SON TANTOS y tan variados los inscritos como aspirantes a cubrir las 13 vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado –alrededor de 400 sacrificados-, que uno se pregunta si los diputados que integran la comisión para el análisis de los perfiles cuentan con experiencia, capacidad o conocimiento para inclinarse por los mejores candidatos, o ya les fue entregada la lista del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez –elaborada en acuerdos con grupos de interés- para designar a quienes pasarán a formar parte del Poder Judicial, en momentos cuando se requiere probidad, maestría y mucha academia en materia jurídica. Entregar las magistraturas en pago de favores o saldo de cuotas sería catastrófico para el Estado de Derecho tan deteriorado tras el encarcelamiento y proceso de duartistas por parte de una Fiscalía y jueces a modo, y la liberación desvergonzada que le ha precedido luego del arribo del actual Gobierno que pareciera estar abonando a pretéritas asistencias. Y es que si la encomienda de seleccionar a los inmediatos magistrados de entre 400, esto es, casi 31 suspirantes por cada una de las 13 posiciones, recae en la Junta de Coordinación Política, ésta carece de sensatez y juicio suficiente para seleccionar a los mejores, esto a juzgar por algunos legisladores que la integran que son capaces hasta de vender el respaldo con las consecuencias que ya imaginamos, y que nadie desea porque la justicia debe estar en manos de hombres justos que interpreten la ley sin más interés que servir a la sociedad con transparencia, y no magistrados y jueces manipulados desde el Poder Ejecutivo pero, además, los magistrados que sean seleccionados como tales deben cumplir un requisito: tener carrera judicial, y la mayoría de los aspirantes no la tiene, mientras en ese ámbito hay personal con mucha capacidad y méritos para ser designados.
EL PODER judicial ya no debe prestarse a la persecución a modo ordenada por el Gobernador o poderosos funcionarios a quienes resulta incómodo algún actor social, sino asumirse como una instancia autónoma, distante del servilismo a otros poderes que no pueden evitar la tentación de erigirse en todopoderosos en el ejercicio de una responsabilidad que al final del día, es pagada por la sociedad, porque al menos cinco puntos son fundamentales como parte del papel que juega el TSJ en el concierto del Gobierno: 1.-Los integrantes del Poder Judicial son los garantes de la supremacía y control de la Constitución del Estado mediante su interpretación, y su función es anular las leyes o decretos contrarios a ella (surgidos de la ocurrencia del mandatario en turno o de los propios legisladores). 2.-Proteger y salvaguardar los derechos humanos que el pueblo de Veracruz se reserve, mediante el juicio de protección correspondiente; 3.-Interpretar y aplicar las leyes del fuero común y las federales en jurisdicción concurrente y dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal o municipal, y los particulares; 4.-Dictar las medidas procedentes para que la administración de justicia sea pronta, expedita y completa y, 5.-Conocer del juicio político como órgano de sentencia cuando los servidores públicos incurran en actos u omisiones que constituyan perjuicio a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho, además de conocer, en los términos que fije la ley respectiva, de los juicios de responsabilidad civil derivada del ejercicio del cargo que se instauren a instancia de parte agraviada o de sus causahabientes, en contra de Magistrados, Consejeros de la Judicatura, Fiscal General del Estado, Secretarios de Despacho, y demás servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Judicial.
Y LLEVAR a cabo semejantes tareas, entre muchísimas otras, con rectitud, ecuanimidad y vocación de servicio no es algo que cualquiera puede realizar, y acaso por ello, la Legislatura del Estado debería recurrir a Barras y Colegios de abogados para que les asesoren y seleccionen a los mejores aunque, insistimos, si ya existe un previo “palomeo” del Gobernador y de sus sesudos asesores, cualquier recomendación sale sobrando, porque tal parece que al Jefe de las Instituciones del Estado lo siguen embarcando ante la ausencia de un Programa de Gobierno que comúnmente presenta el titular del Ejecutivo desde que es nombrado Gobernador electo, y que en el caso de Veracruz aún se sigue esperando, lo mismo que un programa de seguridad que no aterriza, y que se concreta a declaraciones que nos recuerdan al “Pastorcito Mentiroso” de la fábula atribuida a Esopo, en la que un cuidador de ganado ovino gritaba desde lo alto de una montaña: “ahí viene el lobo” para amedrentar a la población. Y es que en materia de seguridad solo se sabe lo que ha dicho el secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos –acaso para amedrentar a la delincuencia-, que ya vienen 6 mil integrantes de la Guardia Civil –aun no aprobada por el amor de Dios- a hacerse cargo de los malos, y que incluso algunos ya están en tierras veracruzanas. De ahí en fuera, que se sepa, el Secretario de Seguridad Pública sigue reuniéndose con comandantes de la Fuerza Civil y mientras a algunos los despide a otros los reconfirma.
MIENTRAS TANTO, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez anuncia, como lo hacía Miguel Ángel Yunes Linares en su momento, que los ex directores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecytev) y de Espacios Educativos serán denunciados (algo así como ponerlos sobre aviso para que se amparen), ya que no dejaron en caja los casi 60 millones de pesos destinados al pago de aguinaldos de los trabajadores de esos organismos públicos descentralizados, tarea que debería realizar su vocero que, por cierto, no se sabe a qué se dedica. Dice el mandatario que son “15 millones de pesos de uno y 41 millones de pesos del otro”, lo que generó que los trabajadores de Cecytev y Espacios Educativos no recibieran el pago de aguinaldos, porque al ser OPDs sus finanzas las manejan de manera autónoma (vaya salida), aunque compasivo como suele ser, dice que buscará la manera de pagar la prestación antes de que concluya el año, y en ese tenor pidió a la Secretaría de Finanzas y Planeación a cargo de su primo hermano hacer los ajustes necesarios. Pero insistimos: ¿porque anunciar denuncias anticipadas a sabiendas que los presuntos responsables podrían pedir la protección Federal y evadir la ley?. Mal asunto ansiar reflectores irreflexivamente.
TAL VEZ el argumento sea cierto, pero ya no habrá justicia, y en otro caso, lo que no se vale es que la Secretaría de Educación de Veracruz esté expidiendo cheques sin fondos, pues se han dado casos de profesores y trabajadores que al presentarse a cobrarlos en Bancomer se encuentran con que no tienen fondos y, por tanto, les son retenidos sin que les permitan sacarle una copia para exhibir a la institución. Y eso, definitivamente no debe suceder porque se está jugando con la esperanza de los empleados. Pero volviendo al tema inicial, el Congreso del Estado, o los legisladores que integran la junta de coordinación política o comisión de selección deberían asesorarse en el conocimiento de juristas para seleccionar a los futuros magistrados, ya que si surgen nombres de personas non gratas, esto se va a tornar en un nuevo conflicto de credibilidad para el Gobernador. Por lo pronto, ha trascendido que Américo Zúñiga ya tiene lista la renuncia a la dirigencia Estatal del PRI por si resultara agraciado gracias a sus conocimientos de gran jurista. Así las cosas…OPINA carjesus30@hotmail.com
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