DICE LA Comisión Nacional de los Derechos Humanos que generar ataques desde el poder contra periodistas o medios de comunicación constituye un riesgo, porque hay sectores que ven las descalificaciones como permiso para agredir a la prensa y a las personas defensoras de las garantías fundamentales, quienes no deben ser vistos como enemigos del Estado y sus instituciones, sino como “el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo” como bien la describiera ese destacado político, periodista e historiador mexicano, Francisco Zarco. Pero en México, al menos en este Gobierno Federal –e incluso en la administración local de Veracruz-, la descalificación, burla o escarnio contra los comunicadores se encuentra a flor de piel, y acaso por ello no es fortuito que desde la asunción del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 13 comunicadores y 14 defensores de derechos humanos hayan sido asesinados, ocho de estos indígenas que luchaban por el derecho a la tierra y a la preservación del habitad. Ahora bien, el caso más reciente de un periodista acribillado corresponde a Rogelio Barragán, director del portal “Guerrero al instante” cuyo cuerpo fue encontrado baleado, amordazado y atado en la cajuela de un automóvil Volkswagen tipo Jetta color gris, placas de circulación HCM 2196 del Estado de Guerrero, tras pretender evadir las amenazas de que había sido objeto. Es el treceavo comunicador asesinado en ocho meses del actual Gobierno Federal, donde parece deporte agredir a reporteros y medios de comunicación a los que, tácitamente, se les advierte: -si no estás conmigo estás contra mí-. Apenas el pasado 22 de Julio el Presidente acusó a medios de comunicación de obstaculizar la transformación que emprende su gobierno, y aunque señaló de manera general a periódicos y revistas por no abordar ni criticar la corrupción que había en el País antes de que él asumiera el poder, al final enfocó sus baterías contra la revista Proceso de la que dijo, “por ejemplo, no se portó bien con nosotros”.
AMLO HA atacado indistintamente a los medios de comunicación, pero ese día se refirió al diario Reforma, la revista Proceso, al periódico Financial Times y a Sin embargo: “A los de Reforma, les diría: “no estoy acomplejado. Cuando ellos hicieron su edificio… ¿Conocen el edificio de Reforma? Es un Palacio. Es un Palacio… Yo diría que de mal gusto, porque también los fifís no tienen tanta sensibilidad para la arquitectura, pero ese es otro asunto”, todo por criticarle su traslado a Palacio de Gobierno donde vivirá. Un día antes, SinEmbargo publicó: “Hijo menor de AMLO va de “camp” a un exclusivo sitio en SLP: De 64 mil por 14 días, 40 mil por una semana”, y el Presidente expresó: “Iba a ser la nota mañana, entonces mejor no. Hay que autolimitarnos. Por eso todos estos ataques, que se va mi hijo a un campamento a San Luís Potosí, ‘qué barbaridad, ¿dónde está la austeridad?’. Pero el medio que saca ese gran reportaje cobraba aquí. Son de los que recibían dinero por los servicios que prestaban. Entonces vamos a seguir polemizando. Les diría que hasta ahora vamos muy bien”, y respecto al Financial Times, periódico experto en economía, López Obrador dijo: “Con Financial Times… tiene que ver con la falta de autocrítica de parte del periódico, porque se impulsó mucho el modelo económico neoliberal. Se hizo propaganda a favor de las llamadas reformas estructurales. Los resultados han sido desastrosos para México. Respetamos a todos los medios, pero vamos a ejercer nuestro derecho de réplica”.
Y QUE bueno que lo haga, aunque también sería importante no echar en saco roto lo que dice Luis Raúl González Pérez cuando alerta que los señalamientos y descalificaciones de altos funcionarios del Estado a medios de comunicación, periodistas, personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil contribuyen a generar un ambiente poco propicio para la libertad de expresión (sobre todo en momentos cuando la delincuencia organizada, autorizada o al interior de los Gobiernos está desatadas). Y es que paradójico resulta el hecho de que muchas de las agresiones provengan de elementos de instituciones representadas en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Hay que aclarar que si bien los servidores públicos gozan de la libertad de expresión, ésta se encuentra sometida a diversas restricciones, una de las cuales es hacer uso de ella con pleno respeto a las opiniones diversas. Es evidente que todos deseamos vivir en un país democrático y con instituciones sólidas, y es por ello que nuestro trabajo constante es señalar deficiencias, violaciones de los derechos humanos y, en general, oportunidades y formas de mejorar el servicio público en beneficio de todas y todos, y la crítica constructiva y el mejoramiento constante de las instituciones es parte fundamental del fortalecimiento democrático que requiere el País.
Y ES que no son ocho periodistas asesinados en lo que va del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador como reconoce y argumenta Presidencia de la República, sino 13 sumando los cuatro casos que no han sido reconocidos por la administración federal como crímenes contra comunicadores, lo que violenta la ley para la protección de esos profesionales y defensores de derechos humanos vigente desde 2012. De acuerdo con “Reporteras en Guardia”, el gobierno Federal tendría que reconocer como comunicadores, en base a la ley vigente, a los también activistas Samir Flores Soberanes, fundador y locutor de la radio Amiltzinko en Morelos; José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián, colaboradores de Radio Zapata en Chilapa, Guerrero; y Gustavo Cruz Mendoza, integrante de la comisión de comunicación del Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” y colaborador de la radio móvil Radio Guetza. Los cuadro, además de defensores de los derechos humanos eran comunicadores, por lo que esa exclusión hace más vulnerables a las y los periodistas indígenas del País cuya labor suele ser la única vía de información y denuncia de los pueblos originarios sojuzgados por la violencia criminal e institucional. No es secreto que quienes ejercen el periodismo en sus comunidades arriesgan la vida al informar de las violaciones a los derechos humanos, territoriales y medioambientales que sufren por parte de cacicazgos locales, el aparato de Estado o las empresas privadas, y vaya que tiene razón la coordinadora del colectivo que agrupa reporteras de 24 entidades del país y de la Ciudad de México, Laura Castellanos cuando exige reconocimiento para ellos.
DECIA BENITO Juárez García, el ex Presidente más admirado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador –pese a sus quince años como titular del Poder Ejecutivo Federal y cuatro reelecciones que lo encaminaban a ser un dictador como buen maestro de Porfirio Díaz en el Instituto de Ciencias Jurídicas del Oaxaca- que: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”, y ojalá así lo entendiera el personaje que hoy vive en un Palacio, como alguna vez lo hizo su admirado Juárez en franca emulación de Maximiliano de Hamburgo. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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