CON EL triunfo de la Revolución Mexicana –o el quítate tú para ponerme yo- comenzaron a surgir las “instituciones” en México, y con ellas el inicio de proyectos de desarrollo político, social, económico y cultural, y fue el presidente Plutarco Elías Calles quien emprendió una vasta obra de reconstrucción material e institucional. Mucho de lo logrado sucumbió debido a la crisis que sobrevino a causa de la caída de los precios del petróleo y la plata, la hostilidad de inversionistas y compañías petroleras extranjeras, y la voracidad de algunos políticos, por no mencionar el boicot religioso, pero parte de aquel andamiaje sobrevivió y es el fundamento del México actual. Según el economista e historiador estadounidense, Douglass Cecil North, la finalidad de las instituciones son, entre otras cosas: 1) Crear orden y reducir la incertidumbre y, 2) Proporcionar la estructura de incentivos en una economía de costos de transacción (que se refieren a los costos en que se incurre para poder llevar a cabo una transacción de mercado). North –que recibió el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 1993, junto a Robert Fogel, por su renovación de la investigación en historia económica a partir de la aplicación de técnicas cuantitativas para explicar las variaciones económicas e institucionales-, pensaba que los cambios institucionales son más relevantes que los tecnológicos para explicar el desarrollo económico. Y son factores políticos, sociales y económicos los que inciden sobre las instituciones, pues de acuerdo al bien recordado intelectual, grupos que ocupan posiciones sociales dominantes, si detectan que las instituciones no responden a sus intereses, fuerzan los cambios.
Y ESTO lo sabe de sobra el Presidente Andrés Manuel López Obrador que a principios de Septiembre de 2006, radicalizó su discurso tras la derrota en las urnas contra Felipe Calderón Hinojosa, y en un acto irreflexivo –como muchos que le caracterizan- mandó “al diablo a las instituciones” de México, mientras legisladores de su partido, el de la Revolución Democrática (PRD), tomaban la tribuna del Congreso e impedían que el, entonces, Presidente Vicente Fox rindiera su sexto y último informe de gobierno; el guanajuatense dijo que esa actitud no suponía un agravio para él, sino para “la investidura presidencial y el pueblo mexicano” (ya que la presidencia en sí es una institución), y advirtió que no se debe “acorralar la democracia” con “la intransigencia”.
HAN PASADO 13 años de aquel exabrupto, y ahora que Senadores exigen a la impuesta Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, que renuncie, ya que fue designada siendo ex integrante de la dirigencia nacional de MoReNa, surge la tendencia dictatorial y absolutista que muchos militantes del instituto que fundó y llevó al poder al Presidente en funciones, desearían instaurar en el País, y en ese tenor, el coordinador de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal Ávila ha llegado, incluso, a la amenaza abierta en contra de Gobernadores y alcaldes panistas que se han pronunciado en contra de la que llaman “usurpadora”, y les advierte que si no acatan los mandamientos de la institución podrían ser sometidos a juicio político e, incluso, destituidos, ya que “no es correcto, no es una buena idea, ni siquiera es inteligente, menos brillante mandar al diablo las instituciones”, olvidando que AMLO lo hizo, y hasta convocó a la desobediencia civil y a plantones y movilizaciones en el País. Pero Monreal dice que le parece que es un mala idea (…) “Todas las recomendaciones tienen que ser atendidas, todas, y la autoridad tiene la obligación de atenderlas, nada de que yo no la atiendo, porque incluso incurren en desacato y probable juicio político, tienen que ser llamados a comparecer al Senado (…) y en el caso de que persista el desacato puede existir incluso juicio político y destitución”. Así de determinante y autoritario el hombre que inició su trayectoria política en 1975 en el Partido Revolucionario Institucional; luego, entre 1998 y 2004 fue gobernador del estado de Zacatecas por el de la Revolución Democrática (PRD) y, posteriormente, estuvo involucrado con el Partido del Trabajo (PT).
EN EL año 2000, Vicente Fox puso fin a 71 años de regímenes priistas, pero López Obrador lo acusaba de haber auspiciado "el fraude" que dio una ajustada victoria, el 2 de Julio de 2006 a Felipe Calderón, en unos comicios calificados de "ejemplares" por los observadores internacionales. Por ello, cerca del Palacio Legislativo, en el Zócalo de la Ciudad de México, Obrador llamaba a sus seguidores a que lo siguieran en la ruta de "una revolución de la conciencia, para que el pueblo se dé la forma de Gobierno que desean". Entre gritos de "¡Presidente, Presidente!", clamó: "Ya decidimos hacer a un lado esas instituciones caducas que no sirven para nada e impulsar la revolución de la conciencia para que el pueblo decida. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! ¡Vamos a tener un Gobierno de la República!", y cegado por el malestar, arremetió también contra los medios de comunicación, a los que llamó "alcahuetes del régimen", un término que a la fecha sigue repitiendo, y en ese tenor redujo al mínimo el pago de publicidad. Sus palabras tuvieron respuesta en el mensaje que el, entonces, presidente Fox emitió a la nación horas después, desde la residencia oficial de Los Pinos. "En el México democrático, el motor de la transformación es el voto de la ciudadanía, no el veto a las instituciones. Nadie puede decirse a favor del pueblo cuando atenta contra él. México reclama prudencia, no estridencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. No se debe someter a la democracia bajo el argumento de la democracia; no se debe pretender acorralarla por la vía de la intransigencia y de la violencia".
PERO A Ricardo Monreal, por conveniencia, ya se le olvidó cuando su, ahora, “patrón”, Andrés Manuel López Obrador mandó al diablo a las instituciones que, se quiera o no aceptar, a partir de entonces experimentaron cambios positivos gracias a aquella lucha que desplegó, y ahí están mecanismos electorales como el Instituto Nacional Electoral producto de una reforma que indirectamente AMLO impulsó a base de presiones, y otras instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que debe cambiar, y dejar de ser, como bien lo dice, alcahueta de los excesos de los gobiernos, aunque para ello primero debe democratizar la elección de quien la dirige mediante el fraude, y no imponerla por así convenir a sus intereses. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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