Cientos de mexicanos son deportados de USA por normas que entraron en vigor el 5 de junio y que restringen derecho al asilo MEMORANDUM 1.- Mientras el Gobierno de Joe Biden celebra el "éxito" de las nuevas restricciones al asilo en la frontera sur, los migrantes mexicanos expulsados denuncian que sus temores, por las extorsiones y amenazas de muerte en sus lugares de origen, fueron ignorados por las autoridades. Activistas en EU y México corroboran que ésta es la nueva realidad tras la entrada en vigor de las restricciones: cientos de mexicanos deportados a diario sin haber pasado por ningún tipo de filtro para asegurarse que no van a ser retornados a situaciones de peligro. Y es que, las normas, que entraron en vigor el pasado 5 de junio, restringen el acceso al asilo en Estados Unidos salvo algunas excepciones. Las mismas están pensadas para levantarse cuando las detenciones en la frontera bajen a 1.500 diarias, algo que no sucede desde 2020. En ese tenor, más de media docena de mexicanos que fueron devueltos al país tras haber cruzado a Arizona cuentan que, aunque expresaron a la Patrulla Fronteriza sentir miedo de ser deportados o pidieron solicitar asilo, no se les permitió presentar sus casos. Las restricciones al asilo eximen sobre el papel a las víctimas de trata de personas y a quienes se enfrenten a una amenaza inminente contra su vida o su seguridad. También contemplan un filtro más estricto para solicitar protecciones diferentes al asilo. Sin embargo, las autoridades ya no están obligadas a preguntar a los migrantes si tienen miedo de ser devueltos o quieren solicitar asilo y el peso recae en ellos, que deben pedir ser escuchados. En el sector de Tucson, que comprende 421 kilómetros de frontera y abarca casi todo el estado de Arizona, la mayoría de los cruces irregulares son de mexicanos. Lo anterior, porque por la cercanía territorial es más sencillo para las autoridades migratorias expulsar a las personas de este país, por encima de otras nacionalidades para las que se necesita un vuelo de deportación. Como parte de las nuevas restricciones, a los mexicanos ahora se les está expulsando con una deportación exprés, que conlleva una prohibición de cinco años para entrar a EU. Pero las autoridades no les están entregando el papeleo que certifica que han sido deportados, por lo que muchos no son conscientes de esa penalidad. En el albergue San Juan Bosco, en el lado mexicano, se evidencia ya el impacto de los cambios en la política migratoria. "Antes del 5 de junio atendíamos entre 30 y 50 deportados diarios. Ahora son entre 120 y 180", todos ellos mexicanos, aseguró Francisco Lourerio, director del refugio, a la agencia EFE. La mayoría, un 95 %, "han expresado que fueron desplazados por la violencia, que tienen miedo", calcula el activista. Lo mismo ha visto Pedro de Velasco, director de Educación e Incidencia de la Iniciativa Kino, una ONG que trabaja con migrantes a ambos lados de la frontera. Desde que se impusieron los cambios, casi el 80 % de las personas que están atendiendo son deportadas. A finales de 2023 esta cifra era solo de 16%. Las restricciones, anunciadas en medio de un año electoral donde la gestión de la migración se ha convertido en un tema central, son para el experto una decisión "política". "La preocupación más grande ahora son las personas mexicanas, que no tienen a dónde más ir", relató. "Deberían poder acercarse a EE.UU. y pedir asilo". Tal es el caso de Laura, madre de tres hijas, quien conoce esta realidad porque la vivió en carne propia: "Somos nada más los mexicanos los que estamos siendo deportados y yo quiero saber por qué no se nos está dando la oportunidad". Ella esperó horas en el desierto de Arizona hasta que los agentes de migración llegaran. Quería contarles cómo tuvo que dejar la ciudad donde vivió 31 años, cómo primero llegaron las extorsiones y luego las amenazas de muerte y cómo, si volvía, estaba en riesgo su vida y la de su familia. Pero cuando por fin la detuvieron y la llevaron a un centro, se encontró con otra pared: "Todos dicen que no hablan español, que no pueden ayudar", dijo la mujer, originaria de Ciudad de México, desde un refugio en Nogales, Sonora, ocho días después de haber sido expulsada por las autoridades estadounidenses al otro lado de la frontera.
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Sin presentar evidencias o pruebas, asegura López Obrador que refinería Olmeca ya refina combustible MEMORANDUM 2.- A menos de 100 días de dejar la presidencia e irse a La Chingada, su rancho en Palenque, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue montado en sus otros datos. Y es que, sin presentar evidencias y respaldado sólo por sus dichos, aseguró este sábado en Yucatán, que la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco, ya refina combustible y que al dejar la presidencia no quedará ningún pendiente de este proyecto. Al salir del hotel en el que se hospedó en la ciudad de Mérida, a donde acudió para supervisar los trabajos del Tren Maya, López Obrador fue cuestionado sobre la producción de combustible ya refinado, del que se ha señalado que, a dos años de la inauguración de la refinería Olmeca el 1 de julio de 2022, ésta sigue sin refinar ni un litro de crudo. Y su respuesta fue: "Ya está produciendo, está refinando". El mandatario tiene programado visitar Tabasco, donde una de sus visitas obligadas será la refinería Olmeca. López Obrador estaba acompañado de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, con quien lleva a cabo desde el pasado viernes el tercer recorrido por varios estados del país y que ahora fue por el sureste, como parte de la transición de gobierno, aseguró que todo va bien en su administración. En ese tenor, López Obrador aseguró que “no habrá pendientes en esta obra”, de la que aseguró, todo marcha de acuerdo con lo planeado. El aún inquilino de Palacio Nacional dijo que este lunes 1 de julio, cuando se cumplirán seis años de su triunfo electoral, hablará de la Cuarta Transformación. "Yo creo que vamos bien, bastante bien, y el lunes vamos a hablar de eso, y si vamos bien es porque la gente ha estado apoyando, solo el pueblo puede salvar al pueblo", concluyó.
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Exigen activistas de la diversidad sexual políticas públicas en apoyo a ese sector de cara al cambio de gobierno MEMORANDUM 3.- De cara al cambio de gobierno, de acuerdo con la activista y psicóloga social Gloria Careaga, algunas de las líneas que es necesario trabajar en materia de diversidad sexual y género son: políticas públicas que vayan más allá de los periodos de gobierno, establecer procedimientos de seguimiento y sanción ante violaciones a los derechos de la población, fortalecer el alcance de las instituciones involucradas en la materia y, como punto de partida, reforzar los estudios estadísticos sobre la situación de la población en diversidad sexual y de género. La activista consideró que la lucha y la disposición pública de organismos públicos y privados para el pleno reconocimiento de los derechos de todas las personas, sin menoscabo alguno de la diversidad sexual y de identidad de género, no debe limitarse a un día o un mes del año. En ese sentido, refirió que la fecha conmemorativa por la que este sábado se realiza la marcha del orgullo LGBT+, en vísperas del próximo cambio de gobierno federal, es un marcador ideal para analizar la agenda política sobre el avance, pero sobre todo los pendientes en la garantía de los derechos de esta población. Por lo anterior, Gloria Careaga, maestra en Psicología Social, catedrática de la UNAM y directora de la Fundación Arcoíris, como lesbiana feminista defensora de Derechos Humanos, aseguró al diario El Economista: “El problema que tenemos enfrente es que hasta hoy ningún gobierno nos ha incluido de manera clara en su plan nacional de desarrollo”. Refirió que si bien aparecen en el listado de grupos que sufren discriminación y a los que supuestamente no habría que discriminar, “no hay un interés específico en conocer cuál es la situación en que viven las personas LGBT+”. Agregó que el punto base es que hay un rezago estadístico sobre la situación social de la población LGBT+ en México, lo cual vulnera la posibilidad de impulsar políticas públicas dada la carencia de sustento demográfico, económico y social. La Directora de la Fundación Arcoiris explicó que, en 2019, el Inegi anunció el lanzamiento de una encuesta piloto sobre el tema. “En ésta se consultó a un universo de 4,000 personas que sirvió como punto referencial para establecer un universo representativo, la logística del levantamiento y el mejoramiento del cuestionario sobre identidad sexual y orientación de género, de cara a la posterior creación de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y Género (Endiseg) 2021, cuyos resultados se dieron a conocer en junio de 2022. Sin embargo, no ha habido nuevas versiones de dicho estudio”, lamentó. “Hoy en día, el Inegi presume que ya investigó sobre población LGBT+, pero solamente nos tomó la foto, cuando realmente no está incorporando la orientación sexual y la identidad de género en todas las encuestas que realiza, que se supone que fuera la función final que tenía el proyecto. Entonces, uno de los reclamos y exigencias que estamos haciendo desde Fundación Arcoíris es que el Inegi nos incorpore en las estadísticas nacionales porque, mientras no estemos en ellas, no se sabe realmente quiénes somos, en qué condiciones vivimos y cuáles son las necesidades que tenemos. Si el Inegi nos tomara en serio y cuando hace sus encuestas laborales o todas las encuestas económicas que realiza, nos incorporara, tendríamos un panorama más claro”, aseguró. Por otro lado, Careaga señaló que en 2015, diversas organizaciones para la defensa de la población LGBT+ presentaron una propuesta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para elaborar una serie de diagnósticos sobre la situación de dicha población, entre los que se encontraban rubros como la salud, la educación, el trabajo y el acceso a la justicia, que ofreció un trabajo estadístico profundo, pero no hubo continuidad ante un cambio constante de la población en el país. “Estos estudios deberían de estar ocurriendo año con año, o por lo menos cada cinco años, para que fuéramos viendo cuál es la evolución de la población LGBT+, si va mejorando sus condiciones o no”, agregó. Sobre los avances legales en la materia, dijo que a través del tiempo, se han logrado algunas reformas legales importantes, “pero eso es resultado de nuestra gestión. No es una iniciativa del gobierno. Nosotras hemos estado tocando la puerta, exigiendo, dialogando con las y los parlamentarios para que esas reformas tengan lugar. Pero, después, ¿qué pasa con esas reformas? Nos quedamos en el papel”, lamentó y agregó: “incluso cuando logramos el reconocimiento del matrimonio igualitario, ni siquiera se ha logrado de manera homogénea en el país”. Explicó que a lo largo de los sexenios, ha habido algunos nichos federales y locales desde los que se muestra plena voluntad política, pero remarca que eso no es suficiente, sino que es necesario establecer un proyecto de continuidad política más allá de los periodos en cargos políticos y esto solamente puede lograrse con avances legislativos. “Por ejemplo, ahorita que el director del Infonavit (Carlos Martínez Velázquez) es un hombre abiertamente gay, pues claro que las puertas están abiertas y percibimos que en esta gestión hay personal que está abierto a tomar en cuenta a las parejas homoparentales y homosexuales para los créditos de vivienda, pero no es ninguna garantía que todos los gobiernos lo van a hacer”, refirió. Careaga señaló que la reforma lograda más reciente en favor del reconocimiento de los derechos de la población LGBT+ sucedió en abril pasado, cuando, después muchos años de lucha, el Poder Legislativo finalmente aprobó sendos cambios sobre la Ley General de Salud y el Código Penal Federal para prohibir y sancionar las llamadas “terapias de conversión” en el país. La puesta en vigor de dichas reformas se hizo efectiva el pasado 8 de junio con su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, la activista consideró que les gustaría saber cuáles son las acciones que el gobierno va a desarrollar para identificar los centros en los que se realiza la ‘terapia de conversión’, cuáles son los transitorios que garantizan su aplicación, porque, además, la implementación de las leyes de prohibición está sucediendo en varios de los estados, pero no existe alguien que esté haciendo el análisis sobre si esas leyes se parecen o son distintas ni cómo se van a instrumentar. “Es decir, nos parece importante celebrar cuando se alcanzan logros como éste, pero también debemos estar conscientes de que falta lo más importante: el cómo se ponen en marcha y cómo garantizamos que las reformas legales se conviertan en acciones de gobierno”, refirió. En ese sentido, Careaga insistió en que los lastres más importantes de la gestión gubernamental son que el Ejecutivo no tiene un programa de gobierno que garantice la protección de los derechos. Y plantea: “¿cuál es el derecho que el gobierno está protegiendo para las personas LGBTIQ+? No vemos ni siquiera el de no discriminación, porque no hay ninguna campaña. Hasta ahora, todo queda en la declaración”. Añadió que instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), hasta el 2018 tenía una encuesta anual sobre discriminación y las acciones que se iban desarrollando para mermar ese estado de discriminación, “pero eso se acabó en 2018. “Es preocupante que se frenen estos procesos en los que íbamos avanzando, que eran el mínimo, pero eran importantes para el cambio de cultura. El problema del Conapred es que lo dejaron chimuelo, de ser una institución autónoma, con todas las facultades, lo redujeron a su mínima expresión. Ahora, no debemos demeritar el trabajo de las personas que trabajan en el Consejo, están haciendo su chamba, pero no tienen con qué operar”, concluyó.
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