Revela Inegi que el 36.3 por ciento de las 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México no tienen una sentencia, lo que habla del pésimo desempeño de fiscales y jueces MEMORANDUM 1.-
Al dar a conocer los resultados de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos federal y estatal (Cnsipef-e) de 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que al cierre del último año, 36.3 por ciento de las 236 mil 773 personas privadas de la libertad en México no tenían una sentencia. En ese tenor, el Inegi precisó que de las 85 mil 547 personas adultas privadas de la libertad que están sin sentencia en el país (36.3 por ciento), 38 por ciento se encontraba en prisión preventiva justificada (impuesta por un juez); 47 por ciento, en prisión preventiva oficiosa (automática al ser acusadas de ciertos delitos); 2.2 por ciento en otro supuesto jurídico y para 12.8 no se identificó el tipo de estatus jurídico. Con relación al 2023, explicó el Inegi, a nivel nacional el porcentaje de personas sin sentencia disminuyó de 37.2 a 36.3 por ciento. Por sexo, 31.2 por ciento de las mujeres y 38.5 de los hombres estaban en prisión preventiva justificada, mientras que 56.4 por ciento de las mujeres y 46.2 de los hombres se encontraban en prisión preventiva oficiosa. Por entidad federativa, el Estado de México y Michoacán reportaron que 100 por ciento de su población privada de la libertad sin sentencia se encontraba en prisión preventiva oficiosa. La falta de sentencia puede llevar a detenciones prolongadas, vulneración de derechos y dificultades para preparar una defensa. De ahí que, con respecto al tiempo de espera de sentencia para las personas adultas privadas de la libertad, al cierre de 2024, 25.6 por ciento de las mujeres y 22.3 de los hombres llevaban 24 meses o más en espera de un fallo. El número de personas privadas de la libertad que están internadas en los centros penitenciarios del país ha venido aumentando año con año desde 2018 hasta 2024, al pasar de 196 mil 322 a 236 mil 773 personas, lo que representó un aumento de 20.6 por ciento en el periodo. Según los Cnsipef-e, México cuenta con 325 centros penitenciarios con una capacidad para albergar 230 mil 168 personas; sin embargo, se han alojado 236 mil 773. En 2024 ingresaron 140 mil 510 personas a los centros penitenciarios y centros especializados; 2 mil 195 a los centros penitenciarios federales (CPF) y 138 mil 315 a los centros penitenciarios estatales y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes (CPE). De estos últimos, 136 mil 753 fueron personas adultas y mil 562, adolescentes. Comparado con 2023, los ingresos disminuyeron 4.9 por ciento, pero es el segundo dato más alto desde 2017. Los centros penitenciarios del estado de México y Ciudad de México registraron la mayor cantidad de población, con 35 mil 771 y 25 mil 584, respectivamente. La tasa de personas privadas de la libertad o internadas por cada 100 mil habitantes a nivel nacional fue de 179. Según el sexo, la tasa fue de 48.8 por cada 100 mil mujeres y de 314.9 por cada 100 mil hombres. Por entidad federativa, Sonora y Baja California registraron las tasas más altas, con 381.0 y 319.2. El delito más frecuente en el caso de las mujeres es federal contra la salud relacionado con narcóticos (34.4 por ciento). En el caso de los hombres, el mayor porcentaje correspondió a ilícitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos (33.7 por ciento). En los centros penitenciarios estatales y centros especializados se reportaron 166 mil 567 delitos. El más frecuente, tanto de mujeres como de hombres, fue robo (25.6 y 27.2 por ciento, respectivamente).
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Dice obispo Raúl Vera que falta mayor “presión organizada desde la sociedad” en el sistema político; más bien falta sensibilidad oficial ante la sociedad MEMORANDUM 2.-
Durante un evento realizado en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México para celebrar los 50 años de servicio pastoral –de los 80 que tiene de vida–, el obispo emérito Raúl Vera López afirmó que si bien ha habido un cambio en el sistema, al terminarse la “dictadura del partido” Revolucionario Institucional que duró 70 años, falta una mayor “presión organizada desde la sociedad”. Entre aplausos, poesía y música regional, el sacerdote que ha encabezado diversos centros de derechos humanos estuvo acompañado de su familia, activistas y víctimas, algunas de ellas entre sollozos relataron sus casos y cómo él ha marchado a su lado para exigir justicia para las víctimas de diversas violaciones a derechos humanos, como la masacre de El Charco hasta Ayotzinapa. El sacerdote fue reconocido como el “padre de las víctimas”, pues ha tenido la sensibilidad de andar “en un camino tan espinoso como es la lucha contra la impunidad”, refirió Efrén Cortez Chávez, sobreviviente de la masacre de El Charco, perpetrada el 7 de junio de 1998. Vera López recordó como siendo estudiante de ingeniería química, en el Centro Universitario Cultural, en un curso de la orden religiosa de los dominicos, entendió que él debía pagar al pueblo toda la formación que estaba recibiendo. “Ellos fueron los que me dieron algo diferente, y allí decidí que yo en lugar de quedarme en el proceso de ingeniero químico, me fui a preparar con los frailes dominicos y quiero decirlo: fue una inversión extraordinaria”, expresó. El sacerdote dijo sentirse alegre de que haya cambiado el sistema, “de que se haya acabado una dictadura de partido”, aunque –acotó– “todavía hay muchos rezagos, muchos hábitos de grandeza”. En su medio siglo de lucha, el padre dominico ha sido defensor perseverante de los derechos de los indígenas, campesinos, migrantes, víctimas de la violencia vicaria, trabajadores de las carboneras, del medio ambiente, y otros grupos vulnerables que han sufrido diversas violaciones. “Ha sido imprescindible el impacto social y político que ha tenido su acompañamiento”, reconoció Soledad Hernández Mena, hija del luchador social Arturo Hernández Cardona, víctima de desaparición forzada y asesinado hace 12 años. Por su parte, Obtilia Eugenio Manuel, representante de la Organización del Pueblo Indígena Me’Phaa, afirmó que, a diferencia de otros sacerdotes, Vera López los ha escuchado y los ha acompañado en diversas luchas para liberar a presos inocentes y en la defensa de los 14 indígenas esterilizados bajo engaños en 1998, en Ayutla de los Libres. Jorge Tzompaxtle, uno de los tres detenidos en 2006 por policías federales, arraigados y privados de su libertad por más de dos años, reconoció el apoyo del prelado, quien como el ex obispo Samuel Ruiz, usó su palabra para que fueran escuchados y se comprobara su inocencia y la injusticia que estaba cometiendo el Estado mexicano. Es “un verdadero sacerdote que se inclinó por el lado de los pobres, de la gente que lucha y que ha sufrido injusticias tanto del poder y las empresas”, concluyó.
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Acnur dejaría de brindar ayuda humanitaria hasta por 11.6 millones de pesos a personas refugiadas y otras forzadas a huir en el mundo MEMORANDUM 3.-
Hasta 11.6 millones de personas refugiadas y otras forzadas a huir en el mundo corren el riesgo de perder este año el acceso a la asistencia humanitaria directa que proporciona la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), debido a los importantes recortes en los presupuestos. La Agencia destacó que en el caso de América, países como México, Colombia, Ecuador y Costa Rica, el no contar con un estatus legal reconocido implica que esta población esté expuesta “a una pobreza creciente y a una inseguridad prolongada, al quedar excluidas del empleo formal y con una mayor exposición a la explotación y al abuso”. En abril pasado, el representante en México de la Acnur, Giovanni Lepri, confirmó que en su caso su presupuesto para 2025 ha disminuido en 60 por ciento y que los impactos ya se resentían con el cierre de cuatro oficinas en Tuxtla, Palenque y Tenosique, Chiapas, y una en Guadalajara, Jalisco; además de la rescisión de 190 personas y la reducción de apoyos a albergues y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a la que le otorgaba en promedio el doble del presupuesto que le asigna el gobierno federal. De acuerdo con un informe que difundió hoy la agencia de la ONU sobre los recortes presupuestales y sus impactos, en las Américas, la violencia, la persecución, las violaciones de derechos humanos y la inseguridad siguen impulsando el desplazamiento, mientras que en varias operaciones, las graves brechas de financiación han limitado las inversiones en digitalizar y reforzar los sistemas de asilo, así como en promover los esfuerzos de regularización. Destacó que los recortes “están socavando” los esfuerzos realizados para encontrar soluciones a largo plazo. Los incentivos para voluntarios refugiados también se han visto gravemente afectados, lo que pone en riesgo servicios vitales y elimina una fuente regular de ingresos para estas personas, afirmó. Dijo que la disminución en el financiamiento a programas de integración local en países como Colombia y Ecuador también exponen a las personas obligadas a huir a un mayor riesgo de xenofobia. “La suspensión de los programas de asistencia a los desplazados internos y la reintegración de los retornados está generando presión sobre las comunidades locales y provocando más desplazamientos”, apuntó. La Acnur afirmó que en total se están recortando o suspendiendo programas esenciales a nivel mundial por valor de 1.4 millones de dólares, según el análisis de los programas y fondos recibidos por la agencia este año. Las necesidades de financiación para 2025 ascienden a 10 mil 600 millones de dólares. A mitad de año, sólo se ha cubierto 23 por ciento, puntualizó. En un informe publicado hoy destacó que prevé cerrar el año con 3.5 millones de dólares en fondos disponibles, aproximadamente el mismo nivel que tenía hace una década, a pesar de que el número de personas obligadas a huir casi se ha duplicado, alcanzando los 122 millones. “Millones de personas se están enfrentando a un deterioro de sus condiciones de vida, mayores riesgos de explotación y abuso, y podrían verse obligadas a desplazarse nuevamente”, afirmó. La Acnur subrayó que la falta de recursos ha obligado a pausar el traslado de personas llegadas a áreas fronterizas hacia lugares más seguros, en países como Chad y Sudán del Sur, dejando a miles varadas en zonas remotas. En Uganda, las tasas de desnutrición están aumentando en algunos centros de recepción, con acceso limitado a agua potable y alimentos. En los campamentos que acogen a refugiados rohingya en Bangladesh, la educación de unos 230 mil niños está en riesgo de ser suspendida, y todo el programa de salud de Acnur en Líbano corre el riesgo de cerrarse a finales de año. La ayuda financiera y la entrega de artículos de emergencia se han reducido en 60 por ciento a nivel mundial, y los programas de alojamiento se han visto gravemente recortados. En Sudán del Sur, 75 por ciento de los espacios seguros para mujeres y niñas apoyados por Acnur han cerrado, dejando a hasta 80 mil mujeres y niñas refugiadas, incluidas supervivientes de violencia sexual, sin acceso a atención médica, apoyo sicosocial, asistencia legal, ayuda material o actividades generadoras de ingresos. Los recortes también están afectando, de forma preocupante, dijo, al reasentamiento y al retorno seguro y voluntario de personas refugiadas. Alrededor de 1.9 millones de afganos han regresado a su país o han sido devueltos desde principios de año, pero la ayuda financiera para los retornados apenas alcanza para comprar alimentos, mucho menos para pagar el alquiler.
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