Reelección consecutiva distorsionó el principio de representación política, pues permitió que ciertas élites se perpetúen en el poder: Sheinbaum MEMORANDUM 1.-
Hasta hace una década, la prohibición de la relección consecutiva permitió una renovación constante de los cuadros de la vida pública nacional. Sin embargo, durante el periodo neoliberal se dio un paso atrás en esta lucha. En 2014, se incorporó a la Constitución la relección consecutiva para ciertos cargos públicos, los de legisladores federales y locales, presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales, con la aspiración de favorecer la rendición de cuentas y motivar a quienes ocupen esos cargos a responder a las necesidades del electorado, ganando su confianza bajo la promoción de un nuevo mandato. Lamentablemente, en la práctica ese propósito no se alcanzó. Lejos de fomentar la cercanía de los servidores públicos con las demandas sociales, la reelección consecutiva distorsionó el principio de representación política, pues permitió que ciertas élites se perpetúen en el poder y mantenga el control de cargos públicos estratégicos para avanzar sus propios intereses”, y en lugar de fomentar la rendición de cuentas, la relección consecutiva se convirtió en una herramienta de ciertos grupos de poder para negociar y monopolizar la toma de decisiones, sin tomar en cuenta las prioridades y preocupaciones de su electorado”. En ese sentido, prohibir la relección continua de legisladores federales y locales, alcaldes, regidores, síndicos y consejales, que ahora se permite, así como impedir el nepotismo electoral, son los ejes centrales de la reforma constitucional que la presidenta Claudia Sheinbaum remitirá al Senado. Wn ese contexto, el presidente de esa cámara, Gerardo Fernández Noroña, comenta que la iniciativa aún no llega a ese órgano del Congreso, pero esperan recibirla en breve. Aclara que la modificación a tres artículos de la Carta Magna no se incluye la eliminación de los legisladores por lista, los conocidos como “plurinominales”, como se ha especulado desde la derecha. En la iniciativa, a la que se tuvo acceso, la presidenta Claudia Sheinbaum resalta que la propuesta es regresar al espíritu antireleccionista que dio vida a la Constitución de 1917, además de prohibir las prácticas de nepotismo en materia electoral, ya que son corrupción. Por ello, se establece como requisito de idoneidad para quienes pretendan participar para un cargo de elección popular, que no tengan o hayan tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección, un vínculo de matrimonio, concubinato, relación de pareja o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que ocupa el cargo por el cual participan”. La prohibición del nepotismo, se agrega, es para garantizar que accedan a cargos públicos por la vía de una elección quienes e tienen los méritos, habilidades, capacidades y experiencias requeridas para ocuparlo, y no por quienes “su única valía es tener un vínculo familiar con quien ocupa la posición de mando en el puesto al que se aspira. Por lo que se refiere a la relección, la Ejecutiva federal destaca que ese principio ha sido esencial en la lucha por frenar la concentración de poder y la perpetuación de la toma de decisiones en manos de una élite política. “La Constitución política mexicana, promulgada en 1917 es un triunfo de la lucha anti antirreeleccionista. La reformas de 1933 que extendieron la prohibición de reelección a las personas legisladoras, fueron también una base un avance trascendental para fomentar la renovación de los cargos públicos”. Y es que, adicionalmente, “la posibilidad de relección consecutiva tiene implicaciones directas sobre equidad en los procesos electorales”, toda vez que quienes buscan un nuevo período inmediato tienen ventajas considerables en los comicios frente a las personas que buscan ocupar el cargo por primera vez”. Entre ellos, el acceso a los medios de comunicación, reconocimiento con la gente, derivado de haber ocupado previamente la posición en juego y ello “ genera asimetrías que imposibilita la competencia justa y que disminuyen los procesos democráticos. La reelección consecutiva, por tanto pon en riesgo la integridad de los procesos democráticos y socava la confianza pública en las instituciones gubernamentales.” De la prohibición a la relección quedan exentos jueces, magistrados y ministros, tanto federales como locales, toda vez que en la reforma judicial promulgada del 15 de septiembre del año pasado, prevé principios, reglas y procedimientos distintos a cualquier elección popular de otro cargo”. En cuanto al nepotismo se destaca en la exposición de motivos de la iniciativa que “en su acepción más amplia es una forma de corrupción, ya que una persona aprovecha su cargo para otorgar empleos o favores a familiares y amigos, sin considerar su idoneidad, sino que sólo se limita a una cuestión emocional o una lealtad personal”. Al ser el nepotismo una forma de abuso de poder que anula la confianza en las instituciones y promueve desigualdades es necesario erradicar esta práctica para eliminar cualquier sesgo o sospecha de legitimidad en los cargos de elección popular. Prohibir el nepotismo electoral evita la concentración de poder y la realización de actos de corrupción, al quitar la posibilidad de qué una persona puede ocupar un cargo público por tiempo prolongado. Asimismo, “permite el surgimiento de nuevos líderes que contribuyen con su energía y creatividad al desarrollo de nuestro país”. Se hace notar que aunque en la Constitución no hay referencia expresa al nepotismo electoral, ni cualquier otra forma de nepotismo, en varias leyes secundarias si se se regula esa figura. Por ejemplo, en la ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley Federal de Austeridad , el Código Penal Federal, así como la Ley de la Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación., entre otros. En el Senado se espera que la iniciativa llegue a principios de la próxima semana, a fin de darle entrada en la sesión del martes. El senador Fernández Noroña consideró importante que se elimine el nepotismo y recordó los casos del entonces gobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, quién pretendía dejar en su lugar a su esposa, la senadora Maricarmen Ramírez, lo que provocó una crisis en elPRD o la intención de Martha Sahagún de suceder en la presidencia al panista Vicente Fox. Tanto esa iniciativa, como las demás de leyes secundarias presentadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, saldrán en este período de sesiones, comentó.
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Alertan empresarios del CCE que ley del Infonavit sí pone en riesgo los recursos de los trabajadores MEMORANDUM 2.-
Aunque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que la reforma al Infonavit ponga en riesgo el ahorro de los trabajadores y aseguró que el objetivo es combatir la corrupción, de acuerdo con Edi Alberto Martínez Tejeda, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Veracruz- Boca del Río, hay preocupación entre los empresarios por la posible aprobación de la Ley del Infonavit que ha impulsado el gobierno federal y que después de ser avalada en la Cámara de Diputados se discute en el Senado de la República. Y es que, el dirigente empresarial afirmó que Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es de los más representativos de México; maneja más de 2.4 billones de pesos y su conformación es tripartita en donde están representados los trabajadores, los patrones y el gobierno. Por lo anterior, consideró importante que los legisladores tomen en cuenta varios aspectos para que el Infonavit siga siendo funcional, como el hecho de que la Asamblea y el Consejo designen a su director y no sea impuesto por el gobierno federal. Otra propuesta es que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda sean las que supervisen la totalidad de la operación y que la Auditoría Superior de la Federación sea un mecanismo complementario en la revisión. "El tercer punto que me parece importante y que no debemos dejar pasar es que la Asamblea General sea el máximo organismo de gobernanza; el cuarto punto es que la constructora filial del Infonavit sea parte del Instituto". Al cuestionarlo si el Consejo Empresarial ve un riesgo para los ahorros de los trabajadores, refirió que sí, “se pone en riesgo el ahorro de los trabajadores porque no estaría supervisado por estos tres órganos, sobre todo por los mismos trabajadores que están representados por parte de los sindicatos, al igual que los patrones que somos los que aportamos a esta institución". Habría que recordar que líderes empresariales y sindicales advirtieron que con la Ley que se discute en el Senado, se pondrían en riesgo 350 mil millones de pesos que tiene el organismo en recursos circulantes porque con ella no se contemplan mecanismos de supervisión para esos fondos.
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Ante silencio del Consejo de la Judicatura INE, ratifica en comisiones marco geográfico para la elección judicial del domingo 1 de junio MEMORANDUM 3.- El Instituto Nacional Electoral (INE) únicamente aplicó “ajustes” en cuatro entidades federativas al marco geográfico que se utilizará para la elección judicial del domingo 1 de junio próximo, ratificando en comisiones el resto, esto ante el silencio del Consejo de la Judicatura Federal. Los ajustes tienen como objetivo equilibrar la población en cada zona, pero deja los mismos circuitos judiciales y distritos electorales delineados en diciembre pasado. “No vamos a cambiar el número de distritos, nada más vamos a ajustarlos para que sean equilibrados en términos del padrón electoral”, dice Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. Durante una sesión conjunta con la comisión organizadora de esta elección extraordinaria, respondió a quienes han criticado la creación de los denominados distritos electorales judiciales. “Este marco geográfico electoral atiende estrictamente a criterios poblaciones y abstractos; nosotros, como INE, no vemos preferencias electorales; ¿cómo vota el ciudadano y cómo ha votado en el pasado? es una cuestión que le corresponde a cada elector. “Cuando nosotros definimos la geografía electoral, para esta elección o para cualquier otra, simplemente no vemos las preferencias del electorado en cada demarcación, porque si las viéramos necesariamente tomaríamos decisiones que serían contrarias al principio de imparcialidad; esto es, definimos con base en criterios estrictamente abstractos y poblacionales”. Castillo aclaró también que la finalidad de este acuerdo – que será votado en consejo general la semana próxima- es dotar de certeza y definitividad al marco geográfico para que todas las personas tengan certeza sobre cómo van a operar. Los ajustes se dieron en el Estado de México, Jalisco, Morelos y Tamaulipas para que “sea más o menos parejo el número de electores” en cada territorio. Jorge Montaño, presidente de la comisión temporal de seguimiento a los preparativos de la elección, ratificó que “efectivamente, no hay ninguna modificación a los distritos judiciales sino atender la manera en que sea más fácil votar y distribuye de manera muy equilibrada el donde votar”. Confió en que este acuerdo y los ajustes sean confirmados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como el “escenario óptimo para poder tener certeza en esta elección. Aquí la finalidad es que la ciudadanía salga a votar y la elección sea nuevamente todo un éxito”. El siguiente punto aprobado fue el relacionado al procedimiento para la asignación de las candidaturas de los cargos, para elegir en cada distrito judicial electoral según materia o especialidad de esta elección judicial. Alejandro Sosa, director del Registro Federal de Electores, puntualizó que el proyecto se relaciona con aspectos cartográficos. “En efecto, cuando se trata de elegir personas magistradas y juzgadoras se realizará por circuito judicial y la asignación de cargos electos se realizará por materia de especialización entre las candidaturas que obtengan el mayor número de votos, así se procura que toda la ciudadanía elija al menos un cargo en materia penal y se asegura la misma oportunidad de elegir representantes, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial”. Señaló que las listas de candidatos que entregará el Senado de la República al INE, a partir del 12 de febrero, contenderán a las candidaturas por circuito judicial y previsiblemente por materia judicial, los cuales serán incluidos en las boletas. sin embargo, añadió, habrá algunos circuitos que por su tamaño deben estar subdivididos en distritos judiciales electorales. El marco geográfico electoral incluye la subdivisión de 32 circuitos judiciales electorales en 60 distritos judiciales electorales; a su vez, en 17 de estos circuitos no se contempla subdivisión alguna, mientras que en los 15 restantes se deberán formar dos o más distritos judiciales en su interior. Por ejemplo, la Ciudad de México tendrá once distritos judiciales electorales. Ahora bien, el número de cargos a elegir en cada distrito judicial electoral corresponde a materias de distinta naturaleza, como la penal, administrativa, civil, mercantil, competencia económica, mixtos, especializados en trabajo, entre otras. Por tanto, surge la necesidad de contar con un procedimiento para definir que cargos específicos, en cada especialidad, se asignarán a cada distrito judicial electoral, a fin de tener “una asignación completamente imparcial”. El procedimiento se hará de manera pública. Castillo detalló que durante la sesión de este viernes se aprobó qué personas pueden votar, en qué territorios y por cuales cargos. Ahora, con este segundo tema, “lo que estamos diciendo es qué vamos a hacer con las candidaturas que nos presente el Senado de la República la próxima semana, porque esas candidaturas van a estar en principio distribuidas por circuito. “Es decir, no están asignadas las candidaturas a un juzgado penal o en materia administrativa específica, dentro de los distritos judiciales; entonces, lo que estamos diciendo aquí es ‘estas candidaturas cuando lleguen, por ejemplo, la lista de candidaturas para la Ciudad de México, lo que haremos es sortearlas, en un mecanismo completamente ciego, sin ver nombres, para asignar quienes van a competir en el distrito judicial uno, para renovar ese juzgado penal, quienes en el dos, quienes en el tres y así sucesivamente”. Esto, añadió, es solo con fines de claridad, para que las personas sepan en que distrito van a hacer campaña.
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