CUALQUIER COSA que se diga o haga ya no podrá revivir al reportero Jorge Celestino Ruiz Vázquez, asesinado la noche del viernes en la Bocanita municipio de Actopan, ni dará consuelo a sus acongojados familiares, pero si es menester que las autoridades Estatales ya se dejen de pleitos estériles y esclarezcan esos hechos, sean los responsables miembros del partido que fueren o integrantes de familias connotadas en la región, porque no hacerlo traerá consigo nuevos crímenes que seguirán enlutando al gremio periodístico, como miles de asesinatos siguen desolando a una sociedad que ya lamenta haber votado por inexpertos en un afán de cambio que no se percibe por ninguna parte. Ruiz Vázquez tenía una línea dura, crítica a ultranza, e indiscutiblemente abrió muchos frentes que pudieron haber ordenado su ejecución, sin embargo, el trabajo de un periodista, como bien decía el escritor británico, Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell: “Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques; todo lo demás son relaciones públicas”, pero en una sociedad como la nuestra, donde a pesar de todo prevalece la corrupción encubierta, llegar hasta el fondo de una investigación para desenmascarar polutos es tanto como firmar una sentencia de muerte. Insistimos: el daño ya está hecho, pero el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz deben hacer a un lado sus “pañaladas” y sumar esfuerzos para resolver ese crimen, porque ya van 14 comunicadores asesinados en lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tres en menos de una semana: Rogelio Barragán, director del portal de noticias “Guerrero al Instante” encontrado el pasado martes dentro de la cajuela de un coche en Zacatepec, Morelos con lesiones contusas en rostro y otra lesión en el área encefálica; Edgar Alberto Nava, director y editor del portal de noticias “La verdad de Zihuatanejo” y director de Reglamentos y Espectáculos de ese municipio, ejecutado el viernes con un disparo con arma de fuego calibre 9mm cuando se encontraba en las inmediaciones del Museo de la Costa Grande, y finalmente Jorge Celestino, en su domicilio en el municipio de Actopan.
Y SI bien tiene razón el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez cuando tratando de sacarse el bulto dice badulaquemente que su Gobierno no puede ponerle un policía a cada periodista, debería ser parejo y hacer lo propio con los funcionarios más allegados a él que gozan no de uno o dos, sino de media docena o más de guardaespaldas y camionetas blindadas que los cuidan a ellos y sus familias, y en el caso del propio Cuitláhuac basta ver la seguridad que le rodea. Como fuera, nadie quiere un policía por cada periodista para que los cuiden, sino que el Estado cumpla con su obligación de brindar seguridad a todos sean o no comunicadores, pues basta enterarnos que el sábado, mientras el Gobernante hacía vida social con otros “comunicadores”, 13 personas fueron asesinadas en diferentes hechos, entre estos un taxista que había sido detenido por elementos de la policía municipal de Huatusco, lo que provocó malestar en la población que quemó una patrulla policiaca y a punto estuvo de incendiar el inmueble municipal, y este domingo no ha sido la excepción.
SIN DUDA, una de las líneas de investigación más sólidas en el caso del periodista asesinado en Actopan es la crítica ejercida contra el alcalde del lugar, Paulino Domínguez Sánchez, al que dos días antes había denunciado por desviar 12 millones de pesos de las arcas para salvar de la cárcel a uno de sus hijos tras enfrentar un problema judicial en la ciudad de México, al parecer un crimen. La crítica fue dura, como otras tantas que había ejercido, y por ello los guardaespaldas del munícipe estuvieron a punto de golpearlo varias veces, según cuenta la familia que reprocha al Gobernador García Jiménez y al Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado que le retiraran la seguridad desde hacía 15 días, aun cuando sabían que su vida corría peligro, y que solo para disimular lo visitaran casa 15 días para que firmara de que todo estaba bien.
POR ESA razón, en una carta dirigida al Gobernador García Jiménez y al Fiscal Jorge Winckler, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas exige que se esclarezca el cobarde homicidio de Celestino Ruiz Vázquez, pues señala que previo a los hechos, el periodista había denunciado en Octubre y Noviembre del 2018 ante la Fiscalía de Veracruz, ataques (de bala) en su domicilio, presuntamente ordenados por el alcalde de ese municipio, José Paulino Domínguez, por diversas publicaciones realizadas en su contra, lo que dio lugar al inició de la carpeta de investigación Cl/1 14/2018/PC y que se dictaran las medidas de protección correspondientes. Sin embargo, en Febrero de 2019 el reportero se quejó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la falta de avances en la indagatoria y en Mayo de 2019, la CEAP remitió a la Comisión el oficio CEDH DAV/2 156/2019, solicitando la asesoría jurídica, iniciándose los trámites del procedimiento de atención, mismos que se formalizan el 5 de Junio de este año. Derivado de lo anterior, dice la CEAPP, se realizaron diversas acciones para impulsar el avance de las indagatorias, lo que incluyó un acuerdo para realizar una ampliación a sus declaraciones ante la Fiscalía, sin que esta se hubiera concretado por causas ajenas a esa Comisión. Lo que no se dice es que el alcalde es de extracción panista, y acaso por ello la protección que le brindaron, y que finalmente costó la vida al comunicador, porque si bien el crimen no fue ordenado por el Presidente Municipal, los rencores desplegados a partir del discurso de odio y acciones amenazantes desde el poder tornó vulnerable al reportero, como ha ocurrido con los 13 periodistas asesinados en el País.
COMO FUERA, la CEAPP exige a las autoridades indagar a profundidad lo relacionado con su actividad periodística y los señalamientos del comunicador respecto del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez, y en definitiva, esclarecer los hechos que permitan identificar y dar con los responsables. Pero hay otro frente: recientemente, Jorge Celestino escribió en torno a la inconformidad de los habitantes de la Bocanita –donde residía- en contra de la granja avícola Pilgrins. Indicaba que en decenas de lonas y mantas alusivas se manifestaba “el rechazo y repudio a esa empresa y el deseo de continuar preservando y conservando la salud y el cuidado del medio ambiente, al grado, que se ha llegado hasta a utilizar una manta en la que se puede apreciar la imagen del presidente de México Andrés Manuel López Obrador para lograr su ansiado fin” y agregaba: “Toda esta inconformidad de los habitantes de La Bocanita encabezados por los empresarios Julio y Omar del Moral, al parecer, se inició nuevamente cuando los propietarios de dicha empresa, después de que les fue cancelada la construcción de la Granja Avícola por Profepa, ordenaron que el terreno fuera cercado y que no se permitiera entrar a nadie a dicha propiedad, incluso a los propietarios de cultivos del campo, los cuales tienen que utilizar el agua del canal que pasa justamente en medio de dicha Granja Avícola”, escribió entre otras cosas el comunicador asesinado. En fin, ojalá este crimen no quede impune, y que no sea la puerta para nuevos homicidios de comunicadores como en tiempos del mecenas de MoReNa, Javier Duarte de Ochoa. Por cierto, aunque no es su obligación, ni por cortesía el Gobernador o algunos de sus colaboradores se comunicaron el viernes o sábado con la familia del periodista acribillado. Vaya insensibilidad. OPINA carjesus30@hotmail.com
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