LO QUE sucede en el centro replica en todas partes, sea en la materia que fuere, y por ello, duartistas y yunistas que pensaban haber librado la ley gracias la permanencia de Jorge Winckler al frente de la Fiscalía General del Estado no deberían echar campanas a vuelo, pues muchas denuncias que aquí no prosperan, sobre todo cuando se trata de la administración pasada, están siendo llevadas a la Fiscalía General de la República tomando en consideración que en ciertos desvíos hay de por medio recursos Federales, y en ese tenor las investigaciones están siendo endosadas a Alejandro Gertz Manero que amigo y todo de Miguel Ángel Yunes Linares, entiende que la lealtad será primordial hacia el Presidente Andrés Manuel López Obrador que comienza a extender el extenso brazo de la ley, y quien ya dio luz verde para llevar a prisión al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y el presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira y, de paso, las órdenes de arresto se han extendido hasta los familiares del primero a quienes les congelaron cuentas bancarias. No es fortuito, por lo tanto, que en Nuevo León el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ahora, aliado del Presidente Andrés Manuel López Obrador haya ordenado la detención de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, protegida de la anterior administración Federal peñista, acusada de peculado. A la dama que fue presidenta municipal durante el periodo 2012-2015 se le denunció desde entonces, pero nunca había procedido, por lo que ahora se encuentra en prisión, y en Veracruz se avecinan acciones similares. La visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes a Coatepec es, precisamente, para refrendar el respaldo al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez llegado el momento de utilizar la guadaña.
NO ES fortuito, por lo tanto, que la FGR mantenga abiertas investigaciones en contra de los ex tesoreros del Estado, Carlos Aguirre Morales y Antonio Tarek Abdalá Sad, además de Gabriel Deantes, ex secretario de Trabajo, de tal suerte que si no reponen a la Federación 1 mil 580 millones 503 mil 156.96 pesos en un plazo de 15 días, tal como lo determinó la Auditoría Superior de la Federación, podrían ser detenidos y enjuiciados para terminar haciéndole compañía a su ex jefe Javier Duarte de Ochoa en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. El asunto va en serio, y más vale que el trio de funcionarios que tanto daño causó a Veracruz, busquen ampararse o, de plano, repongan esos dineros, asunto en el que quedan fuera tanto el ex alcalde de Boca del Río y ex Secretario de Finanzas, Salvador Manzur y Fernando Charleston que, también ocupó la Sefiplan, sin que le resultara responsabilidad alguna.
LOS TRES exfuncionarios y ex amigos de Duarte de Ochoa –ya que al menos Antonio Tarek Abdalá se alquiló como testigo protegido contra su ex patrón-, son responsables de incurrir presuntamente en actos irregulares constitutivos de daño y perjuicio patrimonial ocasionado a la Hacienda Pública Federal, concretamente, al programa del Seguro Popular. Y es que el trio de gandules no ministraron, entre otros asuntos, los recursos del Programa de Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) en 2013 a los entes ejecutores, lo que generó rendimientos financieros durante el periodo del 26 de febrero de 2013 al 31 de marzo de 2014 por un importe de 183 mil 922 pesos, según el resolutivo de la ASF correspondiente a una investigación que comenzó a tener avances desde el 17 de Noviembre de 2017 mediante un procedimiento para el finamiento de responsabilidades resarcitorias. El daño y perjuicio se desprende de la falta de solventación del Pliego de Observaciones número PO0688/15.
PERO NO es el único caso que podría estallar en los semanas o meses por venir, ya que, también, el reiterado dirigente Estatal del PAN, José de Jesús Mancha Alarcón está siendo investigado por la Fiscalía General de la República -ante la desconfianza que tiene el Estado a Wínckler-, por contratos que obtuvo durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes, así como de sus familiares y allegados pero, al mismo tiempo, la FGR indaga a los Senadores panista, Julen Rementería del Puerto, titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas durante el minigobierno de Yunes Linares, y a la consentida del ex Gobernante, Indira Rosales, quien se desempeñó como Secretaría de Desarrollo Social desde donde operó los beneficios que se dieron durante la campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura. Sin embargo, al par de Senadores se les investiga por presunta participación en la danza de 52.2 millones de pesos que el gobierno de Yunes habría facturado a las empresas de Mancha Alarcón, aunque ahí no para la cosa: hay también, investigaciones abiertas en la Secretaría de Educación de Veracruz, el Instituto de Espacios Educativos y el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, donde empresas relacionadas con el dirigente panista consiguieron contratos de adjudicación directa o mediante licitaciones. La guadaña va, y suponer que AMLO aplicaría el borrón y cuenta nueva ha sido un craso error, ya que al mandatario nacional se le identifica con un personaje del chavo del ocho que como decía una cosa decía la otra.
Y ES que informes fidedignos indican que Secretaría de Finanzas y la Contraloría General del Estado si encontraron violaciones a la Ley de Obras y Adquisiciones, así como a la Ley General de Responsabilidades de Servidores Públicos en el caso Mancha Alarcón, por lo que no se descarta que procedan legalmente en los próximos días contra el dirigente panista, y de paso atajen los afanes de Miguel Ángel Yunes Linares de postularse en la intermedia para una diputación Federal por Boca del Río para, en 2024 contender por la Gubernatura nuevamente. No es secreto que Pepe Mancha está directamente relacionado con la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV. Su esposa, Montserrat Ortega, actual diputada local, aparece como accionista en dicha empresa que recibió un contrato por 7.4 millones de pesos de la SIOP, y en el caso de las empresas Multiservicios El Elemento S.A. de C.V. y Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V., Monserrat Ortega Ruiz aparece como administradora. La primera celebró dos contratos por 41.4 millones de pesos dos con la Sedesol, y uno con la Fiscalía General a cargo de Jorge Winckler, organismo que ha dificultado el acceso a la información. Biodiversidad del Golfo S.A. de C.V. celebró dos contratos por 3.4 millones de pesos con la SEV y el Instituto de Espacios Educativos. Las tres empresas tienen como representante legal a Saúl Fonseca de la Cruz, y en algunas licitaciones por invitación de la pasada administración participaron únicamente las empresas propiedad de José Mancha Alarcón. Esto viene en serio, y más vale poner las barbas a remojar…OPINA carjesus30@hotmail.com
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