No entendemos el motivo por el cual, el gobierno del estado representado por el ejecutivo, tuvo que trasladarse hasta la ciudad de México -el museo Memoria y Tolerancia- para ofrecer una disculpa publica a los familiares por la desaparición forzada de cinco jóvenes en Tierra Blanca Veracruz, a menos que como lo considera Pancho López el filósofo de mi pueblo se haya tratado simplemente de hacer un show mediático, con muy buenos resultados, por cierto.
Que quede bien claro que no estamos criticando el hecho de que se haya cumplido con uno de los puntos de la recomendación emitida el pasado 19 de julio del 2017 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH y con el dictamen de opinión técnica emitido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV.
Lo cuestionable es el hecho de que para pedir esa disculpa, se haya montado todo un escenario en el Museo de la Memoria y Tolerancia donde casualmente se exhiben los actos del holocausto a nivel internacional, cuando muy bien se pudo haber hecho un acto en el mismísimo palacio de gobierno en la capital del estado, o mejor aún, que las autoridades estatales y federales se trasladaran hasta Tierra Blanca para entrevistarse con los familiares.
Nosotros también decimos que bueno que se haya pedido una disculpa por la desaparición forzada de esos cinco jóvenes, pero habría que cuestionar también, ¿cuándo se va a pedir una disculpa por no hacer justicia a los otros más de dos mil desaparecidos en los últimos años?
Porque hay que destacar que en esa ceremonia, los padres y madres de los cinco jóvenes desaparecidos aclararon que lo que están pidiendo desde el 2016 es que se haga justicia y que como consecuencia, al final de cuentas, se pueda conocer cual fue el paradero de sus cuerpos.
Porque precisamente gran parte del problema es ese, que no se tiene información sobre las supuestas investigaciones, mucho menos de los sitios donde han sido encontrados entierros masivos.
Son los grupos de colectivos de familiares de los desaparecidos, quienes se han tenido que encargar -con sus propios recursos- de investigar, localizar y dar a conocer la ubicación de la mayoría de las fosas.
Como se recordará desde el 11 de enero de 2016, José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arróniz, se trasladaban del puerto de Veracruz a Playa Vicente, cuando fueron detenidos en la cabecera municipal de Tierra Blanca y, luego desaparecidos y ejecutados.
Hasta la fecha no se sabe en donde quedaron sus cuerpos.
Bernardo Benítez, padre de Bernardo, uno de los jóvenes exigió a las autoridades más que una disculpa pública, justicia pues “si hubiera justicia nuestros hijos hoy vivirían”.
“No creo en la justicia del Estado mexicano”, enfatizó, y exigió “que se juzgue a los culpables porque a 3 años de lo sucedido no hay sentenciados”.
Dijo que en su lucha por justicia, han encontrado algunas autoridades dispuestas a hacer las cosas bien y la solidaridad de muchas personas y medios de comunicación.
“Les pedimos que reparen este dolor tan profundo, somos miles de familias en esta circunstancia”, expuso.
Al fiscal general, Alejandro Gertz, pidió resolver el caso y llegar a las últimas consecuencias o “se manchará las manos” si no lo hace.
El mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez, dijo que las autoridades del estado fallaron en dar respuesta a las familias ante dichas atrocidades y en darles justicia.
“Reconocemos que el Estado les falló, no hubo capacidad de darles seguridad a sus jóvenes. Todos deben saber que elementos de seguridad del estado de Veracruz detuvieron arbitrariamente y desaparecieron a sus hijos dejándoles a ustedes un inmenso dolor”.
“Reconocemos públicamente la responsabilidad del estado y les ofrecemos una disculpa”, dijo el mandatario estatal ante las familias de los desaparecidos.
Mientras tanto, aquí en Xalapa, Anaís Palacios integrante de la Comisión Estatal Ciudadana y Acompañante de Personas Desparecidas, anunció sin tantos reflectores ni atención de los medios de comunicación, que integrantes de colectivos en busca de sus desaparecidos iniciarán trabajos de búsqueda en municipios como Actopan, Coatepec, Cosautlán, Emiliano Zapata, Las Vigas y Xalapa.
“Hay búsquedas en todo el estado, desde el año antepasado ya la propia fiscalía hacia la separación de las labores de búsqueda, aunque ahora ya hay un mecanismo que coordina a las autoridades que tengan injerencia en la desaparición e investigación”.
Aunque también reconoció que la riña que existe entre el Gobierno estatal y la Fiscalía complica el panorama para las familias, aunado a la falta de presupuesto y condiciones institucionales no favorables.
Así las cosas.
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