No funcionan ni fiscales carnales ni fiscalas carnalas porque obedecen al Ejecutivo y eso no funciona, advierte Manuel Huerta MEMORANDUM 1.- Aunque hasta el momento no hay una confirmación oficial sobre la posible salida de Verónica Hernández Giadáns de la Fiscalía General del Estado, pese a que en el Congreso local se discute una reforma que podría modificar el proceso de nombramiento y remoción del titular de ese órgano, de todos modos el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que la posible salida de la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns no garantizaría mejoras en la procuración de justicia si su reemplazo responde a intereses políticos. "Cambiar a una para poner a otro ya vimos que no funciona. No funcionan los fiscales carnales ni las fiscalas carnalas porque obedecen al Ejecutivo y eso no funciona", aseguró el legislador de Morena, al rechazar que la solución sea la sustitución de funcionarios sin una reforma de fondo. De acuerdo con Huerta Ladrón de Guevara, tras las reformas al Poder Judicial se requiere una transformación en la procuración de justicia para asegurar la independencia del titular de la Fiscalía General respecto del Poder Ejecutivo. Y es que, agregó que la falta de autonomía en las fiscalías estatales ha generado problemas similares en otras entidades del país. "La reforma que está ahorita es parte de la reforma al Poder Judicial, que es la administración de la justicia. Pero para que funcione deberíamos de ir también a la procuración de justicia. Tiene que ser autónoma", afirmó. En ese sentido, citó el caso de Morelos, donde acusó que algunos fiscales han contribuido a mantener altos índices delictivos en lugar de combatirlos. "No van a resolver el problema quitando a uno y poniendo a otro", reiteró. El senador también cuestionó que algunos funcionarios se promuevan para ocupar la Fiscalía de Veracruz en caso de que Hernández Giadáns deje el cargo. En ese sentido, consideró que estas aspiraciones responden a cálculos políticos más que a un interés por mejorar la procuración de justicia. "Ya eso es pura grilla, pura politiquería barata aquí. Se ve que no tienen mucho qué hacer. Eso es lo que digo yo. Que se pongan a trabajar todos", agregó.
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Denuncian cadena de extorsión de policías municipales de Emiliano Zapata a comensales de restaurantes con la venia del alcalde MEMORANDUM 2.- Vaya caso, mientras la gobernadora Rocío Nahle García tiene como uno de sus principales ejes de trabajo impulsar el turismo para poner de moda a Veracruz, conductores y comensales que acuden a los restaurantes y bares de Cerro Gordo, Rinconada, Dos Ríos y Palo Gacho denunciaron que los policías municipales de Emiliano Zapata, con la venia del voraz alcalde Erick Ruíz Hernández, en lugar de velar por la seguridad, se han convertido en cazadores de automovilistas para extorsionarlos. Los testimonios coinciden en que el modus operandi de los oficiales se ha convertido en un patrón: detener a quienes salen de estos establecimientos con el pretexto de detectar aliento alcohólico. Si el conductor muestra signos de haber consumido alcohol, es trasladado a la cárcel municipal en Dos Ríos, mientras que su vehículo es conducido por un agente. Aunque oficialmente se impone una multa administrativa, la verdadera exigencia económica llega después: sumas de hasta 25 mil pesos para evitar que el automóvil termine en un corralón, negocio que presuntamente mantiene vínculos con los mismos elementos policiacos, presuntamente, obedeciendo órdenes del munícipe. De acuerdo con fuentes internas, este esquema no es una iniciativa individual, sino un sistema impuesto por los mandos policiacos. Agentes de menor rango han expresado su inconformidad, asegurando que reciben órdenes directas de un comandante identificado como "Platas", quien establece las cuotas de dinero que deben recaudar. El castigo para quienes no cumplen con estas exigencias es claro: son relegados a labores secundarias en módulos de vigilancia dentro de unidades habitacionales o comunidades alejadas, perdiendo el acceso a patrullas y operativos. Sin embargo, en la cadena de corrupción también estarían involucrados empleados de bares y restaurantes, quienes supuestamente informan a los oficiales sobre qué clientes han consumido alcohol y qué vehículo conducen. A través de mensajes de WhatsApp, envían detalles sobre las unidades, permitiendo a los policías interceptarlas con certeza. Este sistema ha generado desconfianza entre los visitantes de estos establecimientos, quienes temen ser víctimas de una detención arbitraria bajo el disfraz de un operativo de tránsito. Ante la inacción del presidente municipal, ciudadanos y algunos elementos policiacos han solicitado la intervención de la gobernadora Rocío Nahle. Argumentan que la policía municipal ha excedido sus funciones al actuar como agentes de Tránsito y de la Guardia Nacional, descuidando la seguridad de las comunidades y zonas residenciales. Además, existe la preocupación de que estas prácticas estén protegidas por altos mandos, bajo la justificación de recaudar dinero para instancias superiores de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional División Caminos, además de autoridades edilicias. Los agraviados pidieron que las autoridades estatales investiguen a fondo estas acusaciones y frenen los abusos de poder que han convertido a la policía municipal en una amenaza para quienes solo buscan disfrutar de una comida o una salida en familia. Así las cosas.
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Veracruz reportó 40 eventos de violencia político-electoral en 2024, revela informe de DataCívica y México Evalúa MEMORANDUM 3.- Según el informe Votar entre balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México, elaborado por DataCívica y México Evalúa, el estado de Veracruz reportó 40 eventos de violencia política-electoral durante el año 2024. El informe destacó que en lo que va de 2025, al menos un político ha sido asesinado: los hermanos Juan y Carlos Daniel Neri Rodríguez, siendo este último el secretario del Ayuntamiento de Paso del Macho. La estadística de 2024 coloca a Veracruz en el séptimo lugar a nivel nacional en cuanto a los estados con más reportes de violencia político-electoral. El informe precisa que durante el mes de diciembre de 2024 se registraron tres asesinatos de funcionarios en Veracruz. El 9 de diciembre, fue asesinado el diputado federal Benito Aguas. A este crimen se sumaron el homicidio del policía municipal Alberto Carrera, de Camerino Z. Mendoza, ocurrido el 31 de diciembre en el municipio de Nogales, y el asesinato de Nicolás Cruz, policía municipal de Villa Aldama, ocurrido el 24 de diciembre en la localidad de Cerro de León. En comparación con otras entidades, el informe señala que Guerrero fue el estado con más casos de violencia, con 76 eventos registrados. Le siguen Guanajuato con 69, Puebla con 68, Chiapas con 65, Michoacán con 46 y Morelos con 41. El informe también destaca un aumento constante en la violencia político-electoral en los últimos años, pasando de 78 casos en 2020 a 177 en 2021, 486 en 2022, 570 en 2023 y alcanzando los 656 casos en 2024, año en que se registraron elecciones federales y en algunos estados.
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