Por fallas, Nahle instruye revisión a SIOP y SPC del Pirata Fuente; Cuitláhuac gastó 1 mil 700 mdp para remodelarlo MEMORANDUM 1.- Luego de que se viralizó una imagen en redes sociales en la que, desde una zona de gradas del estadio Luis “Pirata” Fuente, resulta imposible observar lo que ocurre en la cancha debido a la ubicación de una torre de la construcción, que obstruye la visibilidad, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, instruyó al titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo Cornejo Serrano, así como a la Secretaría de Protección Civil estatal, a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, realizar una revisión en el estadio para determinar si existió un mal diseño en su remodelación. Y es que, durante la administración del ex gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez – el peor gobernador de la historia de Veracruz - se destinaron al menos mil 694 millones de pesos a las tres etapas de remodelación, que implicaron la reconstrucción casi total del estadio. Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria estatal afirmó: “Primero le voy a decir a Protección Civil que vaya. Para mí lo más importante es la seguridad”. Nahle García añadió que también pedirá a Cornejo Serrano una supervisión detallada del diseño, ante la posibilidad de que existan obstrucciones que afecten la visibilidad de los asistentes. “Y luego le voy a pedir a Leonardo Cornejo que este, que vaya a hacer una supervisión del diseño (…), donde hay obstrucciones que no debe haber; que vaya a ver dónde hay obstrucciones o donde el estadio esté fuera de diseño. Que el estadio está fuera de diseño”, insistió. La polémica surgió luego de que se compartieran fotografías que evidencian que una torre construida en el inmueble obstaculiza la vista de los espectadores en ciertos sectores. Además, los usuarios denunciaron irregularidades como escalones sin concluir. Al respecto, Nahle García sostuvo que cualquier situación anómala puede ser corregida con la intervención adecuada. “Miren, en ingeniería todo se puede. Todo se puede en ingeniería, todo se resuelve, todo; se hacen grandes puentes sobre el nivel del mar, se hacen túneles abajo del mar. En ingeniería se hacen muchísimas cosas. Bueno, pues si esto tiene algo fuera de diseño, pues lo tienen que corregir. Nada más”, concluyó.
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Embarazo infantil de niñas de entre 10 y 14 años tiene su origen en delito de pederastia; es un fracaso del gobierno: Equifonía MEMORANDUM 2.- Con todas sus letras, integrantes de la asociación civil Equifonía denunciaron que todo embarazo infantil, en niñas de entre 10 y 14 años, tiene su origen en un delito y representa un fracaso del gobierno. “La existencia de cientos de partos en niñas menores de 15 años evidencia no solo violencia sexual, sino también fallas institucionales por parte del sistema de justicia, el sector salud y los gobiernos municipales. Cada nacimiento que ocurre en niñas menores de 15 años es un fracaso del gobierno porque estamos hablando de víctimas de pederastia. Estamos hablando de niñas”, acusaron. La organización documentó casos en los que los hospitales no notifican a la Fiscalía cuando una niña llega embarazada, o bien, la Fiscalía no responde a los avisos. Estas omisiones afectan la cadena de custodia, ya que el tejido fetal puede ser evidencia clave y no se preserva conforme al protocolo. También se reporta inacción por parte de los sistemas DIF municipales, que legalmente deben brindar acompañamiento con enfoque de restitución de derechos. No se realizan diagnósticos de daño ni se garantiza acceso a salud, educación o justicia. “Hay niñas que fueron obligadas a parir tras ser violadas por hombres de 44 o 50 años, y ni siquiera existe registro oficial del agresor. No hay carpetas de investigación, no hay justicia, y las niñas siguen siendo revictimizadas por el propio sistema que debería protegerlas”. Además, las integrantes de Equifonía advirtieron que, pese a tratarse de víctimas de pederastia, las instituciones del sector salud vulneran sus derechos al negarles el acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE). En ese sentido, denunciaron la falta de coordinación con la Fiscalía General del Estado, lo que impide identificar y sancionar al agresor. En Veracruz, más de 600 niñas de entre 10 y 14 años dieron a luz durante 2024, ubicando al estado en el tercer lugar nacional en embarazos infantiles, solo detrás de Chiapas y el Estado de México. La organización Equifonía atribuye esta situación a la falta de coordinación entre instituciones públicas y a la omisión sistemática del Estado. En ese tenor, las abogadas y defensoras de los derechos humanos, Araceli González Saavedra, Adriana Fuentes Manzo, y Mary Beda Patlax, solicitaron a la gobernadora Rocío Nahle García y a la Fiscal General del Estado Verónica Hernández Giadáns que informen cuáles serán las medidas que se tomarán para garantizar los derechos de las niñas y adolescentes que permita poner un alto a los embarazos y nacimientos. Alertaron que los nacimientos en niñas de 10 a 14 años demuestran que la Secretaría de Salud de Veracruz y Dirección de Servicios de Veracruz (Sesver); así como las derechohabientes del IMSS- Bienestar; IMSS o ISSSTE no ofrecen a las menores de edad su derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE), y tampoco denuncian a la Fiscalía General del Estado (FGE). Hay casos en los que el sector Salud si ofreció el derecho al IVE y si lo practicó, pero no dio parte a la FGE, entonces no hubo castigo para el hombre que cometió pederastia. “Lo que nos dicen es que se debe garantizar la cadena custodia, porque aun cuando se practica la IVE, el caso se almacena porque no acuden ante la FGE, y lo mantienen en resguardo debe haber una mejor atención. Nos parece que la Gobernadora y la Fiscal tendrían que estar informando cuáles son las medidas que se toman para garantizar esta coordinación porque cada nacimiento que ocurre es un fracaso de gobierno”, reiteraron. Los nacimientos en niñas menores de 15 años se concentran en los municipios de San Andrés Tuxtla, con 25 casos; Veracruz, con 22; Papantla, con 18; Perote, también con 18; Coscomatepec y Las Choapas, con 16 cada uno; Xalapa, con 14; La Perla, con 12; Catemaco, Coatzacoalcos y Cosoleacaque, con 11 cada uno. Equifonía consideró que los embarazos infantiles no se concentran únicamente en zonas indígenas o de usos y costumbres, sino en colonias urbanas con altos índices de marginación. En ese sentido, Araceli González Saavedra informó que la mayoría de los nacimientos en niñas de 10 a 14 años, provienen de hogares que viven en condiciones de pobreza extrema. “No se les garantizan los derechos y se les está profundizando la vulnerabilidad en la que ya viven. La violencia sexual es un indicador de una serie de vulneración de derechos de estas niñas, se deben tomar medidas urgentes para que el daño causado a las niñas se reduzca. Es un fracaso de gobierno porque no se garantizaron sus derechos, las niñas deben estar estudiando y no gestando”, acusaron. Por lo anterior, la organización denunció que en hospitales como el de Yanga se ha brindado información deficiente o errónea a niñas y sus familias, lo que ha provocado que desistan del acceso a la interrupción legal del embarazo o desconozcan la posibilidad de dar en adopción al recién nacido. Por último, Equifonía exhortó al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General de Veracruz y a la Secretaría de Salud a informar públicamente qué medidas están aplicando para garantizar una verdadera coordinación interinstitucional ante los embarazos infantiles y la violencia sexual contra niñas. Así las cosas.
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Gobierno de Cuitláhuac García inscribió a mil 496 personas fallecidas como beneficiarios de programas alimentarios; ASF detecta daño patrimonial MEMORANDUM 3.- Cada vez con más frecuencia salen a la luz pública las fechorías del ex gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez y su pandilla de la colonia Progreso comandada por su primo hermano, el ex subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, incrustada en el manejo del dinero público a través de las direcciones administrativas de las dependencias, como el DIF Estatal. Prueba de ello son las observaciones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2024, donde se asienta que el gobierno del “honesto” gobernador – según la cantaleta de Andrés Manuel López Obrador cada que venía a Veracruz – registró como beneficiarios de los programas alimentarios del DIF estatal a mil 496 personas fallecidas, así como a beneficiarios fuera del rango de edad. Lo anterior, bajo la gestión de Rebeca Quintanar Barceló al frente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). De acuerdo con la ASF, en la última Cuenta Pública del ex gobernador García Jiménez, se detectó un presunto daño patrimonial por 70 millones de pesos, de los cuales 16 millones 842 mil 733 pesos corresponden al DIF Estatal por no acreditar la identidad de los beneficiarios de los programas “Atención a Población en Condiciones de Emergencia”, “Alimentación Escolar Fría”, “Alimentación Escolar Caliente” y “Atención Alimentaria en los primeros mil Días”. La ASF también observó que dentro de los padrones de beneficiarios de los programas alimentarios, al confrontar los datos con la Secretaría de Salud, se verificó que en los programas “Alimentación Escolar Fría”, “Alimentación Escolar Caliente”, “Atención Alimentaria en los primeros mil Días”, “Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios” y “Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre”, donde estaban inscritos estos beneficiarios, el DIF destinó 3 millones 469 mil pesos. También se detectó que se destinaron 547 mil pesos para otorgar apoyo alimentario a 275 beneficiarios del programa de “Alimentación Escolar” que se ubicaron fuera del rango de edad. Durante el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Estado proporcionó información relacionada con apoyo de gastos funerarios para 9 beneficiarios por un monto de 85 mil pesos, con lo que se solventa parcialmente lo observado. De igual forma, al revisar la Clave Única de Registro de Población (CURP) de 3 mil 10 beneficiarios de los programas de desayunos escolares, los nombres de los menores no se localizaron en la matrícula de alumnos escolarizados de nivel básico. De igual forma, la información de 3 mil 456 beneficiarios fue capturada con errores y, en el caso de 2 mil 542 beneficiarios de los programas “Alimentación Escolar Fría”, “Alimentación Escolar Caliente”, “Atención Alimentaria en los primeros mil Días”, “Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios”, “Atención Alimentaria a Personas en Situación de Emergencia o Desastre” y “Salud y Bienestar Comunitario”, la CURP no se localizó en las bases de datos del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO). Así las cosas en tiempos de Cuitláhuac García, el peor gobernador de la historia de Veracruz.
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