Emergencia en Plaza Xanat de Xalapa: 7 personas resultan intoxicadas en la alberca del gimnasio; Detienen a dos empleados de funeraria de Xalapa por levantar un cuerpo en Emiliano Zapata sin esperar a la Fiscalía MEMORANDUM 1.- Al menos siete personas resultaron intoxicadas cuando se encontraban en el área de alberca de un gimnasio de la plaza comercial Xanat, en Xalapa, lo que provocó una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia la tarde de este domingo. El incidente generó preocupación entre usuarios y visitantes del centro comercial, quienes observaron el despliegue de ambulancias y personal especializado. De acuerdo con los reportes, tres de los afectados requirieron traslado a hospitales de la ciudad para una evaluación médica más completa, mientras que otras cuatro recibieron atención en el lugar y no fue necesario su traslado, al no presentar complicaciones mayores en ese momento. Los primeros reportes indican que los síntomas comenzaron a manifestarse mientras las personas se encontraban dentro de la alberca del gimnasio. Algunos afectados presentaron mareos, dificultad para respirar y malestar general, lo que obligó al personal del establecimiento a solicitar apoyo inmediato a los servicios de emergencia. Al sitio acudieron paramédicos de distintas corporaciones de auxilio, entre ellas Cruz Roja, el Sistema de Atención Médica de Urgencias de Veracruz (SAMUV) y personal de SVEP, quienes realizaron valoraciones iniciales y brindaron atención prehospitalaria. La zona fue parcialmente acordonada como medida preventiva, mientras se evaluaba el entorno para descartar riesgos adicionales. Aunque de manera preliminar se presume que la intoxicación podría estar relacionada con alguna sustancia utilizada en el mantenimiento del área acuática, esta versión no ha sido confirmada. Las autoridades señalaron que será necesario un análisis técnico para determinar con precisión el origen del incidente. Personal de Protección Civil Municipal de Xalapa se presentó en el lugar para atender el reporte y llevar a cabo las diligencias correspondientes. Entre sus labores se incluyó la inspección del gimnasio y del área de alberca, así como la recopilación de información para establecer si el establecimiento cumplía con las normas de seguridad y manejo de sustancias. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud de las personas trasladadas a hospitales, ni se ha informado si el gimnasio será objeto de alguna sanción administrativa. Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades…. DOS TRABAJADORES de una funeraria con sede en Xalapa fueron detenidos la tarde de este domingo por agentes de la Policía Ministerial luego de haber retirado el cuerpo de un hombre fallecido por presunto suicidio, sin que se hubiera dado aviso ni autorización a la Fiscalía correspondiente. El hecho ocurrió en la localidad de El Chico, perteneciente al municipio de Emiliano Zapata. De acuerdo con información recabada por autoridades, el cuerpo de un hombre de alrededor de 40 años fue localizado al interior de su domicilio, ubicado en la calle Constitución de dicha comunidad. Los vecinos alertaron a los servicios de emergencia, lo que movilizó a paramédicos de Protección Civil Municipal. Luego de su arribo, los socorristas confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales y que el fallecimiento habría ocurrido por asfixia mecánica, presuntamente por ahorcamiento. De acuerdo con el protocolo, se notificó a la Policía Ministerial para que iniciara las diligencias legales correspondientes. Sin embargo, antes de que los agentes arribaran al domicilio, una carroza funeraria llegó al sitio. Se trataba de personal de la funeraria “21 de Marzo”, quienes procedieron a retirar el cuerpo y trasladarlo fuera del lugar, sin contar con la intervención de las autoridades ni la autorización legal necesaria. Minutos después, al presentarse los elementos ministeriales y no encontrar el cuerpo, se entrevistaron con familiares del fallecido, quienes informaron que el cadáver ya había sido recogido por personal funerario. Ante esta situación, los agentes solicitaron la localización inmediata de la unidad. La carroza fue interceptada a la entrada de la comunidad de El Chico. En el lugar, los dos empleados fueron asegurados y el cuerpo fue recuperado para continuar con el procedimiento legal. Personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento oficial del cuerpo. Mientras tanto, los trabajadores de la funeraria fueron trasladados, junto con la unidad, a la delegación regional, donde posteriormente quedaron a disposición de la Fiscalía para determinar su situación jurídica y la responsabilidad que pudiera derivarse de estos hechos. Las autoridades reiteraron que, en casos de muertes no naturales, el levantamiento de cuerpos es una facultad exclusiva de la Fiscalía, y cualquier omisión a este procedimiento puede constituir una falta administrativa o un delito. Así las cosas.
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Atentado con coche bomba en Coahuayana, Michoacán, podría no ser un hecho aislado; advierten posible asesoría colombiana MEMORANDUM 2.- Para especialistas en seguridad, el reciente atentado con coche bomba en Coahuayana, Michoacán, podría no ser un hecho aislado ni exclusivamente mexicano. Y es que, aseguran que la sofisticación del ataque y la manera en que fue ejecutado sugieren la posible intervención o asesoría de ex integrantes de grupos armados colombianos como estructuras narcotraficantes. Dichas agrupaciones llevan perfeccionando estas tácticas desde los años ochenta, durante la época en que el Cártel de Medellín, encabezado por Pablo Escobar, utilizó los carrobombas para aterrorizar al Estado y presionar al gobierno colombiano. De acuerdo con el coronel retirado de la Policía Nacional de Colombia, Miguel Tujano, analista de políticas públicas y experto en conflicto armado, el patrón observado en Michoacán “es muy similar a lo que se ha visto en Colombia desde hace más de cuatro décadas”. Según explica, los grupos ilegales colombianos emplearon sistemáticamente explosivos en vehículos para atacar instalaciones gubernamentales, intimidar a rivales y demostrar control sobre territorios estratégicos donde operaban economías ilícitas. Tujano sostiene que no sería extraño que organizaciones criminales mexicanas hubieran recibido entrenamiento o asesoría. “Sí se puede presumir que existe transferencia de conocimiento. Ex guerrilleros, paramilitares o miembros desmovilizados que dominaron estas técnicas podrían estar apoyando a cárteles mexicanos. Esto ha pasado desde los años ochenta: lo que vemos ahora tiene la misma lógica y el mismo modus operandi”, asegura. El coronel explica que el uso de explosivos por parte del crimen organizado, tanto en Colombia como en México, responde a propósitos muy específicos: presionar al gobierno, obstaculizar operativos de seguridad, eliminar objetivos que afecten sus actividades ilícitas o reafirmar control territorial. “Son acciones calculadas, no improvisaciones. Y cuando se repiten patrones tan claros, es razonable pensar en asesoría externa”, sostiene. Aunque las investigaciones en México continúan, Tujano subraya que existen condiciones que facilitan el intercambio de conocimientos entre organizaciones de ambos países. “Hay una relación estrecha entre cárteles mexicanos y grupos armados ilegales colombianos. Ese apoyo no es gratuito: puede pagarse con armas, dinero o droga. Es una dinámica conocida en el mundo del narcotráfico”, explica. El experto recuerda que Colombia ha enfrentado durante décadas diversas modalidades de ataques con explosivos: carrobombas, motobombas, maletines y artefactos activados en caminos rurales, además del uso reciente de drones para transportar cargas. Muchos de estos métodos, advierte, pueden adaptarse con relativa facilidad a otros contextos criminales. Tujano concluye que, al comparar lo ocurrido en Coahuayana con los patrones históricos de violencia en Colombia, las coincidencias son notorias. “Se observa el mismo concepto: aprovechar materiales ilícitos o desviados de actividades industriales, transportar la carga en un vehículo y emplearla contra un objetivo que representa una amenaza para las operaciones del grupo criminal. El paralelismo es demasiado evidente”. Para las autoridades mexicanas, identificar si hubo entrenamiento extranjero será clave para entender la evolución del crimen organizado y anticipar posibles ataques similares. Para los analistas, en cambio, el mensaje ya es claro: los cárteles están replicando métodos que Colombia sufrió durante décadas y que ahora parecen resurgir en territorio mexicano. Así las cosas.
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EU incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela y Trump ordena quedarse con el crudo MEMORANDUM 3.- En el marco de un espectacular macrooperativo militar que marca un nuevo episodio en la escalada de tensión entre Washington y Caracas, Estados Unidos incautó el pasado martes un buque petrolero frente a las costas de Venezuela. Al respecto, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la operación y aseguró que su país se quedará con el petróleo que transportaba el buque, mientras que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, la calificó como un acto de “piratería criminal”. El incidente abre una nueva fase en la estrategia de presión de la Casa Blanca contra el gobierno de Maduro, al que acusa de liderar una red internacional de narcotráfico, tras meses destruyendo frente a las costas venezolanas embarcaciones supuestamente cargadas de droga. El Skipper, sancionado por Washington en 2022 por supuestamente transportar crudo iraní, fue interceptado el miércoles en aguas del mar Caribe por orden de un juez estadounidense, aunque en esta ocasión llevaba petróleo venezolano. El buque navegaba con una falsa bandera de Guyana, país vecino de Venezuela que ha respaldado el despliegue militar estadounidense en el Caribe y mantiene una disputa con Caracas por la región del Esequibo. De acuerdo con informes oficiales, la operación fue preparada y llevada a cabo por la Guardia Costera, el FBI y la Marina de Estados Unidos. Según imágenes difundidas por la Fiscalía estadounidense, tropas fuertemente armadas abordaron la nave tras descender desde un helicóptero y tomaron el control de esta gran embarcación, de 333 metros de eslora. A su vez, Maduro denunció que los tripulantes están desaparecidos, mientras que la Casa Blanca afirma que un equipo de investigadores estadounidenses se encuentra en el barco interrogando a la tripulación. Según el gobierno venezolano, el buque transportaba 1.9 millones de barriles de crudo de la estatal PDVSA, aunque no precisó el país de destino. Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con esa carga, una decisión que, según Maduro, demuestra que Washington “se ha quitado la máscara” y busca “robar” el petróleo venezolano. La Casa Blanca indicó el miércoles que el Skipper está sometido a “un proceso de decomiso” y será trasladado a un puerto estadounidense para proceder a la incautación de su carga. El operativo ha generado un intenso debate jurídico difícil de resolver mientras se desconocen numerosos detalles. La Casa Blanca sostiene que actuó conforme a la ley, mientras que Venezuela y sus aliados denuncian un acto de piratería. Si bien Estados Unidos puede justificar la operación dentro de su marco legal de sanciones, su compatibilidad con el derecho internacional es más compleja. Washington podría alegar que el barco era apátrida, ya que Guyana denunció que enarbolaba su bandera de forma fraudulenta, pero no todos coinciden. “Estados Unidos no tiene jurisdicción para imponer sanciones unilaterales a personas que no sean estadounidenses fuera de su territorio”, asegura Francisco Rodríguez, del Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), quien añade que la incautación “sienta un precedente peligroso y constituye una violación del derecho internacional”. Venezuela, el país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, mantiene una economía fuertemente dependiente del petróleo, que representa más del 80 por ciento de sus exportaciones. Expertos coinciden en que la confiscación supone un duro golpe para Caracas al incrementar la incertidumbre entre los exportadores. “La dictadura de Maduro debería sentir la presión. Las interrupciones en los envíos debilitan su régimen al reducir los ingresos”, señaló Jason Marczak, director del Centro para América Latina del Atlantic Council. Pese a la tensión bilateral, la estatal PDVSA continúa realizando labores de perforación con la estadounidense Chevron, que opera bajo una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de sanciones. La administración Trump ha vinculado la confiscación del petrolero con su política de presión contra Maduro y con el operativo militar en el Caribe destinado a destruir embarcaciones supuestamente cargadas con droga y que Washington relaciona, sin pruebas, con el gobierno venezolano. “Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales”, afirmó el miércoles la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Preguntado sobre si su estrategia hacia Venezuela busca combatir el narcotráfico u obtener petróleo, Trump respondió que “trata de muchas cosas”. El republicano asegura que “pronto” comenzarán ataques terrestres en Venezuela, mientras Maduro ha llamado a sus ciudadanos a unirse contras las amenazas estadounidenses y alistarse en milicias ciudadanas. Así las cosas.
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