Cuando apenas era gobernador electo, el pasado 12 de agosto, Cuitláhuac García Jiménez se reunió con jueces municipales a quienes les informó que se revisará “minuciosamente” el proyecto de las llamadas Ciudades de Justicia anunciadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, pues quiere asegurarse que no exista conflicto de intereses.
Las Ciudades Judiciales dejarían una deuda para el Poder Judicial del Estado durante los próximos años, por lo que expresó su interés para “saber cómo se hicieron, si son legales, si no hay ahí moches (…) sobre todo si hay conflicto de intereses (…) en caso de ser así terminar con esos convenios y contratos”, aseguró en ese entonces.
También se habló en esa ocasión de un posible conflicto de intereses del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña con la contratación de Juan Pablo Álvarez Delong su hijo y el socio Jesus Obeso Martínez subdirector de recursos materiales del Poder Judicial.
La semana pasada fueron aprobadas modificaciones propuestas por el gobernador del estado al presupuesto que había sido presentado a finales de la pasada administración y de entrada se le hizo un recorte al presupuesto del Poder Judicial de seiscientos cincuenta y cuatro millones de pesos $654,127,631.00.
De $2,584,753,190.00 que se le habían dejado como presupuesto para ejercer este año se le recortó a $1,930,625,559.00.
Por su parte, el Auditor General del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez confirmó este lunes 4 de marzo, que se tienen programadas las revisiones tanto al proceso de licitación, como a la construcción de las obras de las Ciudades de Justicia.
La revisión forma parte del calendario de auditorías de la revisión de la Cuenta Pública del 2018, que debe iniciar a más tardar el 1 de mayo, que se debe aprobar a más tardar el 31 de octubre de este año, como parte de la fiscalización superior de los poderes públicos y los órganos autónomos.
A la fecha el Órgano de Fiscalización tiene reportada la conclusión de tan sólo 3, de las 12 ciudades judiciales que fueron concesionadas a la desarrolladora de la familia Ruíz que se creó en el mes de mayo del año 2018.
El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), tiene planeadas sendas revisiones a la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV., propiedad de los empresarios Francisco y Javier Ruiz Anitúa, y a quienes les fueron otorgados contratos por más de $800 millones de pesos para la construcción de las ciudades judiciales con las cuales se endeudó al Tribunal de Justicia del Estado de Veracruz.
La empresa está integrada por las firmas Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Construindustrias Comerciales S.A. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. Mexicana; y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V.
“En el caso de las ciudades judiciales, nosotros ya iniciamos con el proceso de planeación, ya tenemos datos y documentación que nos dio el Tribunal de Justicia. Estamos trabajando en él y va a ser una auditoría de legalidad y una auditoría técnica-financiera de una muestra representativa”, explicó el Auditor.
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley de Fiscalización del Estado, las Cuentas Públicas del año anterior, serán presentadas por los Entes Fiscalizables al Congreso, a más tardar el día 30 de abril.
La auditoría comprende la evaluación de los principales procesos del Ente Fiscalizable para obtener una visión completa de su gestión y puede ser específica en cuanto a la fiscalización de una política, programa, actividad institucional, régimen, concepto de gasto o sistema, cuya ejecución o aplicación es concurrente con el Ente Fiscalizable.
La auditoría de legalidad, es aquella que tiene por objeto revisar, comprobar y verificar que los actos y procedimientos administrativos, y demás actos jurídicos de derecho público o privado, relativos a la Gestión Financiera de los Entes Fiscalizables, se instruyeron, tramitaron o ejecutaron conforme al principio de legalidad.
De acuerdo con información en las redes sociales, la familia Ruiz Anitúa, recibió de modo directo 12 contratos de obra por parte del Poder Judicial de Veracruz, para la construcción de igual número de ciudades judiciales en Veracruz, por un monto de $849 millones de pesos.
En 2018 los empresarios formalizaron la Asociación Público-Privada Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV., que integra seis constructoras, lo que les permitió conseguir los contratos para la edificación de las Ciudades Judiciales en Veracruz, a cargo de Edel Álvarez Peña.
La concesión de las ciudades fue de irregular de principio a fin, y podría alcanzar al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez. Quién licitó la construcción de 20 inmuebles, cuando el Congreso local sólo autorizó la edificación, a través de la figura de la asociación público-privada, para 17 distritos judiciales.
A la fecha, según el Registro Único de Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), Desarrolladora CJI, SAPI, SA de CV firmó 12 contratos para la edificación de la infraestructura judicial; sin embargo, su acta constitutiva como sociedad mercantil, proyectaba la cimentación de tan sólo 5.
Los contratos, la autorización y el número de obras asignadas no coincide en número, en cambio todo fue aprobado para la sociedad de los Ruiz Anitúa y entregado en un plazo de apenas 33 días.
Datos del Registro Público de Comercio establece que la sociedad Desarrolladora CJI., SAPI, SA., de CV., se formalizó el 22 de mayo del año 2018 ante Notario Público.
El documento detalla que Desarrolladora CJI, SAPI, SA. de CV cuenta con un Consejo de Administración integrado por: Francisco José Ruiz Anitúa, presidente; Carlos Francisco Nachón García, secretario; Alfonso Díaz De Vega Tesorero; y Carlos Nachón Llanos, Javier Antonio Ruiz Anitúa, José Luis Zulueta Alegría y Edmundo Martínez Moreno como vocales.
En cuanto al importe presupuestal asignado al Consejo de la Judicatura, por $1,327,338,347.00 (Un mil trescientos veintisiete millones trescientos treinta y ocho mil trescientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.), incluye la cantidad a destinar para cubrir el monto mensual de las obligaciones derivadas por la celebración de contratos de Asociación Público-Privada para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de ciudades judiciales en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “lo que deberá ser ejercido con estricto apego al contenido de los Decretos 624 y 346 emitidos por la LXIV Legislatura del Estado publicados en Gaceta Oficial del Estado Números Extraordinario 412 y 56 de fechas 16 de octubre de 2017 y 7 de febrero de 2018, respectivamente, así como las disposiciones administrativas y contractuales derivadas de ello.”
El presupuesto está distribuido en los siguientes entes: Tribunal Superior de Justicia $473,727,755.00 Tribunal de Conciliación y Arbitraje $84,000,557.00 Consejo de la Judicatura 1, $327,338,347.00 Centro Estatal de Justicia Alternativa $45,558,900.00 Total $1,930,625,559.00.
Como es sabido, las ciudades judiciales consisten en uno o varios edificios destinados a oficinas e instalaciones para operar como centros de impartición de justicia, y contarán con juzgados, salas de juicios orales, centros de mediación y de convivencia familiar, central de actuarios, oficialía de partes común, defensoría de oficio, auditorios, estancias infantiles y administración general.
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