De Veracruz al mundo
POR SI ACASO
Carlos JesúsRodríguez Rodríguez
2019-05-01 / 17:30:19
*Mixtla de Altamirano: botín de hienas

*Cuitláhuac-Fiscal juegan con el crimen
*Encubrimiento: delito que se sanciona

HA TRANSCURRIDO una semana desde que Maricela Vallejo Orea; su esposo, Efrén Zopiyactle y el chofer de ambos, Sabino García, fueron asesinados por un comando armado sobre la carretera Zongolica-Orizaba, a la altura del municipio de Los Reyes, y es la fecha en que todo sigue igual; no hay detenidos, los avances son inciertos, y el asunto pasó del orden policiaco al político, ya que lejos de homenajes, lutos o ceremonias que recuerden a la joven alcaldesa sacrificada, la disputa, como hienas, se está dando por la presidencia municipal vacante, pues mientras el Congreso del Estado desdeña una carta enviada por la alcaldesa suplente, Margarita Montalvo Acahua, en la que pide que sea esa instancia la que convoque a sesión extraordinaria para darle posesión del cargo, y encuentra como respuesta que “es el Cabildo quien tiene que convocar a sesión y no el Congreso local”, grupos de poder intentan imponer al panista Ricardo Pérez Marcos, uno de los presuntos sospechosos del triple crimen, luego de que la malograda munícipe dejó una grabación póstuma en la que lo responsabiliza de lo que pudiera pasarle, al negarse a renunciar a la alcaldía que pretendían arrebatarle tras una supuesto negociación que la convertiría en otra más de las clásicas “juanitas”, esto es, mujeres que ganan una elección y renuncian para ceder el espacio a algún varón.



Y ES que el síndico, pese a la sospecha, maniobra para tomar por asalto ese cargo que, ha asegurado le fue quitado porque se aplicó la igualdad y equidad de género. Incluso, en Mixtla es un secreto a voces que él y su esposa, la exalcaldesa Angélica Méndez Margarito amenazaron a Maricela Vallejo Orea si los “traicionaba”, porque presuntamente ella había acordado que se presentaría como candidata pero renunciaría al cargo una vez ganándolo para otorgárselo a Pérez Mendoza, rechazado por gran parte de la población serrana, aunque llama la atención que ahora, con tal de no reconocer que el gobierno cuitlahuista abandonó a su suerte a la extinta presidenta municipal al retirarle la seguridad, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, José Manuel Pozos Castro también escurre el bulto y dice que “no tiene validez” el oficio que envió la alcaldesa suplente de Mixtla de Altamirano, Margarita Montalvo Acahua, y esgrime que el cabildo de ese municipio debe informar al Congreso local sobre la ausencia definitiva (¡!) de la alcaldesa asesinada durante la noche del miércoles 24 de abril cuando pasaba por el municipio de Los Reyes acompañada de su esposo y su chofer, también ejecutados. El tema es ríspido en Mixtla de Altamirano, y las autoridades estatales deben intervenir para que la sangre no llegue, nuevamente al río, ya que, al parecer, lo que está en juego son las escasas obras sociales, puestos laborales y el mísero presupuesto que en esos pueblos es una fortuna.



PERO LO más grave, tal vez, es el abuso de la ley en el que incurren tanto el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez como el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz en aras de ese pleito que tiene a los veracruzanos sin una prevención del delito eficaz y, de paso, la ausencia de procuración de justicia, rendija que aprovecha la delincuencia para seguir haciendo de las suyas, a sabiendas que en Veracruz se impone la impunidad y ausencia de un Estado de Derecho. El crimen de Maricela Vallejo, que desde diciembre de 2017 hizo público que había sido víctima de amenazas de muerte, ya que le pedían decidir entre aceptar 300 mil pesos por renunciar a la presidencia municipal o perder la vida si decidía continuar en el encargo, ha sido usado por los irresponsables servidores públicos, el primero acusando que Winckler está encubriendo a los asesinos intelectuales de la, ahora, ex alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, y el segundo sin avances en las indagatorias: “Hay algo gravísimo y lo digo con toda responsabilidad; el Fiscal está encubriendo a los asesinos intelectuales de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano”, dijo Cuitláhuac hace unos días, dando la impresión que como Gobernador cuenta con información precisa de quienes son las personas a quien se refiere, pero no da nombres ni acude a presentar la denuncia correspondiente, por lo que estaría incurriendo en el delito de encubrimiento que, de acuerdo al Código Penal Federal, lo comete la persona que oculta cualquier tipo de información, aunque esa persona no haya tenido nada que ver, y está ayudando al autor de los hechos. Esto, generalmente, lo hace, dice la ley, con el fin de ayudar al responsable para no ser castigado por la justicia. Aunque también puede hacerlo por algún tipo de interés. Por esa razón, el Fiscal que dice estar investigando los hechos, le ha pedido al mandatario estatal que acuda a la Fiscalía y declare todo lo que sabe en torno a los hechos para que se proceda en consecuencia. La ley es clara cuando señala que encubrir un delito no significa ser cómplice, sino que se oculta una información que puede resultar vital para esclarecer los hechos. En cualquier caso, quien encubre puede estar cometiendo un quebrantamiento de la ley.



EN LOS artículos que van del 451 al 454 del Código Penal se regulan esos actos. Las personas que cometen el delito de encubrimiento pueden ser castigados con pena de cárcel de hasta 3 años. En ningún caso podrá ser castigado con penas superiores al del autor de los hechos encubiertos. En el caso de tratarse de un cargo público, éste puede ser inhabilitado de su cargo de 2 a 12 años. Todo dependerá de la gravedad o la repercusión de sus actos. La conducta típica en estos casos de encubrimiento trata de ayudar al autor del delito en el cual no ha sido partícipe. Sin embargo, el hecho de no haber participado no significa que no sea sancionado. El hecho de ocultar, alterar o inutilizar los elementos de cualquier delito para impedir el hallazgo también se considera encubrimiento, dice la ley.



POR ELLO, en vez de estar jugando con la muerte de una mujer cuyo delito acaso fue defender la legalidad de una elección que la convirtió en presidenta municipal, pero que al no renunciar al cargo le segaron la vida, si el gobernador tiene otra información o corrobora esa que no puede criminalizarse solo por un mensaje post mortem, debería ponerla a consideración de la fiscalía, y en una suma de esfuerzos esclarecer de una vez por todas ese artero homicidio que, a decir verdad, nos dolió a todos porque se trata del crimen de una mujer humilde, que estaba haciendo su trabajo con responsabilidad, pero que a alguien (no nos atreveríamos a decir si el síndico o su esposa porque no tenemos pruebas y acusar sin pruebas, también, es delito) no le gustaba del todo. Más allá de pleitos de vecindad, Gobernador y Fiscal deben sumar esfuerzos para que la impunidad no se imponga y aliente nuevos crímenes. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com





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