EL TEMA del aborto –ese que suele dividir a familias completas; al Estado contra la Iglesia y a grupos conservadores con liberales - traerá nuevas repercusiones en los días por venir al interior de la sociedad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió analizar un amparo contra la posible omisión legislativa por parte del Congreso veracruzano por no modificar artículos del Código Penal Estatal para permitir la Interrupción Legal del Embarazo en la Entidad hace dos años. Y es que como bien se recuerda, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional impulsaron en 2017 –cuando aún no eran mayoría legislativa- una iniciativa para permitir el aborto, sin embargo, la propuesta fue rechazada en comisiones y se elaboró un dictamen en sentido improcedente que fue avalado por el pleno con mayoría panista, pero por esa negativa, grupos feministas tramitaron el amparo 1191/2017 ante la justicia federal y, tras conseguirlo en 2018, la autoridad jurisdiccional ordenó a los legisladores discutir la despenalización del aborto. Al conceder el amparo, la autoridad determinó que se vulneraron diversos derechos humanos de las mujeres, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, entre otros, por lo que al ser discutida y sometida de nuevo a votación, los del Movimiento de Liberación Nacional estarían asestando un duro golpe a quienes inicialmente se opusieron pero, sobre todo, a la Iglesia católica que se ha pronunciado desde siempre en contra de la interrupción sea legal o ilegal del embarazo, ya que su doctrina defiende la concepción desde que se gesta.
LA IGLESIA Católica veracruzana, por lo tanto, ya levantó la voz ante lo que considera “un amparo de los grupos anti vida” para analizar si hubo omisión legislativa del anterior Congreso del Estado avalado por la SCJN, y denuncia: “nuevamente nos encontramos ante otro intento de los grupos abortistas que han buscado imponer la muerte de los concebidos hasta las 12 semanas de gestación, en esta ocasión valiéndose de la Suprema Corte para pretender imponer la cultura de la muerte en Veracruz”, y acto seguido da su definición de lo que es su defensa a la vida: “El aborto provocado es un crimen terrible por donde se quiera ver; es el derramamiento de sangre inocente de seres humanos que no pidieron venir a este mundo (y ahí, por supuesto que tiene razón la iglesia, porque los embarazos deben ser deseados y no producto del instinto animal y del descuido de personas que priorizan el acto sexual antes que la responsabilidad que implica ser padres). El aborto, dice la Arquidiócesis de Xalapa en voz de su vocero, José Manuel Suazo Reyes es un delito porque priva de la vida a un ser humano; es una forma de exterminio de los seres humanos en el vientre de su madre. Y si lo analizamos como un jugoso negocio de quienes lo promueven, es todavía más inhumano porque detrás está el lucro y la ambición desmedida. No queremos que se derrame más sangre en Veracruz (y vaya que hay lucro, y bastaría ver las clínicas que operan clandestinamente en el Estado y País para percatarnos que el aborto se ha convertido en una industria de la muerte).
Y ES que el aborto podría evitarse si el Estado pusiera a disposición de hombres y mujeres todo tipo de métodos anticonceptivos como pastillas, parches, implantes, DIU, inyecciones, entre otros de manera gratuita y en todos los hospitales y salas de consulta médica, en vez de seguir regalando el dinero a ninis que ni estudian ni trabajan, pero si embarazan a jovencitas que deben enfrentar solas su calvario, o de crear empleos para extranjeros como si México estuviera libre de ese flagelo. Y aunque ciertos colegios toman parte y participación activa en la educación sexual y en la entrega de métodos anticonceptivos para tratar de disminuir las tasas de embarazo no deseado, sobre todo adolescente y prevenir el aborto, lo cierto es que el porcentaje de quienes se enfocan en ello sigue siendo menor, y no llega a los extractos más pobres como las zonas marginadas, rurales o colonias populares que es donde mayormente se dan los embarazos no deseados, y en cuanto a los métodos de prevención para las mujeres, como el servicio de consejería, entrega de anticonceptivos o preservativos, debe aplicarse una ley que incluso asegure el acceso a la información a los adolescentes sin necesidad de que sean acompañados por adultos.
Y ES que resulta inconcebible que tan solo en los primeros seis meses del año, casi 250 niñas de entre 12 y 17 años hayan registrad a sus hijos ante el registro civil de Xalapa cuyo titular, José Luis Martínez Corona dice que eso refleja que el embarazo en niñas es un problema en la ciudad capital, aunque indicó que ha bajado el índice gracias al trabajo realizado por el Ayuntamiento, el DIF y diversas instituciones, aunque con esa cantidad de niñas registrando a sus hijos no creemos que el trabajo que realizan esas dependencias sea muy bueno, más bien, lo siguen solapando, ya que debería citarse a los padres de esas criaturas para que intervengan, también, autoridades judiciales cuando se trate de un abuso, porque detrás de la mayoría de los embarazos infantiles hay, sin duda, una serie de presiones a las menores entre las que destacan la mentira, chantaje, amenaza y hasta violaciones. Es decir, va de todo menos amor.
ES INDISCUTIBLE que esas jóvenes madres no podrán dar un mejor futuro a sus hijos, y serán contados los casos en los que muchos saldrán a flote, sin embargo, es preferible que recurrir a la interrupción del embarazo por vías que pondrían en peligro sus vidas, aunque podría evitarse si las autoridades, maestros y padres de familia se ponen las pilas e intensifican programas de orientación que impidan que una niña o adolescente sea madre y trunque, en gran medida, su desarrollo académico y frente a la sociedad. Dice la Arquidiócesis que en realidad no hubo omisión legislativa por parte del anterior Congreso del Estado: “la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, habiendo hecho el análisis jurídico correspondiente, dictaminó negativamente la Iniciativa que en ese entonces había presentado la diputada Tanía Carola Viveros porque era inconstitucional. La inconstitucionalidad radicaba en que no se podía modificar el Código Penal de Veracruz porque la Constitución de Veracruz, en su Artículo 4 protege la vida desde la concepción hasta su desenlace natural. Es decir, la Constitución Política de Veracruz contempla jurídicamente el paso de la vida albergada en el seno materno a la vida albergada en la sociedad”, dice la curia, y el asunto dará mucho de qué hablar en los días por venir, por lo que Xalapa y el Estado deben aprestarse a nuevas manifestaciones entre los que están a favor y en contra del aborto, y de los que buscarán sacar ventaja de una u otra cosa. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com
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