De cara a la renovación de los poderes judiciales en México, ONU-DH pide comprometerse con erradicación de tortura en el país MEMORANDUM 1.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a los poderes judiciales a comprometerse de manera efectiva a la erradicación de tortura en el país. En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, y de cara a la renovación de los poderes judiciales en México, animó particularmente a las autoridades encargadas de impartir justicia a excluir de manera integral toda prueba obtenida mediante tortura o cualquier otra violación a derechos humanos. Señala que, para dicha exclusión, se requiere que las autoridades judiciales tengan la capacidad de realizar una revisión inmediata, independiente e imparcial de las investigaciones, de las detenciones y de los procesos penales; estén dotadas de las capacidades técnicas necesarias para ello, y actúen libres de cualquier influencia, presión, amenaza o intromisión indebida. Indica: “El respeto a la independencia judicial es esencial para materializar un control efectivo del quehacer de las instituciones encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia, así como para salvaguardar los derechos de las víctimas de tortura”. De manera especial, alenta a que los jueces de control funcionen “como auténticos garantes de los derechos de las personas desde las etapas iniciales del proceso penal, en particular al momento de verificar la legalidad de la detención”. La ONU-DH señala que de igual forma, resulta fundamental que las personas procesadas que opten por un procedimiento abreviado lo hagan libres de toda coacción, con pleno conocimiento de sus alternativas y sus consecuencias, y que gocen en todo momento de una defensa adecuada. Además, señala que la tortura está prohibida de forma absoluta. “Esta práctica aberrante lesiona la dignidad inherente al ser humano, trastoca la integridad de las personas, socava la confianza en las instituciones y es un medio para la fabricación de culpables. Dada su naturaleza intrínsecamente perniciosa, nada justifica su uso. Los problemas de inseguridad y violencia no deben combatirse mediante actos adicionales de injusticia”. La Oficina reconoció igualmente aquellas resoluciones que han tutelado el principio de exclusión de pruebas ilícitas, y saludó la adopción de herramientas y políticas judiciales y administrativas orientadas en la misma dirección. Alentó a que, en el futuro, impere el principio de progresividad y que los avances registrados se preserven, expandan y profundicen.
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De cara a su desaparición, el 13 de agosto el CJF celebrará su última sesión; trasciende que Norma Pina se prepara para irse del país MEMORANDUM 2.-
El próximo 13 de agosto será la última sesión de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), ya que el primero de septiembre se extinguirá y dará paso al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) y al Órgano de Administración Judicial (OAJ). En ese contexto, el CJF dio a conocer el acuerdo que establece las disposiciones relativas a la conclusión de labores del Pleno, al igual que de las comisiones permanentes, órganos auxiliares, comités, autoridad garante y áreas administrativas, así como la encargada de atender los conflictos laborales, y que integran el actual organismo que tiene a su cargo la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación. Todas las actividades del CJF concluirán entre el 1 y el 7 de agosto. El acuerdo indica que a partir del 16 de julio de 2025 se suspenden los plazos y términos procesales en todos los asuntos que son del conocimiento del Pleno, las Comisiones Permanentes, Órganos Auxiliares, Comités, Áreas Administrativas, así como la Comisión de Conflictos Laborales del Consejo de la Judicatura Federal. Esta suspensión se mantendrá hasta que los nuevos órganos competentes determinen lo que corresponda. Lo anterior, dice, no implica la paralización de los asuntos; por tanto, las áreas pueden seguir actuando en su trámite. Respecto a la continuidad operativa, indica que las Unidades Administrativas, Órganos Auxiliares, Comités, así como la Comisión de Conflictos Laborales, en términos de lo previsto por el artículo Sexto Transitorio del Decreto, deberán continuar con la tramitación de los asuntos de su competencia, debiendo procurar su culminación al 13 de agosto de 2025. Asimismo, las denuncias y quejas administrativas competencia del Consejo recibidas a partir del 16 de julio de 2025 serán radicadas por el área correspondiente, reservándose su trámite a los órganos de nueva creación que entrarán en funciones el 1 de septiembre de 2025, salvo los casos en que, por la urgencia, se justifique su atención inmediata”. Apunta que los asuntos aprobados con anterioridad a la emisión de este acuerdo general que no hayan culminado el trámite de los engroses correspondientes, deberán hacerlo en el plazo de 5 días hábiles a partir de la entrada en vigor del presente. “Los asuntos resueltos durante la vigencia de este Acuerdo General y hasta la celebración de la última sesión deberán culminarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a su resolución. En este caso, el plazo para la presentación de votos o aclaraciones correrá simultáneamente al periodo indicado”. El documento añade que del 16 de julio de este año se suspende el turno a las ponencias para formular proyectos de resolución. Ha trascendido que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, estaría preparando su salida de México, ante un clima político adverso y posibles investigaciones sobre el manejo de recursos públicos en el Poder Judicial. De acuerdo con el periodista Mario Maldonado en su columna publicada en El Universal, indican que Norma Piña ya habría iniciado trámites para solicitar asilo en España, específicamente en la ciudad de Santander, aunque también contempla una alternativa en Canadá. La razón de su posible salida estaría relacionada con el temor a represalias por parte del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en medio del impulso de la reforma judicial que ha puesto bajo la lupa el actuar de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de la ministra ni del Poder Judicial sobre estas versiones.
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INE abre 50 expedientes por quejas contra acordeones vinculados a Morena en elección judicial; A la Presidenta ya le molesta el tema MEMORANDUM 3.-
Por irregularidades derivado de la entrega de acordeones en la elección judicial, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió 50 expedientes por quejas por uso de (inducción al voto). Asunto que derivó en un enfrentamiento de Morena y los partidos de oposición sobre la autoría de las guías de voto, y también de la identidad de quienes impugnan estos comicios. Durante la sesión ordinaria de consejo general fue presentado el más reciente informe de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE, la cual recibió del 20 de marzo al 20 de junio, 288 quejas, la mayoría (261) interpuestas por la ciudadanía, 16 por partidos políticos y cuatro por servidores públicos; además siete fueron abiertas de oficio. Del total de quejas, 69 se refieren a hechos en contra de candidaturas a ministros de la Suprema Corte, aunque las denuncias también fueron interpuestas hacia ciudadanos, medios de comunicación, funcionarios, páginas de redes sociales, partidos políticos y hasta en contra de universidades. En ese contexto, la UTCE abrió 275 procedimientos especiales sancionadores por actos relacionados con la elección judicial: 65 por presuntas irregularidades en participación en foros y debates; los 50 mencionados por inducción al voto (acordeones); 36 por violación al artículo 134 constitucional (propaganda electoral indebida); 35 por violencia política contra las mujeres en razón de género; 22 contratación o adquisición de tiempo en radio y televisión; 17 por contratación de propaganda en redes sociales y/o internet, y siete por uso indebido de la pauta. Asimismo, seis por temas relacionados con la divulgación de encuestas, un número igual por calumnia, y cuatro o menos por otros conceptos (propaganda alusiva a partido político, actos anticipados de campaña, vulneración a la veda electoral, propaganda electoral en equipamiento urbano, vulneración al interés superior del menor de edad, incumplimiento al pautado, y utilización de símbolos religiosos). La diputada del PRI, Marcela Guerra Castillo, abrió el debate al señalar que las quejas por el uso de acordeones se dieron tanto a nivel federal “como entidades como Nuevo León”. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum “reconoció abiertamente que las candidaturas que ganaron eran afines al movimiento de transformación”, por lo que la declaración es una confesión. Sin embargo, dijo Guerra Castillo, la firmeza del INE frente al tema de las irregularidades ha sido respondida con “amenazas de nuevas reformas electorales desde la Presidencia de la República, como si el problema no fuera el uso indebido de recursos o la manipulación del voto, sino la existencia de una autoridad electoral autónoma”. La legisladora priista expresó: “Sabíamos que tras el fracaso de la elección judicial vendría la narrativa de culpar al INE”. En la réplica, el representante de Morena, Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, afirmó que la oposición persiste en una actitud de simulación, al decir que es la sociedad civil organizada la que impulsa las impugnaciones contra la elección judicial, cuando lo cierto es que tras ello se ocultan nombres de personas de sus propias filas. “¿Defensa de la democracia? No señores y señoras, no nos engañemos, es el viejo régimen disfrazado de sociedad civil, intentando volver por la puerta trasera”. Citó directamente a los grupos que ha interpuesto recursos y juicios para intentar anular la elección judicial “como Defensores, proyecto Justicia en Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico y Poder Ciudadano, forman parte de una red que grupa a miembros y operadores de los partidos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano”. Cabe recordar que Sheinbaum Pardo, indica que hace falta una reforma electoral pues “Son un grupo de consejeros del INE que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo”.
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