Seguridad pública representa el mayor desafío nacional por la presencia de organizaciones criminales, admite Sheinbaum; fue la última en ver el problema MEMORANDUM 1.- Por fin, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el principal problema que enfrenta actualmente el país está relacionado con la seguridad pública y su vinculación directa con la delincuencia organizada. Ante ello, destacó que su Gobierno ha decidido fortalecer las capacidades de investigación, inteligencia y coordinación institucional para atender el fenómeno. En conferencia mañanera, la mandataria federal explica que, desde el inicio de su administración el primero de octubre, se determinó que la seguridad pública representa el mayor desafío nacional, particularmente por la presencia y operación de organizaciones criminales que afectan la vida cotidiana, la economía local y la tranquilidad de diversas regiones del país. “Consideramos que el principal problema hoy en nuestro país tiene que ver con la seguridad pública vinculada con los grupos delincuenciales o la delincuencia organizada”, indica la mandataria al explicar los ajustes realizados en la estructura de seguridad del Estado. Por esto, recordó que su Gobierno otorgó nuevas facultades a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar labores de investigación e inteligencia enfocadas en la seguridad pública, diferenciándolas de las tareas de seguridad nacional y seguridad interior que han recaído en otras instituciones. Destaca que estas acciones buscan fortalecer la coordinación entre el Centro Nacional de Inteligencia, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, con el objetivo de construir un solo sistema de inteligencia e investigación que permita combatir de manera más eficaz a la delincuencia organizada. Además, puntualiza que estas instancias no actúan de manera aislada, sino junto con el Ministerio Público, que es la autoridad facultada para solicitar órdenes de aprehensión ante un juez, salvo en casos de flagrancia. Y defendió que se trata de una coordinación institucional para que haya más investigaciones sólidas y más órdenes judiciales. Sheinbaum Pardo insistió en que la estrategia de seguridad no se limita al uso de la fuerza, sino que se complementa con políticas sociales, programas de bienestar y acciones de atención a las causas que originan la violencia, especialmente en comunidades con altos niveles de marginación. Finalizó reiterando que su Gobierno mantendrá como prioridad la reducción de la violencia y el fortalecimiento de la seguridad pública, al considerar que garantizar la paz es una condición indispensable para el desarrollo económico, la justicia social y el bienestar de la población.
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Advierte dirigente del Sindicato Magisterial Veracruzano que se movilizarán a nivel estatal si dan un albazo y se aprueba Ley del Servicio Civil MEMORANDUM 2.- Ante la expectativa de que la situación para el próximo año 2026 se va a venir muy difícil en muchos aspectos, en lo laboral, en lo económico, en lo político y en lo social, Ramón Domínguez Polo, secretario general del Sindicato Magisterial Veracruzano (SMV) hizo un llamado a la unidad y a estar preparados para lo que se venga, pero advirtió que no permitirán un albazo para que aprueben la Ley del Servicio Civil. Y es que, el dirigente magisterial señaló que está la incertidumbre sobre la modificación a la Ley Estatal para que haya un solo sindicato, “y eso nos preocupa, así como la situación económica, están aumentando el salario, pero se disparan los precios de la canasta básica”, sostuvo, al señalar que el dinero que se recibe el fin de año ya está comprometido, para un sin fin de cosas, “y viene la cuesta de enero, por lo que vemos una situación difícil para todos”, insistió. Con relación a la Ley del Servicio Civil, dijo que por el momento está congelada, “pero quien nos asegura que en este periodo vacacional den un albazo y la aprueben en el Congreso local, no hay una certeza de que no se modifiqué. Y de ocurrir ese albazo y que nos afecte, iniciaremos manifestaciones a nivel estatal”, aseguró. El dirigente magisterial aseguró que su sindicato ha ido creciendo a lo largo de 21 años, “de nuestra fundación como sindicato, estamos cerca de los 900 agremiados, le hemos hablado claro a la base sindical”, aseguró. Domínguez Polo refirió que al concluir el presente año, la relación con la titular de la secretaria de educación de Veracruz, Claudia Tello, es buena, “hemos hablado francamente sobre las necesidades de nuestro sindicato, hemos sido congruentes, no hemos solicitado nada que esté fuera de la ley”, afirmó. Por último, hizo un llamado a la base sindical para que prevalezca la unidad, la fraternidad en su equipo de trabajo y para estar alertas ante lo que se viene para el próximo año.
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Expertos urgen a que México prohíba el glifosato por riesgos a la salud, pese a haber sido soporte de la agroindustria MEMORANDUM 3.- El gobierno mexicano debe retomar el debate para la prohibición del uso del glifosato, consideraron expertos en el tema, tras evidenciarse los errores de un artículo que durante 25 años fue el soporte de la agroindustria y de empresarios agrícolas para la defensa del uso de ese plaguicida, el cual carece de independencia y rigor científico. Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC, externó: “Cuando hay un estudio tan grave como éste, el más citado, que dice que el glifosato no tiene problemas, ¡y era falso!, hay que tomárselo en serio. México debería prohibirlo”. Este químico es utilizado en el país desde 1980 y está arraigado en las prácticas agrícolas; se aplica sobre todo en la siembra de 35 por ciento del maíz y de 14 por ciento de los cítricos. El resto se destina a sorgo, algodón, caña, aguacate, soya y agave. Ana de Ita, directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), explica que los productores lo emplean para deshierbar plantíos y reducir sus costos de producción; además, se ha aplicado para la limpieza de caminos. Trasnacionales como Bayer-Monsanto, Syngenta y Dupont, entre otras, comercializan el producto, que la Organización Mundial de la Salud señala como posible cancerígeno desde 2015. Estudios de investigadores de la Universidad de Guadalajara han documentado la presencia de residuos tóxicos de agroquímicos en el agua, en personas y en la orina de niños y adolescentes. A nivel global, existen más de mil artículos científicos que hablan de los efectos dañinos del glifosato, entre ellos daños a los sistemas renal, hepático, nervioso y reproductivo. El glifosato está estrechamente ligado al cultivo de transgénicos. En el sexenio de Vicente Fox se impulsó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, conocida como la ley Monsanto, que entró en vigor en mayo de 2005 y promovió el desarrollo de semillas genéticamente modificadas en beneficio de grandes trasnacionales. En el sexenio pasado, ante la vasta evidencia científica sobre los efectos que podría ocasionar a la salud y al ambiente, el gobierno federal buscó prohibir gradualmente su uso a través de dos decretos presidenciales. Sin embargo, no se logró el objetivo debido a las presiones de la agroindustria y a la falta de remplazos probados para sacarlo de circulación. El 31 de diciembre de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el primero de estos acuerdos, en el que se estableció que el glifosato y otros plaguicidas deberían ser sustituidos de forma progresiva hasta su eliminación total en enero de 2024. El segundo decreto fue emitido en febrero de 2023; sustituyó al anterior y aplazó la prohibición del agroquímico al 31 de marzo de 2024. Además, precisó que se prohibía la importación de maíz transgénico para consumo humano. Sin embargo, cinco días antes de cumplirse la fecha, el gobierno informó en un comunicado que mantendría el uso del glifosato en la agricultura, debido a que hasta ese momento no existía una forma de sustituirlo, que la elaboración de alternativas continuaba en proceso y que se debía salvaguardar la seguridad agroalimentaria. El ex presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el 2 de abril de 2024 que, hasta que no se encontrara una sustancia que permitiera remplazarlo, se continuaría con su importación y uso en la agricultura. En 2024, el mercado total de glifosato en México alcanzó un valor aproximado de más de 352 millones de dólares, señala Peter Rosset, profesor retirado de El Colegio de la Frontera Sur, con base en un análisis de una empresa de investigación de mercado. “Prohibirlo sería un golpe económico significativo para la empresa, pero más allá de eso, México sería el país más grande que haya eliminado completamente este producto tan tóxico y alentaría a otras naciones a hacer lo mismo”, subraya. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en 2019 ingresaron al país 86 mil 449 toneladas de glifosato, importadas por cinco compañías que representan 84 por ciento del mercado mexicano de herbicidas. En 2021 las importaciones cayeron y se introdujeron al país sólo 16 mil 500 toneladas de glifosato formulado (listo para su aplicación) y mil 200 toneladas del herbicida técnico (concentrado). En 2022 se redujeron más, 50 por ciento respecto al año anterior, al pasar a 8 mil 263 toneladas del formulado y 628 toneladas del técnico, de acuerdo con información oficial.
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