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martes 16 de abril de 2024

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2019-09-21 / 09:55:41

La guerra: entre las mentiras y los ideales

La difamación es una de las armas favoritas de los conservadores. “Calumnia que algo queda” es un dicho romano que en 1625 Francis Bacon popularizó. Esa receta lingüística se ha aplicado durante centurias. La diferencia es que ahora la prensa y las redes sociales difunden los engaños con un impacto y velocidad nunca antes visto. La receta es, sin duda, efectiva. Cuando se aclara la falsedad esta ya no llegan al mismo número de personas. En la política los infundios son tramados. Después de haber proferido la falsedad sobre una persona, grupo o proyecto —éstos— quedan en entredicho. La duda queda flotando en el ambiente y el mal está hecho.

Las políticas del presidente sufren los embates de la desinformación ya sea a través de la manipulación de cifras o datos; omitiendo los avances y logros de lo que se planeó u ocultando los frutos del esfuerzo realizado. Un ejemplo no los ofrece el combate al “huachicol”. Cuando inició la lucha en contra los “chupaductos”, casi todos los medios de comunicación, algunos empresarios de COPARMEX y políticos del PRD, PAN y PRI pregonaban que había desabasto nacional de gasolinas. La escasez fue focalizada y demoro unas cuantas semanas. Que no era la estrategia adecuada para combatir ese flagelo; los críticos, ni antes, durante o después del latrocinio presentaron medidas para abatir el saqueo de carburantes. Al respecto, últimamente se publican noticias o reportajes diciendo exactamente lo contrario a lo logrado. Reseñan de manera tergiversada que el número de barriles de gasolina robados aumentó o que se incrementó la cantidad de perforaciones a los ductos de PEMEX. Los datos oficiales indican que de 80,000 barriles diarios que se robaban durante el período de Peña Nieto, la cifra actual ronda los 4,000. No se ha erradicado ese saqueo. Ha disminuido en un 94%. El robo a las arcas representaba, en el sexenio anterior, $ 50 mil millones de pesos al año.

Han acusado al presidente de no respetar los derechos humanos de los niños de las guarderías, de las mujeres, de los campesinos, etcétera. Los acusadores —que se ostentan como adalides de la justicia— son los mismos que mencioné en el párrafo anterior: políticos trácalas, periodistas faltos de ética y empresarios poco honorables. Ellos no defienden los derechos humanos de nadie, lo que pretendían y siguen anhelando —con sus protestas— es que les regresen los dineros que el gobierno federal entregaba a las ONG´s, organizaciones “campesinas” o a las abusivas damas de la sociedad civil como Lía Limón y Rosi Orozco.

Algunos medios con su amarillismo enmarañan lo que el presidente propone y, los políticos patrañeros, deforman lo que declara. El SAT detectó que de 2014 a 2018 se emitieron más de 9 mil millones de facturas falsas por un monto de un billón 900 mil millones de pesos y con esas operaciones simuladas se evadió al fisco con una cantidad de 354 mil millones. Se aprobó recientemente una ley que identifica e iguala la falsificación de facturas con la delincuencia organizada. Esa práctica es —a partir de la aprobación de la ley— un delito grave y quien lo comete no tiene derecho a fianza. Legisladores del PAN, PRI y PRD van a presentar una controversia constitucional debido a que la ley recién promulgada implica —según ellos— terrorismo fiscal y equipara a los “factureros” con delincuencia organizada. Evidentemente, los que compran o presentan facturas falsas para evadir al fisco son delincuentes y, actúan de manera organizada. Al empresario o industrial fraudulento se le debe aplicar la ley y debe ir a la cárcel. El que cumple con sus obligaciones tributarias debe ser reconocido y estimulado.

Existen en los diarios y en los medios electrónicos un sinfín de absurdos y tergiversaciones que tienen la clara intención de dañar la imagen de la 4T. Julen Rementería, senador del PAN, hizo un escándalo y acusó a López Obrador por “la compra” de longaniza de $16, 789.00 el kilo y, de otros productos, por sumas desproporcionadas. Esas compras correspondían a los gastos de despensa del sexenio anterior. El político veracruzano nunca reconoció su error ni se disculpó con el presidente. Ciro Gómez Leyva difundió que había muerto una niña con cáncer por falta de medicamentos. El secretario de salud Jorge Alcocer declaró que Mariana murió por otras causas y no por falta de medicamentos. Circuló en las redes una foto de un individuo que —en una banqueta— se inyecta en el brazo y una leyenda que dice que en el IMSS no hay jeringas. Evidentemente el individuo descamisado es un adicto que se inocula droga. Publicaron que habían encontrado cucarachas en la leche en polvo que se distribuye en el DIF de Veracruz y ciudad de México. La leche en polvo que distribuye SEGALMEX se compra en el extranjero y los controles de calidad que tienen allá son rigurosos. En el país, las inspecciones que se aplican en los centros de acopio —de la leche líquida— son severos. Visiten los centros de abastecimiento y recolección de leche Liconsa —de proveedores locales o regionales— y constatarán los controles de calidad y los exámenes que le hacen al lácteo. Es cierto que afuera de un paquete —de leche en polvo— encontraron uno de esos bichos. No adentro, del deshidratado lácteo, como la reseña periodística publicó.

Otros instrumentos que están utilizando los conservadores son las marchas, bloqueos y plantones. Algunas manifestaciones —aunque legales— son grotescas y otras irrisorias. Policías federales bloqueando vías importantes de la ciudad de México o el aeropuerto Benito Juárez. No importa que les estén ofreciendo una veintena de opciones —sin perder derechos laborales adquiridos— a aquellos que no quieren ingresar a la guardia nacional. El “consejo nacional ciudadano” que organizó el 15/09/19 una marcha —“nacional e internacional”— y juntaron en esas ciudades puñados o —cuando mucho— centenares de personas. Entre otras cosas pedían que “se pare el régimen comunista en nuestro país.” Me pregunto ¿tendrán idea de lo que dicen? Los 400 pueblos o la antorcha campesina pidiendo apoyo para los más “pobres.” Dígame usted en que parte de la legislación federal, reglamento estatal o disposición municipal se indica que esos grupos deben “administrar” los recursos públicos o que ellos deban distribuir el dinero del pueblo. Si usted encuentra una ley que indique deba darse dinero a esos vivales hágamelo saber para rectificar mi opinión.

Casi todas las manifestaciones callejeras y un sinfín de noticias tienen —sin duda— el propósito de crear la idea de que existe mucha inconformidad entre los mexicanos y una gran oposición al presidente; también lo hacen para desalentar a los seguidores de la 4T y disuadir al pueblo para que no sigan apoyando el “populismo” lopezobradorista. Si esas tácticas, de guerra de 4ª generación, tienen éxito, más adelante, pedirán —usando patrañas y artilugios legaloides— la destitución de AMLO. Un ensayo golpista —de la derecha panista— está en camino: quieren defenestrar “legalmente” al gobernador de Veracruz Cuitláhuac García.

Los conservadores del país se oponen a las políticas que promueven el bienestar de la población; se resisten a que se imparta justicia social a los más vulnerables; no les gusta que el pueblo tenga esperanzas y brinden sostén y confianza al presidente. En suma, quieren suprimir el derecho a soñar y pretenden matar el deseo de luchar por los ideales.

alfredopoblete@hotmail.com