Desechan impugnación de FGR a amparo de León Trauwitz, para que sus abogados tengan acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra MEMORANDUM 1.- Un tribunal colegiado desechó por improcedente el recurso de revisión que interpuso la Fiscalía General de la República (FGR), con el que pretendía impugnar el amparo otorgado al general en retiro Eduardo León Trauwitz, exsubdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex, para que sus abogados sean reconocidos como la defensa legal que lo representa y tengan acceso a la carpeta de investigación que se inició en su contra, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en materia de hidrocarburos y sustracción ilícita de hidrocarburos. Los magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, Juan José Olvera López, Francisco Javier Sarabia Ascencio y un secretario en funciones, determinaron que el representante social de la fiscalía recurrente carece de legitimación para interponerlo, pues los recursos deben seguirse por la parte interesada, esto es, por aquella a quien el acto reclamado o resolución combatidos cause un agravio personal y directo, lo que, en el caso, afirmaron, no ocurre. El resolutivo del colegiado indica que “Este tribunal ha sostenido el criterio de que el agente del Ministerio Público adscrito al órgano de Amparo no tiene legitimación para interponer este recurso cuando no se genera una afectación al interés representado por la autoridad ministerial, lo que se traduce en falta de interés para recurrir dicha determinación, no obstante que la autoridad tenga el carácter de parte en el juicio ... prevé que es parte en todos los juicios de amparo y que podrá interponer los recursos que señala esa ley, pero para la materia penal establece que podrá recurrir cuando se reclaman resoluciones de tribunales locales; es decir, el derecho a recurrir no es absoluto, sino que está limitado en la propia norma; así puede decirse que cuando su recurso busque la pronta y expedita administración de justicia en el amparo es procedente". León Trauwitz presentó el recurso ante el juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal contra Reyna Isabel Pérez Viveros, agente del Ministerio Público de la Federación y titular de la célula A-I-5 de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos en Materia de Hidrocarburos, Derechos de Autor, Asalto y Robo de Vehículos. En su demanda de amparo reclamó el acuerdo del 15 de mayo de 2024, donde se le niega tener por designados a los abogados defensores nombrados por el suscrito y, como consecuencia de ello, la vulneración al derecho del debido proceso en su vertiente de una defensa adecuada y los efectos que del mismo se siguen ocasionando. De acuerdo con el expediente, en sus conceptos de violación, Eduardo León alegó, entre otras cosas, que el acuerdo reclamado viola en su perjuicio sus derechos humanos, pues fue emitido con una indebida fundamentación y motivación, ya que de los argumentos expuestos por la autoridad responsable no se desprende ningún razonamiento jurídico ni fundamento legal que motive adecuadamente su determinación. En mayo de 2019, el juez de control en el estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, giró una orden de aprehensión en contra de León Trauwitz, y en octubre de 2020, a petición del Departamento de Justicia de Canadá, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la solicitud formal de extradición. Según las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, León Trauwitzy y la red de complicidad que incumplió con los protocolos para inhabilitar tomas clandestinas en los poliductos Minatitlán-México y Madero-Cadereyta entre 2015 y 2016 generaron un daño superior a 25 mil 193 millones de pesos y la sustracción ilegal de mil 847 millones 46 mil 374 litros de combustibles. El general en retiro, quien fue detenido en Canadá en diciembre de 2021, se encuentra con libertad restringida luego de pagar una fianza de 20 mil dólares canadienses. Se le colocó un brazalete electrónico que monitorea su ubicación las 24 horas del día y le fue retirado su pasaporte. El año pasado, el gobierno de canadiense concedió la extradición de León Trauwitz, aunque podía apelar la determinación a fin de retrasar su entrega.
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Seis aspirantes a juzgadores ligados al crimen resultaron perdedores en elección judicial, pero igual serán investigados por la FGR MEMORANDUM 2.- Seis candidatos acusados de presuntos delitos por el presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quedaron en los últimos lugares en sus respectivas categorías, pero investigaciones en su contra continúan. Karina Almada Rábago, quien dictó la libertad a Luis Cárdenas Palomino, ex coordinador de Inteligencia de la entonces Policía Federal, obtuvo el décimo lugar en la contienda por el cargo de jueza de distrito en Sonora. De 21 candidatas y candidatos en materia mixta, Almada Rábago ocupó el lugar 10, con 19 mil 304 votos, equivalentes a 2.36 por ciento de la votación para esa categoría. Por lo tanto, deberá abandonar el cargo en el Poder Judicial, ya que sólo podrá desempeñarse como titular del juzgado noveno de distrito en Sonora hasta el 31 de agosto, día en que se realizará el relevo. Lo mismo ocurrió con Noel Castro, señalado por haber recibido dos centenarios –con un valor superior a 24 mil 400 pesos cada uno– y el pago de boletos de avión por parte de un subordinado, a cambio de mantenerlo en su puesto. Castro también fue derrotado en la contienda electoral, quedando en el penúltimo lugar entre los hombres aspirantes a juez mixto en el distrito uno de Sonora. De los 18 aspirantes en esa categoría para dicho distrito, Castro ocupó el lugar 17, con 4 mil 448 votos, lo que representó 0.90 por ciento del total. El pasado 4 de mayo, los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) la cancelación de 26 candidaturas, argumentando que las personas propuestas no gozaban de buena reputación e, incluso, que seis de ellas eran objeto de investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El órgano electoral resolvió que no tenía facultades para cancelar dichas candidaturas, pero que las acusaciones serían tomadas en cuenta al revisar la veracidad de la información en los cómputos distritales, en caso de que alguno de los señalados resultara ganador. Una vez concluidos los conteos de los seis tipos de elección, los candidatos señalados por Fernández Noroña y Gutiérrez Luna no tuvieron éxito, ya que ocuparon las últimas posiciones en la preferencia de los votantes. Los otros cuatro acusados son: Alejandro Tlacuahuac, quien quedó en tercer lugar en la contienda por una magistratura en materia laboral en el distrito 1 de Puebla; Ángel Villegas, que quedó en el lugar 12 para juez mixto en el distrito 2 de Veracruz; Arturo Morales, quien tampoco resultó electo como magistrado de circuito en la Ciudad de México, quedando en penúltimo lugar, y María de Jesús López, quien terminó en el último lugar entre las tres candidatas a jueza en materia penal en el Distrito 1 de Chiapas. Otros aspirantes a jueces de distrito que también fueron cuestionados públicamente, terminaron igualmente en los últimos lugares en las categorías por las que contendieron. Tal es el caso de Fernando Escamilla Villarreal, abogado de presuntos operadores de Los Zetas, y Francisco Herrera Franco, ex fiscal de Michoacán, señalado por presuntos nexos con grupos criminales.
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Reforma de Sheinbaum sí otorga a la Defensa control de GN, admite Ricardo Monreal, pero que no es militarización, según dice MEMORANDUM 3.-
Aunque insiste que no es militarización, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, admitió que con la reforma de una nueva Ley de la Guardia Nacional propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, “ahora sí la Secretaría de la Defensa Nacional asume el control” de esa corporación. En conferencia de prensa, el legislador anticipó que el paquete legal enviado ayer por la presidenta a la Comisión Permanente del Congreso en materia de la Guardia Nacional se discutirá en el periodo de sesiones extraordinarias, que se convocará del 23 al 30 de junio. Monreal acotó, sin embargo, que no se trata de militarizar la seguridad del país, sino que la reforma –que incluye cambios a ocho leyes y códigos relacionados con las actividades del ejército para adecuarlos a su perfil policiaco y de investigación- “permitirá superar el modelo fragmentado de seguridad pública y de combate al crimen”. Según el legislador, si bien se propone el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional estará a cargo del secretario de la Defensa Nacional, las actuaciones de sus elementos y las tareas de inteligencia estarán bajo el control judicial. “Lo que nos preocupa es la inseguridad, cómo disminuimos el índice de delitos”, abundó. El trámite de la iniciativa, que consta de más de 900 cuartillas, se formalizará este miércoles en la sesión de la Comisión Permanente, donde se espera se le dé turno a la Cámara de Diputados, para que a su vez se envíe a comisiones para dictamen. Monreal Ávila descartó que la ley se apruebe al vapor pues, dijo, desde el turno a la cámara hasta su votación en el pleno durante las sesiones extraordinarias, habrá “veintitantos días” para su lectura y desahogo. Informó que en el extraordinario también la cámara discutirá las dos iniciativas que Sheinbaum envió en febrero pasado, en materia de seguridad pública y de investigación e inteligencia, que regula las nuevas atribuciones de la Guardia Nacional en la investigación de delitos, así como las del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para recopilar y usare información de inteligencia y contrainteligencia contra la delincuencia organizada nacional e internacional. Ambas iniciativas causaron preocupación entre los partidos opositores, sobre todo porque se propone que la SSPC recupera la idea de un registro de usuarios de líneas telefónicas –instrumento declarado inconstitucional por la Corte en abril de 2022- y darle al titular de la dependencia atribuciones para requerir información de particulares, incluso datos biométricos y bancarios, para la investigación de delitos. Las críticas a ambos puntos obligaron a retirar las iniciativas de las comisiones, para buscar un acuerdo.
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