Contrario a lo que había dicho un día antes, García Harfuch informa que envío de 26 criminales a EU se debe a que se seguían operando desde cárceles MEMORANDUM 1.-
En el traslado de 26 miembros de organizaciones criminales a Estados Unidos no se aplicó la Ley de Extradición, sino el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, indicaron integrantes del Gabinete de Seguridad, detallan que esta acción se realizó por una cuestión de seguridad pública, ya que desde prisión continuaban teniendo relación con sus grupos delictivo y amenazaban funcionarios, y se acordó con autoridades de ese país que no se aplicará la pena de muerte ninguno de los 55 delincuentes entregados en conferencia de prensa, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien contradijo lo que había publicado un día antes, informó que los criminales entregados a Estados Unidos tenían recursos en desahogo con los cuales "buscaban su liberación anticipada, lo que de haberse conjuntado significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas". Indica: "esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión, continuaran, ordenando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos, es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad". De igual manera, sostuvo que muchos de los ahora entregados a autoridades de Estados Unidos "habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad e incluso se prevería que otros actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales, menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga", dijo García Harfuch quien estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los secretarios de la Defensa Nacional (Defensa), el general Ricardo Trevilla Trejo, y de Marina-Armada de México (Semar), el almirante Pedro Morales Ángeles. En tanto, el fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, reconoció que en esta entrega de delincuentes que eran solicitados por autoridades estadounidenses en extradición, no se aplicó la Ley de Extradición: "no se utilizó, no estamos aplicando la ley de extradición. Estamos aplicando la ley de seguridad nacional en su artículo quinto", y destacó, "igual que la vez pasada", en referencia la entrega de 29 líderes criminales a autoridades de Estados Unidos en febrero pasado. Explica que esta acción "va dirigida a toda la delincuencia que opera en contra de dos países" para ello, agrega existen "las leyes, la Constitución, la Ley de Seguridad Nacional y la Convención de Palermo. Existe toda una estructura jurídica que nos permite sostener la soberanía y defender a nuestras instituciones y al pueblo de nuestros dos países. Los enviados a estados al pais vecino son: Abigael González Valencia, alias “Cuini”, líder del brazo financiero del CJNG llamado “Los Cuinis”, así como cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Kevin Gil Acosta, alias “El 200″ y Martín Zazueta Pérez, alias “El Piyi”, identificados como líderes del aparato de seguridad de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Abdul Karim Conteh, ciudadano de Sierra Leona acusado de dirigir una organización de tráfico de personas para trasladar migrantes desde México hacia EEUU, Leobardo García Corrales, alias “Leo”, identificado como una figura importante del Cártel de Sinaloa por ser amigo cercano y socio de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”. Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”, identificado como miembro del Cártel de Sinaloa acusado por EEUU del secuestro y toma de rehén a un ciudadano estadounidense. Juan Carlos Félix Gastelum, alias “El Chavo Félix”, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa y yerno de Ismael “El Mayo” Zambada. Roberto Salazar, alias “El Gordo Jr.”, a quien se le identifica como presunto integrante de “Los Cabrera”, facción del Cártel de Sinaloa. Pablo Edwin Huerta Nuño, alias “El Flaquito”, uno de los líderes del Cártel de los Arellano Félix (CAF). Enrique Arballo Talamantes, alias “El Junior”, uno de los más buscados por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) al estar vinculado con homicidios. Benito Barrios Maldonado, “Comandante”, exfuncionario de la Agencia de Investigación Ministerial (AMIC) de Sonora. Luis Raúl Castro Valenzuela, alias “Chacho”, presunto operador del Cártel de Sinaloa. Francisco Conde Chávez. Baldomero Fernández Beltrán, alias “El Mero”, presunto operador de “Los Pelones”, brazo armado de Los Chapitos. Ismael Enrique Fernández Vázquez. José Carlos Guzmán Bernal. Antón Petrov Kulkin, médico búlgaro identificado como cocinero de fentanilo en Mexicali, Baja California. Roberto Omar López, alias “Shrek”. José Francisco Mendoza Gómez, alias “Yiyo”. Hernán Domingo Ojeda López, apodado “El Mero Mero” y señalado como tío de Ovidio Guzmán López. Daniel Pérez Rojas, alias “El Cachetes”, identificado como líder de Los Zetas
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Proyecto para construir nuevo hospital del IMSS en el puerto de Veracruz se quedó en el olvido MEMORANDUM 2.- A pesar de que desde hace unos seis años se anunció que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construiría un nuevo Hospital General Regional en la ciudad de Veracruz, hasta el momento ya no se ha dado mayor información sobre el proyecto. En el 2019, uno de los primeros en dar a conocer la noticia fue el entonces regidor morenista Juan de la Cruz, quien tenía los primeros detalles. "Probablemente va a ser allá en Mata de Pita, por ahí, porque el terreno que proporcionaba el municipio era muy cerca de la playa, entonces para un hospital no es un terreno muy apropiado", aseguró. En esa misma época cuando Fernando Yunes era alcalde se analizaba qué opciones de terreno había; el ex edil se refería al tema: "Tenemos por lo menos dos opciones, casi todos son en la zona norte en el área rural, ya terrenos grandes en el centro es muy complicado, ellos requieren más o menos cinco hectáreas, entonces es un terreno bastante grande", afirmaba. Para el 2022 se replanteó la necesidad de construir instalaciones adecuadas y de primer nivel para desahogar la demanda que tienen actualmente las clínicas en la región y contar con novedosos servicios médicos. En septiembre de ese mismo año, el Ayuntamiento de Veracruz en la sesión de cabildo número 51 de manera unánime aprobó donar al Seguro Social un terreno en la comunidad de Mata Cocuite para ese objetivo. En esa ocasión se especificó que se trataba de un espacio de 11 hectáreas para edificar un Hospital General Regional (HGR) de 260 camas; una Unidad de Medicina Familiar (UMF) con 20 consultorios; además de 10 consultorios de Enfermería Especializada en Medicina Familiar con Atención Médica Continua; y un Almacén Delegacional de Bienes Terapéuticos. Incluso, la representante del IMSS Veracruz Norte, María de Lourdes Carranza Bernal, declaró que las obras comenzarían en el 2024 y abarcaría áreas que no hay en los hospitales de la zona conurbada. "Contará con tomografías, resonancia magnética, servicios de rehabilitación; es uno de los más completos porque tendremos neurocirugías y otras especialidades complementarias a las que tiene la Unidad Médica de Alta Especialidad", aseguró el 26 de septiembre del 2022. Con ello se pretendía ofrecer una atención más rápida y los derechohabientes ya no tendrían que ser enviados a otras partes para atender las necesidades médicas especializadas como actualmente ocurre. Para esta obra, se contemplaba una inversión superior a los 2 mil 700 millones de pesos; 1 mil 500 empleos de profesionales de la salud; y beneficiar a más de 355 mil personas de la región. Un año después, Jorge Martínez Torres, titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS Zona Norte, afirmaba que en ese periodo el Consejo Técnico tenía que autorizar la donación del terreno que ya había hecho el Ayuntamiento. En una entrevista el 13 de junio del 2023 detalló que los trabajos durarían alrededor de tres años y que entonces el Hospital estaría construido para el 2027. El tiempo pasó y aunque el terreno ya estaba listo y donado por la autoridad municipal, el IMSS nunca inició la construcción del complejo que prometía ser de primera generación para mejorar la atención a los ciudadanos veracruzanos. Así las cosas.
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Denuncian pobladores que tres tramos carreteros Los Tuxtlas, zona centro y sur están inconclusos desde hace más de 12 años MEMORANDUM 3.-
Campesinos de la región de Los Tuxtlas y de las zonas centro y sur del estado denunciaron que tres tramos carreteros están inconclusos desde hace más de 12 años. Por lo anterior, los agraviados exigen a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) la intervención para su terminación. Se trata de los tramos conocidos como "La brecha del maíz" que tiene más de 12 años inconclusa y que comunicaría a los municipios de Catemaco y Soteapan. También se encuentra la carretera que conecta a la comunidad "El Chaparral" del municipio de Juchique de Ferrer, de la que faltan varias etapas, así como también la carretera que conecta a la ciudad de Tierra Blanca con la comunidad La Baraúnda. Una comisión de integrantes de organizaciones campesinas acudió ante las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para solicitar la conclusión de estos proyectos carreteros. La comisión fue encabezada por Tito Ramírez, responsable del sector campesino en el estado y líder en el municipio de Soteapan y fue atendida por la secretaria de Desarrollo Carretero de la SIOP, quien les respondió que se tienen que actualizar los proyectos ante los respectivos municipios. Ramírez señaló que es urgente que la dependencia estatal etiquete recursos para la continuación de estos proyectos carreteros, que beneficiarán a miles de familias campesinas y servirán para impulsar el desarrollo económico de las regiones. El dirigente advirtió que si es necesario, se realizarán algunas comisiones presionadoras con los campesinos afectados para que los funcionarios públicos se comprometan a atender las peticiones y den pronta solución. Ramírez también solicitó que la gobernadora Rocío Nahle García instruya a los funcionarios públicos a no tratar a los ciudadanos como delincuentes. Refirió que, cuando llegaron a la SIOP, estaba todo acordonado por policías y les fue difícil acceder, aunque al final accedieron a recibir el oficio en el que solicitaban la reactivación de los trabajos solicitados. La falta de conclusión de estos proyectos carreteros ha generado un impacto significativo en la región, afectando a miles de familias campesinas y limitando el desarrollo económico de la zona, afirmó. La comisión gestora informó que continuará trabajando para dar seguimiento a este asunto y presionar a las autoridades. La comunidad espera que se resuelva este problema de manera pronta y efectiva para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región.
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