Huerta no quita dedo del renglón: Zepeta debería irse aunque amplíen dirigencias de Morena hasta 2027, advierte MEMORANDUM 1.- Sin quitar el dedo del renglón, luego de que la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, anunció que propondrá al Consejo Nacional ampliar el periodo de las dirigencias estatales hasta después de las elecciones de 2027, lo que abre la posibilidad de que Zepeta continúe en el cargo por dos años más, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara consideró que Ramírez Zepeta debería dejar el cargo, reiterando que dirigencias como la suya “se vuelven floreros porque no tienen mayor función”. “Ella pretende solicitar la ampliación al Comité Ejecutivo Nacional, creo que por un año. La idea es que esto ocurra bajo el argumento de que vienen las elecciones del 27 y estamos en procesos de reorganización territorial”, refirió el senador. Sin embargo, sobre el caso particular de Veracruz, Huerta fue enfático al señalar que la permanencia de Zepeta perjudica al partido. “Yo creo que para el bien del partido deberían ayudar presentando un permiso para no estar en la dirección, porque no hay credibilidad”, sostuvo. El polémico legislador cuestionó que la dirigencia estatal haya recurrido a prácticas que dañan la imagen del partido, como el reclutamiento de alcaldes provenientes de otras fuerzas políticas. “Deberían de ponderar esas actitudes que no ayudan en nada al partido: andarse pirateando a los alcaldes que vienen de otras filiaciones políticas, aunque algunos hayan sido compañeros, no pueden ser actos en decisión de un dirigente, menos si está desacreditado como el que existe en Veracruz”, arremetió. El senador morenista consideró que la ampliación de mandatos partidistas debe acompañarse de mecanismos de revisión interna. “El partido con la decisión que ha tomado de ir a construirse en el territorio democráticamente con una representación que la militancia logre a través de asambleas seccionales en nombre de sus presidentes, sus secretarias o presidentas y secretarios de los comités seccionales, ayuda bastante”, afirmó. Huerta recordó que una de las medidas acordadas por el Consejo Nacional fue establecer una comisión encargada de revisar perfiles. “Una de las medidas adicionales aprobadas por el Consejo Nacional fue hacer una comisión que revise casos polémicos de quien pretende entrar”. Añadió que estos filtros deben garantizar que los aspirantes compartan los principios del partido. “Esto conllevará a revisar que los militantes compartan los perfiles ideológicos que tiene el partido y que no tengan antecedentes de otro tipo”, sostuvo. El senador también planteó que en Veracruz se implemente la capacitación que ya se realiza en otras entidades. “El Instituto de Formación Política Nacional ya inició la capacitación municipal en estados como Durango”, afirmó. “No nada más en capacitación ideológica, sino en seguimiento a todos los que militan y que revisen sus actuaciones, que se les apoye para eso”. Por último, insistió en que las dirigencias deben ser evaluadas con base en sus resultados. “La evaluación y la auditoría política va de acuerdo con los resultados y las acciones políticas que se tienen”, concluyó. De acuerdo con el anuncio de Luisa María Alcalde, a partir del primero de agosto se lanzará una convocatoria nacional para integrar los comités seccionales de MORENA. Así las cosas.
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Denuncia Coparmex que la extorsión es el delito que más golpea al sector empresarial, con impacto directo en las mipymes MEMORANDUM 2.- De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la extorsión es el delito que más golpea al sector empresarial, con impactos directos sobre la operación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y la generación de empleos, por lo que urgió al Congreso a que apruebe la Ley General de Extorsión. De igual forma, el organismo indicó que la extorsión alcanzó la cifra récord de 5 mil 887 víctimas registradas en el primer semestre de 2025, durante la presentación de los resultados del Monitor de Seguridad, y confirmó a Sinaloa (noroeste) como el estado del país con más víctimas de asesinato en el mes de junio, con un aumento del 360% respecto a 2024. “La inseguridad que enfrentamos es alarmante. En Coparmex tenemos claro que ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica”, aseguró Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional del organismo empresarial. También señaló que “la confianza para invertir, emprender y crecer solo es posible en entornos donde la legalidad se respeta y la impunidad se combate con decisión”. El estudio presentado se basa en los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el primer trimestre de 2025, centrándose en los delitos que más afectan al sector productivo. En ese tenor, al presentar el indicador de asesinatos, Jorge Peñúñuri Pantoja, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de la Coparmex, alertó sobre la “fuerte concentración de violencia en algunas regiones”. En ese tenor, los estados de Colima, Sinaloa y Morelos encabezan la lista con tasas de entre 55 y 80 víctimas por cada 100 mil habitantes y destacó que 10 de los 20 municipios más violentos se encuentran en solo cuatro estados: Guanajuato, Michoacán, Morelos y Guerrero. Con relación al delito de robo a negocios, Peñuñuri Pantoja expuso que se abrieron 34 mil 12 investigaciones, una reducción del 9.7% frente al mismo lapso de 2024. No obstante, -subrayó- «el 41.7% de estos robos se cometieron con violencia, lo cual continúa afectando directamente la integridad de trabajadores y propietarios». En términos geográficos, dijo, alarman en especial municipios del Estado de México, como Coacalco, que encabeza la lista con 511.1 carpetas por cada 10 mil empresas. En cuanto a la extorsión, enfatizó su gravedad creciente y expuso que, con 5 mil 887 víctimas en el primer semestre, un aumento del 6.9%, el país alcanzó su nivel más alto desde que existen registros, superando incluso el pico de 2022. Peñúñuri advirtió que este delito limita la operación formal, impone costos ilegítimos y destruye confianza, por lo que se requiere una respuesta firme, integral y sin tolerancia. Por lo anterior, señaló la urgencia de la Confederación de contar con una Ley General de Extorsión que unifique criterios en todo el país, evite la impunidad y permita combatir eficazmente este delito que afecta severamente a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas. El pasado 10 de julio, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una reforma constitucional al Congreso mexicano para combatir la extorsión, con el objetivo de homologar las penas y sanciones en toda la nación, mientras ha echado a andar la Estrategia Nacional contra la Extorsión en el país, donde ocho estados mexicanos acumulan el 66 % de las extorsiones a nivel país (Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán).
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Afirma Iglesia que en materia de seguridad queda mucho por hacer ante la reciente ola de violencia en Veracruz MEMORANDUM 3.- Aunque reconoció que existe un esfuerzo por parte de las autoridades estatales para enfrentar la inseguridad, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enriquez Báez, afirmó que aún queda mucho por hacer ante la reciente ola de violencia que ha cobrado la vida de operadores del transporte público de carga y taxis, lo que ha generado profunda preocupación entre la ciudadanía de Veracruz. El sacerdote católico afirmó que, "como lo hemos dicho en otros momentos, aunque se nota un esfuerzo por combatir la violencia, distintos sectores -como el del transporte- siguen percibiendo la ausencia de condiciones reales de seguridad. Estas personas siguen siendo víctimas de la violencia, lo que sigue afectando profundamente a nuestras comunidades", expresó. El vocero Diocesano reiteró que los hechos demuestran que los resultados todavía no son suficientes. "Sabemos que aún hay trabajo pendiente. Mientras continúen muriendo personas inocentes, ciudadanos que están desempeñando su labor diaria y sufren atentados, no podemos hablar de avances suficientes en este tema", aseguró. Con relación a la movilización realizada el pasado martes por parte del gremio de taxistas, el portavoz diocesano hizo un llamado a establecer un diálogo tripartita entre el Gobierno del Estado, los transportistas y la sociedad civil, para analizar de manera conjunta la problemática del sector. "Al Estado le corresponde regular las tarifas y supervisar el funcionamiento del transporte; pero también es cierto que los taxistas necesitan ingresos suficientes para mantener sus unidades, renovar su parque vehicular y cubrir sus obligaciones. A su vez, la ciudadanía también tiene derecho a opinar y exigir una mejora en la calidad del servicio", explicó. Por último, el sacerdote católico subrayó la necesidad de un diálogo abierto, maduro y sereno entre las tres partes involucradas. "Creemos que solo a través de una conversación honesta y pacífica se podrá encontrar una solución justa que equilibre las necesidades de todos: autoridades, prestadores de servicio y usuarios", concluyó.
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