De Veracruz al mundo
POR SI ACASO
Carlos JesúsRodríguez Rodríguez
2019-10-20 / 17:29:46
*AMLO no quiere broncas con el crimen

*Pero ¿quién pagará por muertes causadas?
*En Culiacán debería haber responsables


EN EL México “juarista” de la “justicia y gracia para los amigos y justicia a secas para los enemigos”, la ley es lo de menos cuando se trata de proteger a los de casa. Y es que, más allá de que si Ovidio Guzmán López fue liberado el pasado jueves “para evitar el derramamiento de sangre en Culiacán” y justificar que “no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, según dijo el Presidente Andrés Manuel López Obrador y, por tanto, argumentar que “la decisión la tomó el gabinete de seguridad de manera conjunta, colegiada, los secretarios de la Defensa, Marina y de Seguridad Pública” algo que él –el Jefe del Poder Ejecutivo Federal respaldó “porque considero que lo más importante es la protección de las personas. Lo más importante es que no haya muertos”, el Código Penal Federal, ese cuya aplicación estricta pide el mandatario nacional contra los llamados “delincuentes de cuello blanco”, es muy claro en su artículo 150 referente a la evasión de presos (que en estricto apego a la legalidad, fue lo que ocurrió con el hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, ya que lo ubicaron en la casa de su novia, lo detuvieron y, finalmente, lo dejaron ir (por las razones que hayan sido), y para esos casos el ordenamiento establece: Artículo 150. .- “Se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido (que fue lo que ocurrió con Ovidio), procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud (que también es el caso, y con fines de extradición), a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión, o bien, en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentarán hasta veinte años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público (ojo gabinete de seguridad Federal), se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda (y) además será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de ocho a doce años”.



DICE EL Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que, “en algún momento se tomó la decisión de que el personal y elementos que tenían el control del lugar donde se encontraban estos delincuentes” los liberaran, y el Artículo 152.-(que, por supuesto, no aplica a los de casa sino en las mulas de mi compadre) establece; “Al que favorezca al mismo tiempo, o en un solo acto, la evasión de varias personas privadas de libertad por la autoridad competente (que era el caso de Ovidio y sus acompañantes, tres en total según el parte de la SSPC), se le impondrá hasta una mitad más de las sanciones privativas de libertad señaladas en el artículo 150, según corresponda”. En Culiacán, el jueves, alrededor de 50 reclusos fueron liberados de la cárcel de aquel lugar como parte de los operativos para presionar la entrega de Ovidio, y el Artículo 154 sentencia al respecto: “Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna, sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciere violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión”.



Y UNO se pregunta: ¿Realmente se buscó proteger la vida e integridad de los sinaloenses al dejar libre a Ovidio, o se presionó a los soldados con la toma de la unidad habitacional militar? Porque, hasta donde se sabe, si bien los operativos en Culiacán buscaban crear terror entre la población, realmente no se atentó contra civiles sino contra militares, y en ese tenor, el operativo de la delincuencia se enfocó en la unidad habitacional de la milicia a cuyos familiares amenazaron con matar si no les entregaban al afamado detenido, aunque llama la atención varios videos que circulan en redes sociales, concretamente, en una caseta de peaje donde un grupo armado se acerca a una partida militar y se saludan cordialmente, como si se conocieran o acaso doblegados por el tamaño de las armas que portan los civiles. Como fuera, el encuentro despierta suspicacias pero, más que nada, da malestar ya que se está usando al Ejército en tareas de seguridad cuando se le tiene prohibido defenderse y usar la fuerza letal para imponer el orden. Y es que uno se pregunta: ¿Realmente se justificaba la decisión del gabinete de seguridad de dar marcha atrás y devolver a los detenidos? ¿Conocían los integrantes del gabinete la ley en torno a la evasión de detenidos o recluidos? Y, una más: ¿Se les aplicará la ley por haber permitido la evasión de detenidos o, por obra y gracia del poder –ellos sí- violentarán las normas establecidas por las que se luchó muchos años para hacer de México un País de leyes?



LO MÁS seguro es que no pasará nada, y el caso quedará en el anecdotario pero, eso sí, la ley será estricta con los llamados delincuentes de cuello blanco a quienes se persigue y congelan cuentas, porque ellos no representan un riesgo a la seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que lo dijimos en reciente entrega: “El Presidente no desea declarar la guerra a la delincuencia organizada porque quiere garantizarse la seguridad en sus recorridos por el País, sobre todo ahora que no hay un Estado Mayor Presidencial que lo cuide. Si AMLO reprime podría encontrase con algún atravesado que lo agreda y ponga en riesgo su seguridad y evidenciar el supuesto cariño que le tiene el “pueblo bueno”. De paso sigue presumiendo que el pueblo bueno lo quiere y que el Estado Mayor Presidencial era una fuerza onerosa que en su caso no la necesita (aunque si la necesite, salvo que en todos los casos se capture a delincuentes y se les libere ipso facto).



LO CURIOSO es que, en el enfrentamiento de Culiacán hubo varios militares muertos y heridos así como civiles, unidades oficiales y particulares quemadas, negocios dañados y, uno se pregunta: ¿Quién responderá por ello?. Por cierto, entre los soldados caídos se encuentra uno de Tierra Blanca, en la cuenca del Papaloapan, de nombre Alfredo González Muñoz, y ojalá su familia no quede desamparada pero, insistimos, ¿Quién o quienes solventarán los daños causados en Sinaloa; será el Gobierno, los malosos o, cada quien se hará bolas como pueda?. Y es que partiendo de la declaración del Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, el pasado viernes en conferencia de prensa, el operativo para detener al presunto narcotraficante Ovidio Guzmán López, tuvo una mala planeación, pero al final se logró preservar la integridad de la población de Culiacán. ¿Tuvo una mala planeación y, entonces, quiénes son los responsables de ello?, porque el errorcito, insistimos, costó muchas vidas y daños materiales, y la movilización de cientos de personas armadas por varios puntos de la ciudad exhibiendo un poderío ilegal. En fin, cada quien su enfoque. OPINA carjesus30@hotmail.com



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