difundir en las redes sociales. “Y ahora lo estamos haciendo en otros nueve estados, para que finalmente la podamos tener en las 32 entidades, porque en todo el país hay este tipo de oferta”, reiteró el funcionario de Fonatur. Con relación a un posible efecto colateral que pudiera afectar la identidad de las comunidades, Sebastián Ramírez destacó que para evitar afectaciones, las comunidades son quienes deciden, quiénes van, cuándo, cuánta gente, la capacidad. “Tienen toda la capacidad y la autonomía de decidir, pues queremos que vengan los visitantes que tengan estas prácticas que ellos pongan las reglas, etc. Entonces nuestra forma de trabajar es escuchándolos y que las propias comunidades sean quienes ponen las reglas del turismo que se va a realizar dentro de sus territorios y el certificado ayuda mucho a la hora de que certificamos de que damos el distintivo, pues esto le permite a las comunidades asegurar cierto nivel de calidad en los servicios que se van a prestar, y además garantizar autenticidad, es decir que no haya apropiación cultural, que alguien no simule ser un servicio comunitario, sino que verdaderamente sea de la comunidad”, concluyó.
|
|