UNA DENUNCIA penal por amenazas será siempre un episodio incomodo, aun cuando el denunciado sea hombre de Estado o de poder, pues si se aplica la ley en todos sus alcances, el acusado deberá comparecer ante la autoridad correspondiente –sea o no responsable del acto- para aclarar la imputación. Y es que con la denuncia penal se inicia un procedimiento que los órganos competentes llevarán a cabo de oficio, y aunque no, necesariamente, obliga a las autoridades a comenzar un proceso judicial, de no hacerlo pueden incurrir en infracciones administrativas o penales si no investigan con la debida diligencia un motivo fundado. Y el tema viene a colación porque la diputada panista María Josefina Gamboa Torales denunció –inicialmente verbal y, posteriormente por la vía judicial- al flamante Secretario de Gobierno, Erick Patrocinio Cisneros Burgos por presuntos delitos de amenazas y violencia política, ya que el cuenqueño, avecindado toda su vida en Baja California, le advirtió que la regresaría a la cárcel por ser cómplice de una red criminal y haber estado involucrada en un accidente de tránsito que costó la vida a una persona, todo por defender al denostado Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz con quien, previamente, el político “aporreador” nacido en el hospital ferrocarrilero de Tierra Blanca pero registrado en Otatitlán, habría abierto otro frente, lo que ya se está tornando común en el funcionario Estatal, echando por la borda algunos planes del propio Gobernador que con inteligencia busca remover al abogado de los Yunes-Linares-Márquez, pero acciones como esas podrían retrasar el mecanismo.
CISNEROS BURGOS, que acaso quiere imponer su ley mediante la verborrea golpeadora, tendrá que comparecer ante el Fiscal por la carpeta de investigación que, seguramente, le abrirá en su contra derivado de la denuncia presentada por la legisladora. E insistimos, sea culpable o no de haber vociferado la amenaza, Winckler podría obligarlo a comparecer como parte de la guerra que innecesariamente declaró al responsable de llevar la dirección de las investigaciones criminales, y uno se pregunta: ¿había necesidad de todo eso si en vez de gritonear y amenazar como si fuera dueño de la verdad absoluta, procediera como lo marca la ley, esto es, armar el tinglado necesario en lo oscurito y sin tantos aspavientos, demostrando, como lo hacía en su momento don Fernando Gutiérrez Barrios, que el poder se respeta no por su condición amenazante sino porque las acciones se ejercen, y no se platican.
LO PEOR es que ya abrió un nuevo capítulo, lo que le está permitiendo al Fiscal ganar tiempo en tanto aceita estrategias para mantenerse en el cargo, pues no hay que olvidar que inexperto en política y lo que fuera, atrás de él se encuentra una mente maquiavélica como la de Miguel Ángel Yunes Linares que, se quiera o no aceptar, es un verdadero animal político, partiendo de la expresión aristotélica, y seguramente armará estrategias para mantener a su pupilo al frente de la fiscalía, peor aún con esas denuncias en que, seguramente se apelará a la presencia de un fiscal imparcial que no defienda los intereses del morenista. Invariablemente, alguien tendrá que recordarle al acelerado secretario de Gobierno la frase inmortal del recordado “filósofo” Antonio Espino y Mora, “Clavillazo” cuando, ante los apresurados exclamaba: “momento, la cosa es calmada”.
Y ES que a los seguidores de Winckler ya comenzaron a darles cuerda para atrasar los tiempos del revelo necesario, y en ese sentido, el Fiscal Regional de la Zona Centro-Xalapa –desde el 3 de Febrero de 2017-, José Alfredo Gómez Reyes, promovió amparo y protección de la justicia Federal en el mismo sentido que la presentada por el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz –en contra el Decreto 749 que reforma al artículo 67, fracción I, inciso d) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz, publicada el pasado 29 de Noviembre en la Gaceta Oficial del Estado-, pues de acuerdo al quejoso, la promoción del amparo se da en defensa del interés que considera se le afecta, ya que la posibilidad de “Remoción del Fiscal General del Estado se encontraba en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz, Artículo 12”. En ese sentido, afirma que el acto reclamado es la reforma al artículo 67, fracción I, inciso d) de la Constitución del Estado de Veracruz, que a la letra dice: “d) El fiscal general será designado y removido por el Congreso del Estado mediante el siguiente procedimiento” (….) “El Fiscal General podrá ser removido por el Congreso por las causas graves que establezca la ley, y por el mismo procedimiento de votación establecido para su designación”. En síntesis, el abogado sostiene que se ven afectados sus derechos derivado del actuar de las autoridades responsables (…) “pues soslayando la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente al momento en que fue designado el Fiscal General, han manifestado, reiteradamente, que lo removerán de dicho cargo, sin la substanciación del juicio político, sino mediante el procedimiento señalado en la ley reclamada, es decir, el artículo 67, fracción I, inciso d) de la Constitución Política del Estado de Veracruz (…); procedimiento que, contrariamente a la ley vigente en el momento de la referida designación, sólo exige que exista alguna causa grave (que por cierto no se precisa qué debe entenderse como tal) y a través de la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes en el Congreso local”. El amparo, es indiscutible que no procederá.
PERO, SEGURAMENTE como ese lloverán más solicitudes en busca de ganar tiempo, y si a lo anterior se suman las amenazas desmesuradas del segundo de a bordo en el gabinete de Cuitláhuac García Jiménez, la cosa se hará “más calmada” para Winckler que, insistimos, trae buen padrino en eso de las marrullerías. Por lo pronto, la denuncia de Marijose Gamboa, aunque no es grave, será otro distractor si el Fiscal le da curso, lo que permite avizorar muy pronto la visita de Cisneros Burgos a las instalaciones de la Fiscalía –o recurra a los medios de apremio-, sobre todo si Yunes Linares le ordena a su abogado que lo presente y lo exhiba, lo que ahondará más la confrontación, por lo que rememorando al desaparecido ideólogo e intelectual mexicano Juanga, uno se pregunta: “¿pero qué nece(si)dad?”. En fin, los tiempos de aquel discurso violento que doblaba al más pintado, como el expresado por Maximino Ávila Camacho o Gonzalo Natividad Santos son parte de la historia, ya que actualmente nadie se asusta con el petate del muerto. Ojalá que Patrocinio entienda que con sus arranques solo está cosechando animadversión y poniendo en riesgo los planes de su jefe. A ver qué pasa. OPINA carjesus30@hotmail.com
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