Coparmex pide pausar reducción de jornada laboral, ahora su temor es que el país caiga en recesión MEMORANDUM 1.- na vez más, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) planteó la integración de un comité tripartito que permita evaluar permanentemente las condiciones macroeconómicas, y en caso de que el país caiga en una recesión, además pide pausa reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Juan José Sierra, presidente del organismo del sector privado, señala que la transición debe ser ordenada y que se establezcan esquemas flexibles de jornadas semanales o quincenales, con base en la operación de cada industria, entre ellas la minería, construcción, turismo o el comercio. “Proponemos una transición ordenada, una implementación escalonada por sectores; una revisión periódica guiada por un comité tripartito conformado por representantes del gobierno, los trabajadores y el sector empresarial, que permita evaluar anualmente si las condiciones macroeconómicas nacionales e internacionales justifican mantener el ritmo del cambio, ajustarlo o reforzarlo”, externa. En el quinto foro para la implementación de la Semana Laboral de 40 horas, que se realizó en Querétaro. Sierra comenta: “Y si en algún momento las condiciones cambian drásticamente, por ejemplo, ante una recesión económica, ese mismo mecanismo debe permitir hacer una pausa, un ajuste o una adecuación temporal sin desviar el objetivo de fondo”. En la inauguración, el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños López, señaló que México se encuentra rezagado en comparación con los países miembros de la OCDE, respecto a la reducción de la jornada laboral. Por ello, reiteró que nuestro país busca, con este cambio laboral, alinearse con los compromisos internacionales del país. Detalla que los beneficios de la reducción de las horas de trabajo ya han sido probados en otros países, entre ellos disminuir la fatiga, los errores en el trabajo, los accidentes, el ausentismo, los conflictos entre la vida personal y laboral. En tanto, Sierra explicó que el comité tripartito sea una instancia similar a la que analiza los incrementos anuales al salario mínimo. “Año con año analizamos con seriedad la inflación, el desempeño económico, el impacto en las empresas y las condiciones sociales. Gracias a ese análisis riguroso, se logró un aumento de más del 150 por ciento en términos reales, sin generar inflación y pérdida de empleo”.
|
Los gobernadores de Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua son dueños hoy de los poderes judiciales locales, advierten MEMORANDUM 2.- La elección del 1 de junio creó “nuevos hilos del control judicial” al debilitar a las presidencias de los sistemas judiciales y redistribuir el poder entre nuevos órganos y gobernadores, lo que podría traducirse en mayores márgenes de impunidad, advierte el Observatorio Ibero sobre el Sistema de Justicia. Ana Laura Magaloni, coordinadora de la iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, explica que los nuevos centros de poder se están reconfigurando en tres frentes: el Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos integrantes fueron elegidos mediante mecanismos dominados por estructuras políticas estatales; el Órgano de Administración Judicial, que incluye representantes del Ejecutivo y el Congreso; y los gobernadores, que ahora controlan estructuras clientelares con capacidad de movilizar el voto en elecciones judiciales locales. Durante un foro académico, Magaloni advirtió que este nuevo control podría traducirse en impunidad para los gobernadores que logren colocar a sus jueces. “La oposición jugó idéntico, pero jugó donde podía jugar: los gobernadores de Coahuila, Durango, Aguascalientes y Chihuahua son dueños hoy de sus poderes judiciales locales... que les van a durar esos nueve años... y eso les garantiza a estos gobernadores una dosis de impunidad”, señala. Magaloni señala que el sistema anterior centralizaba la influencia en las presidencias de la Corte y los tribunales superiores, que podían incidir en la carrera judicial y en el castigo o recompensa a jueces. Esos tiempos, dijo, han terminado: ahora las presidencias duran dos años, no encabezan consejos de la Judicatura y ya no controlan la trayectoria de los juzgadores. “Ya no hay un orden desde el centro”, afirmó. Magaloni anticipó que la justicia se “va a territorializar”, ya que el poder judicial local cobrará un peso decisivo. En el pasado, el amparo federal parecía una instancia superior más imparcial, pero hoy las primeras y segundas instancias serán determinantes, y estarán sujetas a dinámicas políticas locales. Por su parte, el académico Ricardo Ortega Soriano sostuvo que la elección judicial representó un retroceso, al alejar la posibilidad de contar con “árbitros independientes”. Advierte, que los comicios revivieron viejas prácticas de manipulación electoral, como el acarreo de votos, pero también estableció nuevas, como el uso de acordeones para guiar el voto. “La reforma judicial le pega a los pilares de la independencia del sistema”. Afirmó que, si bien México no tenía un sistema de justicia sólido, la reforma no resolvió sus problemas, sino que los agravó. En el foro, los periodistas Daniel Moreno y Gabriela Warketin también presentaron un informe de trabajos periodísticos que documentaron las irregularidades en la elección judicial.
|
Impulsa Morena reforma para interrupción de embarazo hasta 12 semanas, se busca que los servicios de interrupción sean gratuitos y libre de discriminación MEMORANDUM 3.- La diputada María Teresa Ealy Díaz, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma constitucional que busca garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación en todo el territorio nacional. El objetivo es eliminar la criminalización de esta práctica y establecer un marco legal uniforme que garantice acceso universal, seguro, gratuito y libre de discriminación a los servicios de interrupción del embarazo. Ante la Comisión Permanente Ealy Díaz argumentó que negar este derecho perpetúa la subordinación histórica de las mujeres y representa una forma grave de violencia institucional. “Obliga a muchas a recurrir a procedimientos clandestinos e inseguros o a enfrentar embarazos no deseados que vulneran su dignidad e integridad”, afirma. La propuesta plantea modificar el artículo 4º de la Constitución Política para reconocer de manera explícita el derecho de toda persona a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción. La iniciativa resalta que la actual disparidad legal entre las entidades federativas ha generado un escenario de desigualdad, en el que el acceso a este derecho depende del lugar de residencia. Aunque 18 estados han despenalizado el aborto hasta la semana 12, otros mantienen marcos restrictivos que contradicen los principios constitucionales de igualdad, no discriminación y derecho a la salud. La legisladora resalta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha emitido resoluciones clave en la materia. En la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, invalidó disposiciones del Código Penal de Coahuila que criminalizaban el aborto. Posteriormente, en septiembre de 2023, declaró inconstitucionales artículos del Código Penal Federal, obligando a instituciones como el IMSS, ISSSTE y Pemex a garantizar el servicio de aborto de manera gratuita y sin discriminación. Sin embargo, subrayó que, aunque estas resoluciones son vinculantes, no sustituyen a una reforma constitucional que otorgue plena certeza jurídica. “Elevar a rango constitucional el derecho a decidir, elimina ambigüedades, protege frente a regresiones futuras y asegura su aplicación en todo el país”, señala. La propuesta también se fundamenta en compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Protocolo de San Salvador y la Convención de Belém do Pará, los cuales establecen obligaciones para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El texto propuesto para el artículo 4º establece que toda persona tiene derecho a decidir de forma libre, informada y responsable sobre su reproducción.
|
|