A pesar de las muchas declaraciones respecto a las bondades que se dan en el ámbito marítimo nacional, la realidad no es útil a nuestros ilustres funcionarios públicos. La administración del gran capital internacional y las autoridades mexicanas responsables de atender los asuntos marítimos, tiene a los marinos mercantes nacionales sin la ayuda de algunos organismos internacionales que están interviniendo en el sentido de que se trata de seres humanos con derechos que merecen los trabajadores de todo el mundo.
La cuestión es muy antigua, las características sui generis de la actividad marítima han permitido la participación de piratas inhumanos que reducen a nivel de esclavo a los marinos mercantes. La cosa no es fácil de resolver, los culpables de la situación que prevalece han tenido cuidado de estructurar complicados sistemas que funcionan con la intervención directa y la responsabilidad de las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes laborales nacionales y los convenios internacionales que buscan el bienestar del marino mercante.
En México hemos tenido la intervención de auténticos piratas que impiden resolver oportunamente los problemas laborales. El empresario mexicano interesado en invertir en el negocio marítimo se enfrenta al reto de tener la competencia con los piratas sin nacionalidad, se alía a ellos o no se le invita al negocio.
Cuando se habla de los buques con bandera de conveniencia, en forma elemental se piensa que esta figura se trata de un pabellón de una nación paraíso fiscal. Por ejemplo, el empresario naviero debe pagar donde está ejerciendo la actividad industrial marítima de transporte a países que compiten para entregar la protección de su inexistente soberanía, como Vanuatu, Chipre, San Vicente y Granadinas, Liberia, Panamá y otros cuyo nombre se escapan a mi memoria, un pago único entre 10 y 60 mil dólares anuales, olvidándose así de todos los dispositivos legales, normativos de la operación regular en un país que se precie de justo, digno y soberano. Ello provoca una fuerte sangría en la Hacienda Nacional.
México cayó en la trampa, con la complicidad de nuestros funcionarios, se ha dado toda clase de facilidades para crear una flota de embarcaciones con la bandera de conveniencia, el pabellón nacional desapareció de los buques que faenan en aguas y puertos mexicanos. Ello ilustra y pone coto a los intereses creados, la demanda de la gente honorable y conocedora del negocio, hasta la fecha no hemos la encontrado; los actuales miembros de la SCT, están aprendiendo la materia, mientras lo hacen, los piratas han ido acotando los espacios de la legalidad, han aparecido los nuevos empresarios que "engañan"
a los funcionarios haciéndoles creer que se está fomentando la Marina Mercante al otorgar facilidades en la operación de barcos pretendidamente mexicanos.
Muchos de los barcos que se han de abanderado de porte menor y AUNQUE con bandera nacional, los propietarios son extranjeros, el capital es de empresas trasnacionales que aprovechan el esfuerzo realizado por Legisladores, Organismos Sindicales y Marinos Mercantes para modificar el injusto estatus que impera n la Marina Mercante Mexicana.
Son muchos los ejemplos que se pueden dar sobre lo fantasioso en la Marina Mercante. Supuestamente se respeta la Ley de Navegación, el privilegio de los barcos mexicanos y los empresarios mexicanos para realizar actividades de cabotaje; en la costa del Pacífico se ha permitido que éste se realice por embarcaciones extranjeras, transportan cemento entre Manzanillo, La Paz y El Sauzal, uno de estos barcos, con la bandera de San Vicente y Granadinas, con un registro bruto de 10,165 toneladas, tiene de propietario a una empresa española llamada Azurro, el principal accionista es japonés, tenía o tiene celebrado contrato con Cementos Apasco, para transportar el cemento de esta empresa mexicana. Para ello, se requiere un trato humano y justo para los tripulantes mexicanos, el capitán, un belga, mandó al demonio a los representantes de la ITF (Federación Internacional del Trabajo) que reclaman justicia, entre otros argumentos, que el operador, que es el propietario español, para comprar el barco había celebrado un crédito hipotecario con un banco noruego, y una de las condiciones de crédito establece las relaciones de los propietarios con los tripulantes del barco: por supuesto, las exigencias de los empleados y las leyes de San Vicente, la minúscula nación insular, no tiene cónsules en ningún puerto mexicano
Problemas con la complejidad en el transporte de cemento en la costa del Pacífico, y los muchos barcos que faenan en la Sonda de Campeche, las banderas de las Naciones Unidas, nadie respeta las leyes mexicanas, como la evasión en el cumplimiento de las normas de nuestro país o las convenciones internacionales. Puede salvarse a la Marina Mercante, AMLO o Héctor tienen la palabra¡AGUAS!
Noviembre 20 del 2018 lmwolf@Prodigy.net.mx Luis Martinez Wolf |
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