AUNQUE VERACRUZ solo reporta 801 personas no localizadas, según cifras del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, lo cierto es que el número es muy superior, pero infinidad de familias no denuncian esos hechos debido a que se encuentran bajo amenaza. De esa manera, números someros de activistas sociales hablan de al menos 5 mil desaparecidos que no se encuentran ni en los Servicios de Medicina Forense del Estado o en las llamadas “fosas comunes” -donde suelen inhumarse cuerpos cuando pasa un tiempo determinado y no son identificados o reclamados-, aun cuando la Fiscalía General del Estado cuenta ya con algunos perfiles genéticos para compulsarlos con restos que van siendo encontrados. En ese sentido, en Semefos de la entidad se encuentran al menos 598 cuerpos en espera de ser identificados, y algunos seguramente irán a la fosa común. Y es que información emanada del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo), los estados que más cuerpos, restos óseos y osamentas ingresan a sus forenses son: Veracruz (en primero lugar), Tamaulipas, Colima e Iguala (Guerrero), Ciudad Juárez (Chihuahua) y Tijuana (Baja California), pero el estado, dice ese organismo “es una mina de cuerpos enterrados en fosas clandestinas. El resto de las entidades, aunque en menor medida, no se salvan, pues “la república está sumergida en una gran fosa”. Lo peor es que la cifra de personas no identificadas podría ser mayor a las oficiales, dado que en el caso de estados violentos es imposible acceder a ciertas zonas para recoger restos humanos, óseos u osamentas, como en Veracruz y Guerrero, este último considerado uno de los más violentos a escala mundial. “Ahí está tremenda la situación”, dice una fuente del Incifo. “Uno a veces no puede ni refutar el trabajo de identificación, por la situación de violencia, uno no puede ni ir a recoger un cuerpo, se les dificulta a los peritos. Con una situación tan adversa, los peritos no se pueden arriesgar a acudir a ciertas zonas. Llega gente mañosa y les dice ‘no debes estar aquí, aquí no vas a encontrar nada’”.
PERO, ¿POR QUÉ el tema? Se encuentra el México la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, y seguramente es el momento de mostrarle la realidad que se vive en entidades como Veracruz, donde la violencia alcanza cifras estratosféricas no solo en materia de secuestros, levantones, descuartizados, ejecuciones y asaltos, sino por la elevada cifra de desaparecidos cuyos familiares, en la mayoría de los casos, no denuncia por miedo a represalias, y el gran aumento de cuerpos en los Semefos que no han sido reclamados y que van a parar a fosas comunes perdiéndose así la posibilidad de entregarlos a sus familiares, sobre todo si se trata de personas que habitan zonas marginadas o colonias pobres de las periferias, para quienes se tornan engorrosas las denuncias ante fiscalías que suelen tratarlos mal, darles largas y, en el peor de los casos, les piden dinero para agilizar la búsqueda de sus seres queridos, algo que no pueden pagar dada la situación económica que les embarga.
LO PEOR es que aunado a la violencia que se vive a lo largo y ancho de la República, fenómeno al que Veracruz no escapa, se carece de sistemas de identificación universal, y aunque esos mecanismos los poseen la Cruz Roja Mexicana, algunos Semefos y ahora la Fiscalía General de la República, estos no se han unificado. Si a lo anterior se agrega que hay infinidad de desaparecidos pero pocas denuncias –se habla de hasta 74 mil 214 personas cuyos familiares no tienen certeza de dónde están o qué pasó con ellas-, esto ocasiona un altísimo índice de personas fallecidas que terminan en la fosa común. El asunto no es menor, cuando en Veracruz siguen apareciendo fosas clandestinas en diversas partes del territorio
DATOS PROPORCIONADOS por el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) al diario Excélsior, revela que hay al menos 37 mil 506 personas desaparecidas, y según el organismo, Tamaulipas es la entidad que registra mayor número de personas extraviadas o desaparecidas, con 6 mil 131, le sigue el Estado de México, con 3 mil 890, después Jalisco, con 3 mil 362, Sinaloa (3,042), Nuevo León (2,919), Chihuahua (2,211), Sonora (2,169), Puebla (2,073), Guerrero (1,807), Coahuila (1,779), Michoacán (1,269), Baja California (1,050), Veracruz (801), (Ciudad de México (798), Guanajuato (621), Colima (595), Zacatecas (515), Durango (424), Querétaro (285), Morelos (259), Aguascalientes (232), Oaxaca (227), Hidalgo (177), Chiapas (118), Nayarit (148), Yucatán (102), Morelos (259), San Luis Potosí (105), Tabasco (76), Quintana Roo (68), Baja California Sur (40), Campeche (35) y Tlaxcala (27), así como “no disponible” 33, “no especificado” 29 y extranjeros 35.
SI SE comparan esas cifras del RNPED (37 mil 506) con las 40 mil 180 que en enero dio a conocer Roberto Cabrera, cuando se desempeñaba como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, hay una diferencia de 2 mil 674 personas sin estar en la plataforma oficial de Personas Extraviadas y Desaparecidas, por lo que no se puede saber dónde fueron vistas por última vez, edad y su género. El caso Veracruz es particular, porque es el estado donde más fosas clandestinas se han encontrado y se siguen localizando, y lo peor es que los colectivos dicen que no son atendidos ni por el Gobierno del Estado –en los acompañamientos cuando exploran nuevas fosas- ni por la Fiscalía, por lo que no se descarta que los casos sean expuestos a la expresidenta chilena ahora que forma parte de una de las instituciones de defensa más importantes en materia de derechos humanos.
UNO DE los casos que ya fueron planteados a la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), fue el asesinato en Xalapa del activista y defensor de derechos humanos, Abiram Hernández Fernández, y dicen que la expresidenta de Chile se mostró “sorprendida” del nivel al que ha llegado esa situación en México en años recientes. Sin duda, la postura de la defensora será contundente cuando se reúna con el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo martes en Palacio Nacional, dadas las circunstancias de violencia e inseguridad que enfrenta el país con el asesinato de 7 periodistas y dos más heridos de gravedad, y el crimen de 14 defensores de derechos humanos, sin considerar las ejecuciones de políticos que sigue al alza. Así las cosas… OPINA carjesus30@hotmail.com
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