Entra en vigor Reglamento de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres, en Xalapa MEMORANDUM 1.- Aunque aún no se ha especificado cuánto costará la obtención de los dictámenes ni las sanciones por incumplimiento, a partir de este 23 de agosto, los propietarios de edificios en Xalapa, tanto públicos como privados, enfrentarán una nueva obligación que surge del Reglamento de Protección Civil y Reducción del Riesgo de Desastres, aprobado recientemente. El reglamento, publicado el pasado martes en la Gaceta Oficial del Estado, marca la pauta en la gestión de riesgos en la ciudad, al tiempo que incrementa los ingresos municipales. De acuerdo con el nuevo marco regulatorio, no solo se fortalecen las medidas de prevención y seguridad en Xalapa, sino que aumenta la corresponsabilidad en la gestión de riesgos, alineando las acciones de los propietarios con las necesidades de protección civil en la ciudad. Al respecto, el Ayuntamiento de Xalapa ha señalado que estas disposiciones son fundamentales para garantizar la seguridad estructural de los inmuebles y para enfrentar de manera efectiva las emergencias provocadas por fenómenos naturales o accidentes. Uno de los cambios clave es la obligación de los propietarios de obtener un Dictamen Estructural, emitido por un especialista, que confirme que el edificio cumple con los estándares de seguridad necesarios. El dictamen deberá ser renovado cada dos años, y si no se presentan modificaciones o daños relevantes, puede ser actualizado con una Responsiva Técnica firmada por un perito. Adicionalmente, los establecimientos que manejen o almacenen gas natural, licuado, o productos derivados del petróleo, deberán obtener un Dictamen de Gas, el cual debe ser expedido por una Unidad de Verificación acreditada por la Secretaría de Energía. El dictamen, que tiene una vigencia de cinco años, certifica que las instalaciones cumplen con las normativas oficiales correspondientes. Aunque el reglamento asegura la inclusión de fondos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para mejorar la respuesta ante desastres, también introduce una nueva carga económica para los dueños de edificios, quienes deberán asumir el costo de estos dictámenes.
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Corredor Interoceánico tendrá impacto positivo en los puertos y el T-MEC, prevén empresarios navieros MEMORANDUM 2.- De acuerdo con un análisis difundido en la Gaceta de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros AC (AMANAC), el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tendrá un impacto positivo en los puertos que se encuentran dentro del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), al favorecer el nearshoring, es decir, las rutas marítimas cortas. La AMANAC es una institución defensora de los intereses de los agentes navieros, que funge como un órgano de representación ante autoridades, prestadores de servicios, sindicatos de trabajadores marítimos-portuarios, asociaciones y cámaras gremiales nacionales e internacionales. "A medida que el T-MEC avanza, México se enfrenta a desafíos y oportunidades significativas, el país está una posición estratégica para beneficiarse del aumento en la relocalización de cadenas de suministro (nearshoring), ya que las empresas buscan acercarse a los mercados de Estados Unidos y Canadá", señaló la AMANAC. En este contexto, para José Daniel Ruiz Flores, de la Naviera Tomás Ruiz, señaló que Coatzacoalcos es uno de estos puertos y representa una gran ventaja logística y económica para el traslado de mercancías en las rutas de los océanos Atlántico y Pacífico. "Nosotros vamos a representar un ahorro muy importante, sí tenemos un nicho y sí tenemos que explotarlo, el otro punto es que los puertos comerciales se analizan bajo dos aspectos: desde el punto de vista de su área de influencia interior y exterior", afirmó. El naviero indicó que la posición del CIIT conecta a México con la ruta Asia-Pacífico, China-Japón-Corea, la Costa Oeste de Estados Unidos y Canadá, mientras que del otro lado es el Atlántico del Norte, la Costa Este de Estados Unidos y Canadá, así como los países europeos. La AMANAC afirmó que es necesario reforzar la protección de los derechos laborales y ambientales de los tres países, pues el T-MEC tiene un impacto considerable en la industria marítima y portuaria de México, toda vez que el comercio en este rubro es crucial para el intercambio de mercancías. De ahí que el aumento del tráfico marítimo, las inversiones en infraestructura portuaria, desarrollo de zonas económicas especiales, así como la sostenibilidad y normativas ambientales sean áreas claves de impacto para los puertos del CIIT. El inminente aumento del tráfico marítimo de mercancías entre los tres países es una oportunidad para los puertos mexicanos de expandir y mejorar su infraestructura para así manejar mayores volúmenes de carga. La modernización portuaria en México debe incluir mejoras en tecnología, capacidad de manejo de carga y eficiencia operativa, lo que favorecerá el interés de países europeos y asiáticos para que los recintos del Interoceánico sean un destino que permita el ahorro de tiempo y combustibles. En ese sentido, José Daniel Ruiz consideró que al usarse el CIIT se tendrían 2.6 viajes redondos más, lo que representan ingresos adicionales por fletes en un año, así como 12 días y 10 horas menos, 3 mil 862 millas náuticas menos y ahorros por 620 mil dólares, tomando en cuenta precios de febrero de 2023. "Esto en consumo de combustibles es una fortuna... lo que sí es cierto es que tenemos 12 días menos... sí les conviene por un lado y por otro lado ya está bien diseñado el Corredor Interoceánico, las vías férreas están concesionadas a una empresa propiedad de la nación que se llama Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec", señaló el empresario. Con relación a las nuevas rutas marítimas, Ruiz Flores afirmó que el transbordo interoceánico (movimiento de barcos) en el Golfo de México sería similar al del Mar Mediterráneo porque está rodeado por estados como Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana, Texas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, en los que operan 20 puertos comerciales en Estados Unidos y seis en México. "Se podría renacer un intercambio comercial entre ellos como se aplica en varias zonas de Europa (Mar Mediterráneo Mar Báltico y alrededor de las islas británicas) aplicando el Shortsea System (sistema de distancias cortas)", expresó. Ante esta posibilidad se incrementaría el intercambio comercial de productos agrícolas, petroquímicos y comerciales que se generan en estos 26 puertos situados en el Golfo de México, teniendo a Coatzacoalcos como el punto de referencia, al ser el otro extremo del CIIT en dicho puente terrestre. Si bien la AMANAC hace hincapié en la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) alrededor de los puertos para así favorecer los acuerdos del T-MEC, precisamente algunos de los Podebis están cercanos a los puertos: Coatzacoalcos 1, Coatzacoalcos 2, Salina Cruz, los dos de Puerto Chiapas, Dos Bocas y Progreso. De éstos, tres ya se encuentran licitados a Mota Engil México, que se encuentra en la fase de mecánica de suelo, para posteriormente iniciar el desarrollo y explotación de dichos predios. "Estas zonas (económicas especiales) pueden convertirse en centros logísticos clave para la manufactura y distribución de productos", precisó la AMANAC. Por otra parte, la sostenibilidad y normativas ambientales que implica el T-MEC obligan a la industria marítima a operaciones que incluyan el uso de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes. "El T-MEC representa una nueva etapa de oportunidades y retos para México, especialmente el ámbito marítimo y portuario, con el aumento del comercio y las nuevas disposiciones del tratado México tiene la oportunidad de fortalecer su infraestructura portuaria, atraer inversiones y fomentar el desarrollo económico sostenible", puntualizó la AMANAC.
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Luego de 8 años y miles de quejas, Grupo MAS podría perder concesión del Agua en Veracruz y Medellín MEMORANDUM 3.- Ocho años y miles de quejas ciudadanas después de que la empresa del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, S.A. de C.V. obtuvo la concesión de agua potable de Veracruz y Medellín de Bravo y de que prometió invertir durante los primeros 30 años siete mil millones de pesos para mejorar el sistema de saneamiento, eficiencia y calidad del agua en ambos municipios, estaría a punto de perder la concesión que inicialmente duraría 3 décadas. Como se recordará, fue en 2016 cuando el entonces gobernador Javier Duarte de Ochoa, junto con el presidente municipal de Veracruz, Ramón Poo Gil, y su homólogo de Medellín de Bravo, Luis Gerardo Pérez, celebraron un acuerdo con empresarios del Grupo MAS para cederles la concesión de agua potable. Incluso, en aquella ocasión, presumieron la inversión que este grupo, formado por Aguas de Barcelona (Agbar) y la empresa brasileña Odebrecht Ambiental, haría en la zona conurbada. La promesa de Grupo MAS era invertir durante los primeros 30 años siete mil millones de pesos para mejorar el sistema de saneamiento, eficiencia y calidad del agua en los municipios de Veracruz y Medellín, de acuerdo con lo que se dio a conocer entonces por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). La licitación se había acordado más de un año antes, en la Gaceta Legislativa número 97 del Estado de Veracruz, las empresas InterAgbar de México y Odebrecht Ambiental ganaron la Licitación Pública Internacional (LPI) número LPI-SAS-DAF-001/15 el día 09 de junio de 2015, esto sin ser una sociedad aún, pues fue el día después de la firma, el 10 de junio de 2015, cuando se formó el consorcio ProVeracruz, S.A.P.I. de C.V. Las obligaciones que el Grupo MAS tiene, de acuerdo con la Gaceta Oficial Número 514, con fecha lunes 26 de diciembre de 2016, son atender la eficiencia y calidad de los servicios concesionados de agua, alcantarillado y saneamiento. Además, debían resolver los problemas que había entonces en esos rubros. Otro de los puntos acordados era buscar soluciones a los conflictos con los trabajadores sindicalizados del ahora extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS), quienes hasta la fecha siguen manifestándose para exigir ser reinstalados en sus puestos. Angélica Navarrete, dirigente del extinto sindicato teniente José Azueta del SAS, ha denunciado que la actual empresa concesionaria, Grupo MAS, no cuenta con personal suficientemente capacitado para operar las plantas potabilizadoras ni tampoco para resolver los problemas de falta de mantenimiento que se generan. El Grupo MAS apenas llevaba unos meses en funcionamiento y operación, en 2017, cuando comenzaron las primeras protestas en su contra. Fugas, agua de mala calidad, y falta del servicio eran algunos de los reclamos. También los altos costos con los que operaban. Para el 2020, sumaba 9 mil quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y 16 amparos en contra. Esto a pesar de que existía un árbitro, pues el Congreso del Estado autorizó el día 22 de septiembre del 2016, la creación del Instituto Metropolitano del Agua (IMA). Sin embargo, asociaciones civiles han reclamado en múltiples ocasiones que no lleva a cabo sus funciones ni vigila el cumplimiento de Grupo MAS. Integrantes del Movimiento Ciudadano Independiente (MOCI) comenzaron a manifestarse desde mayo de 2022 en la plaza Lerdo de Xalapa para exigir que se retirara la concesión del agua potable a la empresa Grupo MAS , sin embargo, dos años después, sus representantes reconocen que no había voluntad para retirar la concesión. El diputado morenista que presidía la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, Fernando Arteaga Aponte, fallecido el pasado 4 de julio, presentó en varias ocasiones un reporte en el que afirmaba que la empresa Grupo MAS estaba operando con irregularidades, que incluso provocan daño a la salud de los usuarios. Por su parte, Marcos Isleño, el actual Alcalde de Medellín de Bravo, dijo el 28 de julio del 2023 que se deslindaban de Grupo MAS y sus servicios, luego de 7 años de estar bajo su operación. Señaló que la decisión se tomó debido a múltiples quejas por cobros excesivos, así como las denuncias por el suministro de agua de mala calidad a los usuarios. En 2019 diversas agrupaciones, entre ellas la agrupación Acción Ciudadana, representada entonces por Lourdes Mireya Hernández Cortés, alertó que estudios realizados por laboratorios especializados y certificados por la Secretaría de Salud, en el agua de la zona conurbada, determinaron que su calidad era tan mala, que ponía en riesgo la salud de los veracruzanos. En octubre del 2020, hartos del mal servicio, otro grupo de ciudadanos llegó a las oficinas del Grupo MAS, ubicadas en Santos Pérez Abascal, en el puerto de Veracruz, y lanzaron jitomates y huevos contra el edificio, como protesta por los malos tratos y la falta de respuesta ante las constantes quejas En 2022 tres hospitales de Veracruz se quejaron por las malas condiciones en las que llega el agua. Entonces, el diputado Fernando Arteaga, afirmó que tres hospitales le pidieron su intervención debido a que la calidad del agua era muy mala, incluso llegaba turbia. A este llamado también se sumaron varios restaurantes de la conurbación, pues el agua llegaba en tan malas condiciones, que no les permitía lavar de forma adecuada los trastes, y tenían que adquirir sistemas de filtrado para poder obtener agua de mejor calidad. El pasado 13 de junio, debido a las constantes quejas por las fallas en la administración del agua, el presidente Andrés Manuel López Obrador instó a las autoridades de Veracruz a revisar la concesión otorgada al Grupo MAS. Para el 24 de julio, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Delia González Cobos, afirmó que es el Congreso Local el que debe decidir si se retira la concesión o no a Grupo MAS. Afirmó que desde febrero pasado el órgano que representa entregó una auditoría en la que se evidenciaban las irregularidades existentes en la operación de la concesionaria. “En la emisión de la Cuenta Pública 2021 se demostraron los incumplimientos por parte del Grupo MAS, eso se presentó ante el Congreso, pero el Legislativo debe instruir una nueva revisión porque el Grupo MAS es una empresa privada y no un ente público”, expresó. La representante del Orfis señaló que con estos resultados, sí se podría retirar la concesión, sin embargo, no se han visto avances en el tema. Mientras tanto, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ya levantó la mano como posible sustituto en caso de que se retire la concesión a Grupo MAS.
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