Este miércoles en Coatzacoalcos Martín Hernández Ramírez, dirigente de la Unión de Propietarios de Automóviles de Alquiler de aquella ciudad, anunció que “muy pronto” se registrará la entrega de unos 200 títulos de concesión de transporte público en la modalidad de taxi.
La noticia, planteada así, sonaría catastrófica, toda vez que estaría dando a entender que el actual gobierno estatal habría decidido crear más concesiones.
No es así.
En los últimos años de la administración estatal pasada, el entonces Gobernador Fidel Herrera Beltrán firmó y entregó cerca de 42 mil nuevas concesiones para taxis en toda la entidad.
De todos esos beneficiarios, al menos 36 mil recibieron, además, las placas para empezar de trabajar. El resto -casi seis mil concesionarios- adquirieron su vehículo, pagaron sus derechos en Hacienda del Estado, pero no les han emplacado.
Son jefes de familia que hicieron un gran esfuerzo, que se endeudaron por encima de sus posibilidades, para cumplir los requisitos, pero el gobierno estatal no les ha cumplido.
Ha sido precisamente en Coatzacoalcos donde se han generado las más fuertes protestas por esta anomalía, que pudiera ser motivo de una denuncia por incumplimiento de un deber legal y hasta peculado.
Allá en el sur, algunos de estos concesionarios, desesperados porque mes con mes deben pagar la letra del auto nuevo que compraron para usarlo en el taxi, decidieron no esperar más.
Pegaron en los parabrisas de sus vehículos copias de la concesión, pintaron las unidades y se pusieron a ruletear.
Está claro que es una anomalía, y que la Dirección de Tránsito y Transporte del Estado debe detenerlos, pero tampoco hay argumentos jurídicos para sancionarlos, pues en los hechos ellos han cumplido cabalmente con lo que marca la ley para hacerse de su concesión, y ha sido el gobierno estatal el que no ha respondido como le corresponde.
Al final la actual administración estatal deberá emplacar a los poseedores de esas concesiones, un paquete más de los que dejó el anterior Gobernador. Negarse a hacerlo significará miles de recursos legales por la vía civil y penal, amparos y desorden, lo que va en contra de la mística que se pretende imponer.
Para el emplacamiento de estas unidades el gobierno estatal está aplicando la misma táctica que para el pago de proveedores: Se ha inventado una “revisión a fondo” de cada trámite, por la supuesta sospecha de que existan documentos “clonados”, aunque en realidad lo que pretenden es ganar tiempo para que no se sienta tan fuerte la nueva oleada de taxis circulando por la entidad.
Poco a poco todas esas concesiones se irán activando, porque sus titulares cumplieron cabalmente con los requisitos que marca la ley.
Esta medida, como la de echar por tierra la reforma legal que impedía heredar el título de concesión, son parte de las conquistas de los trabajadores del volante, sabedores de que son una estructura muy importante para tareas electorales a favor del partido en el gobierno.
Quienes toman las decisiones en Veracruz saben que van a requerir de los taxistas en el 2012, y no es conveniente confrontarlos.
Como se decía en el rancho: “Éramos muchos y parió la abuela”.}
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