NO ES otra renuncia al gabinete presidencial sino acaso la más importante, la del responsable de las finanzas, del que propone, dirige y controla la política económica del Gobierno Federal en materia financiera, fiscal, de gasto, ingreso y deuda pública, así como de estadísticas, geografía e información con el afán de consolidar al País en materia de crecimiento. Porque Carlos Manuel Urzúa Macías, al menos en el papel, tenía entre otras funciones el diseño, planeación, ejecución y coordinación de las políticas públicas, lo que incluye la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto de Egresos de la Federación (Gasto público) y la Ley de Ingresos (lo que el gobierno pretende obtener del cobro de impuestos, ganancias de la empresas paraestatales y otros); intervenir en el diseño de la legislación en temas fiscales; operar la deuda pública del gobierno Federal y la Ciudad de México; coordinar y vigilar el sistema bancario público y privado (con excepción del Banco de México que goza de autonomía); inspeccionar y reglamentar las operaciones vinculadas a seguros, fianzas, valores y crédito; establecer las tarifas de los bienes y servicios públicos; dirigir el Servicio de Administración Tributaria; encabezar las aduanas y sus servicios; y regular la posesión de bienes inmuebles del gobierno federal, además de muchos etcéteras más que, sin embargo, no le permitían, y lo deja muy claro en su carta renuncia que de inmediato le fue aceptada: “discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento (le faltó decir ocurrencias). Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta puede tener y libre de todo extremismo (se llama planeación), sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, señala que durante su gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco.
QUIZA LA gota que derramó el vaso fue lo que al final de su dimisión expone contundentemente: “aunado a ello, me resulto inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés” y rubrica: “por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de hacer podido servir a México”, y no había pasado ni una hora cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya tenía al sucesor que, al final de cuentas servirá para lo mismo: Arturo Herrera Gutiérrez, ahora ex subsecretario del ramo y quien viene de la rama del propio Urzúa, y cuya función será dar continuidad al mandato presidencial de implementar 13 medidas del Presidente Andrés Manuel López Obrador para adelgazar a la administración pública y reducir el gasto operativo del gobierno Federal que generaría ahorros por 6 mil 300 millones de pesos (para seguirlos regalando a Ninis), lo que ha provocado la salida forzosa de 11 mil funcionarios de alto nivel del gobierno que el sector privado se niega a contratar por considerarlos poco confiables en materia económica y por la estigmatización que AMLO ha hecho de ellos.
AHORA BIEN, el problema, ha quedado demostrado, no es López Obrador, ni el, ahora, renunciado Carlos Urzúa en la Secretaría de Hacienda. En esa oficina, como bien lo dice el ex titular de la dependencia hay funcionarios impuestos “que no tienen conocimiento de la hacienda pública”, y acaso entre estos se encuentra la Oficial Mayor de esa instancia que es la que realmente manda. Se trata de Raquel Buenrostro Sánchez, el verdadero poder tras el trono y la responsable del congelamiento de licitaciones de compras consolidadas de servicios y, sobre todo, de medicamentos que tantas críticas le han generado al presidente López Obrador. Lo peor es que la experiencia de esa operadora financiera en la administración pública comenzó de la mano de su exprofesor en el Colmex, Carlos Urzúa, y en el gobierno capitalino que encabezó López Obrador. Después creció en las administraciones federales panistas y priistas, pero ahora parece ostentar más poder que nunca, a tal grado que estaba por encima del propio titular de la SHCP que prefirió renunciar antes de seguir acatando las ocurrencias de AMLO, a sabiendas de que, tácitamente, era un cero a la izquierda.
DICEN LOS que saben que Buenrostro Sánchez habla con el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo menos tres veces al día, y la confianza que el titular del Poder Ejecutivo le dispensa es tal que muchos de los acuerdos que toma con ella no tenían que pasar, necesariamente por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa. Los oficios de López Obrador a Buenrostro son directos, sin intermediarios, lo que denota que es quien maneja los hilos en la dependencia, lo que será, sin duda, un obstáculo para el joven Arturo Herrera Gutiérrez, un joven licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) con maestría de El Colegio de México (Colmex) y que está por terminar un doctorado en la Universidad de Nueva York, y quien tuvo la osadía de proponer revivir impuestos como la tenencia vehicular para, posteriormente, ser desmentido por el Presidente AMLO argumentando que cumplirá su palabra de no imponer gravámenes. Fue secretario de Finanzas de la capital, cuando el presidente López Obrador fue jefe de Gobierno, posteriormente colaboró como gerente de práctica de la Unidad de Servicio Público y Desempeño para América Latina y el Caribe del Banco Mundial (BM).
PERO VOLVIENDO al caso Buenrostro, en esta Administración, antes de que López Obrador ordenara a Carlos Urzúa formalizar el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Adalberto Palma Gómez, Raquel Buenrostro ya había dispuesto el recorte de personal, la cancelación de prestaciones y nombrado a los responsables de la administración de recursos de la institución que vigila al sector financiero. Cuando Palma llegó a la CNBV, su sindicato, que representa a 1 mil 200 empleados ya había iniciado un paro de labores por la cancelación de los servicios médicos y problemas con su caja de ahorro. Y es que Buenrostro decide sobre cada peso que el gobierno federal y sus organismos usarán para comprar o pagar servicios, vía licitación o adjudicación directa, durante los próximos años. “Los procesos productivos de Pemex requieren de un consumo intensivo de energía eléctrica y de vapor; sin embargo, los equipos actuales de generación de vapor y energía eléctrica son ineficientes y se encuentran al final de su vida útil”, establece la memoria documental del proceso de liquidación de Pemex Cogeneración, firmado por Buenrostro en medio del plan de ajuste presupuestal de Pemex en 2017. De ese tamaño es el contrapeso que tendrá que enfrentar el nuevo titular de Hacienda, y acaso no tarde en renunciar como podrían hacerlo otros tantos, incluido Ricardo Ahued a la administración general de aduanas si es que le imponen a militares en retiro en las 49 aduanas del País como todo parece indicar. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com
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