El país tendrá que afrontar, con urgencia, el gran reto que se le deja al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la impartición de la justicia, porque no se cumple a cabalidad lo que precisan los artículos constitucionales 17: “tribunales que estarán expeditos para impartirla”, emitiendo sus resoluciones de manera pronta., completa e imparcial”, o bien,20 :” el proceso penal será acusatorio y oral . Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad o inmediación”, o bien, presunción de inocencia, legalidad de la detención y debido proceso.
Las cárceles están llenas de inocentes y se demuestra cuando, después de dos o tres años, el ministerio publico, con el viejo sistema penal inquisitorio , no demostró la responsabilidad del procesado y tiene que se puesto en libertad, después pasar por el viacrucis de jueces, magistrados y ministros, ,que en su infinita parsimonia y negligencia consolidan la aberración de una falta absoluta de negación de la justicia.
Mediante condenas de instancias internacionales, México transformó su sistema penal, sin embargo, en ocho años de gracia para perfeccionar las reformas necesarias, y con recursos dilapidados de manera criminal por los gobiernos federal y de los Estados, sin castigo ni consecuencias , a la distancia el sistema penal no ha funcionado y en lugar de aplaudirse , se le cuestiona de manera constante , ello en razón que no existe el personal preparado para ese efecto, pero si la simulación el derroche impune.
Para seguir violando los derechos humanos, de manera cómoda y más fácil y ,de simular que se imparte justicia, en el artículo 19 constitucional se establece “el juez ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de delincuencia organizada ,homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como arma o explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”, es esto, se tiene que probar, en el contradictorio penal que a quien se acusa, es el auténtico responsable.
Ahora bien, como si eso no fuera suficiente- aquí en Veracruz, con el fiscal del gobernador Yunez – se cometieron varias o múltiples injusticia con los servidores públicos duartistas que, si bien nadie puede poner en tela de duda el daño patrimonial que ocasionaron a los veracruzanos, no menos ciertos es que no era necesaria esa prisión oficiosa, pues el código nacional de procedimientos penales que funciona en todo el país , establece más de doce medidas cautelares para que el presunto imputado no eluda la acción de la justicia, sin embargo, el odio personal era tal que no se respetaron los principios esenciales de legalidad de la detención, presunción de inocencia y debido proceso, por lo mismo, ahora que se está gestando la ampliación de los delitos graves, las instancias internacionales, como la ONU, OEA, o bien la corte interamericana objetan esas reformas que de nada sirven, si no existe la capacidad judicial y esta es obvia.
El asunto es sencillo y no debe dar lugar a complicaciones en cuanto al combate a la delincuencia en todos sus niveles, porque si los impartidores de justicia o bien, en principio, las fiscalías o la policía de investigación que es el primer respondiente cumplen con todos los protocolos en esa materia imperan, nadie eludirá la acción de la justicia y en la cárcel estarán
aquellos que son responsables, previa plena comprobación de esa responsabilidad y no es el caso de culpar a la partera cuando el niño viene mal.
Ningún objetivo esencial se logra si quien va a prisión, a la corta o la larga sale exculpado por la ineficiencia de los impartidores de justicia, por lo mismo se exige investigaciones robustas para que jurídicamente se cumplan, de otra suerte, solo se demostrará arrogancia o venganza pero jamás la sanción que la sociedad reclama-.
No debe ser el escándalo el que se manifieste para dar la imagen de que se está cumpliendo con un deber legal , sino que los resultados son los que cuentan, es decir, si existe el delito y la penalidad es la adecuada y suficiente para resarcir a la sociedad ofendida, mediante una robusta sentencia, tendrá que ir a la cárcel el imputado y reparar el daño y podrá, de ser el caso, llevar el proceso en libertad si no existe la flagrancia o cuasi flagrancia.
En los casos concretos de los muertos en Hidalgo- o bien en los enriquecimientos o corruptelas que se acrediten- , la justicia tiene que resplandecer y todos son responsables, tanto los que abrían las llaves de los ductos como los que las robaban y vendían y nadie tendrá escapatoria , por ello, ningún caso tiene que se conozcan los nombres en este momento sino cuando se embarguen las cuentas de todos y de los que , por acción u omisión están en el ajo, al demostrarse ,fehacientemente quienes se dedicaban a esas actividades ilícitas, porque lo feo y la riqueza no se pueden ocultar. limacobos@hotmail.com
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