NO OBSTANTE que el pasado 28 de Septiembre aseguró que existen más órdenes de aprehensión contra al menos diez presuntos cómplices de Javier Duarte de Ochoa, entre estos Moisés Manzur Cisneiros, identificado como el principal testaferro del ex Gobernador (de quien las autoridades obtuvieron información de que se ocultaba en Canadá y durante meses, antes de que la PGR incautara diversas propiedades, cobraba rentas que supuestamente se emplearían para cubrir los gastos del ex mandatario en el extranjero, aunque le reportó a Duarte que los bienes ya los tenían las autoridades y, por tanto, no le entregó los ingresos de varios millones de pesos por el uso de un edificio inteligente y departamentos que se rentaban en la zona de Santa Fe, en Ciudad de México), además de Antonio Tarek Abdalá Saad, entre una extensa lista, lo cierto es que la Procuraduría General de la República teme que ciertos criterios a modo emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación vayan a dejar sin efecto los procesos y sentencias contra los inculpados, luego de que un juez calificó de ilegal la información financiera que presentó el agente del Ministerio Público de la Federación contra Javier Nava Soria, contador que estaría involucrado en el desvío de recursos junto con el exgobernador de Veracruz, muy a pesar de que la PGR busca una estrategia para que en el juicio le apliquen una sentencia condenatoria.
EL TEMOR lo expresa Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), al expresar que los jueces que conocen de los casos están aplicando de manera retroactiva un criterio de la SCJN que establece que toda información bancaria y financiera sería declarada nula si no se obtiene por orden de un juez, por lo que se corre peligro de que se caigan los casos de los probables involucrados en el tema Duarte. “Me pareciera que hay criterios a modo, perdón, y eso lo digo a título personal, para no involucrar a nadie que generan impunidad”, por lo que de ser cierto, se estaría ante un verdadero “circo” en el que se gastó mucho dinero en materia de investigaciones, aprehensiones y traslados, amén del saqueo propiciado por el ex mandatario y sus compinches para que las cosas queden como si nada hubiera ocurrido pese al daño provocado a las finanzas de Veracruz. Incluso, si Duarte de Ochoa apelara la sentencia de nueve años de prisión podría lograr una reducción para quedar en uno o dos años de cárcel, lo que le permitiría salir bajo fianza, aunque sabe que de salir libre antes de que concluya Miguel Ángel Yunes Linares su mandato, automáticamente, iría al reclusorio de Pacho Viejo para responder por otras imputaciones, y acaso por ello se esperará hasta la próxima administración.
POR ELLO no dude usted que apenas inicie el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en la Presidencia de México, y de Cuitláhuac García Jiménez, en la gubernatura, Duarte de Ochoa busque ampararse contra la sentencia de nueve años para conseguir beneficios que le otorgaría la ley, y en ese sentido emigrar a Londres para reunirse con los suyos, olvidándose de tierras veracruzanas por mucho tiempo o para siempre, ya que según el titular de la SEIDF, el revés que propició un juez de control el pasado 8 de Noviembre a la PGR, al rechazar 11 pruebas documentales, 12 testimoniales y dos dictámenes con información financiera presentadas en contra de Javier Nava Soria, operador financiero de Javier Duarte de Ochoa, es más que contundente para advertir que esos criterios, que no comparte la Procuraduría General de la República, lo único que generan son impunidad. “Y yo creo que la ciudadanía reclama que no exista impunidad”, dijo en conferencia de prensa este lunes, al advertir que la decisión del juzgador pone en riesgo las investigaciones contra diferentes personas relacionadas con el caso Javier Duarte de Ochoa, contra quienes ya existen órdenes de aprehensión e, incluso, los que ya están en prisión. “Desde luego que se corre un peligro”, dice, al señalar que, no obstante, están pensando en una estrategia para que el resto de los involucrados tengan sentencias condenatorias.
COMO BIEN se recuerda, el pasado miércoles 21 de Febrero, Javier Nava Soria, identificado como contador y presunto operador de la red de corrupción que supuestamente orquestó Javier Duarte de Ochoa fue ingresado a las instalaciones del Reclusorio Norte, en la Ciudad de México tras ser deportado de España, y cinco días después, el lunes 26 de ese mes fue vinculado a proceso por presuntamente desviar recursos públicos por 45 mil millones de pesos para beneficio del exgobernador Duarte. Al cómplice del ex gobernante se le inició proceso como sospechoso de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos que fueron cambiados al propio Duarte por el de asociación delictuosa. En ese momento, el juez consideró que el Ministerio Público federal aportó los datos de prueba suficientes para lograr la vinculación a proceso ,y fijó un plazo de seis meses para concluir la investigación, al tiempo que confirmó la prisión preventiva por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), aunque ahora los jueces que conocen del caso están aplicando de manera retroactiva el criterio de la SCJN que toda información bancaria y financiera sería declarada nula si no se obtiene por orden de un juez, algo que en un principio no observaron, lo que ya huele a sospechosismo por parte de los juzgadores de la SCJN –sobre todo, ahora, que les bajarán el salario-.
A NAVA se le acusa de presunta responsabilidad en el desvío de recursos públicos por 45 mil millones de pesos (unos 2 mil 400 millones de dólares) que fueron a parar a las cuentas de Javier Duarte o de sus cómplices ocultas, probablemente, en paraísos fiscales, pues de otra forma no se explica cómo es que varios integrantes de su familia se siguen dando la gran vida en Reino Unido sin tener una forma visible de ingresos (al igual que infinidad de ex funcionarios, algunos ya en el grupo de transición de Cuitláhuac García Jiménez, lo que alienta dudas), por lo que, en caso de que el ahora procesado obtuviera su libertad bajo los argumentos antes mencionados, se estaría ante una de las estafas más lamentables de todos los tiempos, lo que desencadenaría la liberación o exculpación de diversos cómplices, sobre todo si el Gobierno que viene –tanto en Presidencia como en la Gubernatura- no dan seguimiento puntual a denuncias interpuestas y pruebas presentadas. Sin duda, Veracruz no merece la burla de que Javier Duarte de Ochoa y sus cómplices, los que le ayudaron a saquear y se enriquecieron queden en libertad por procedimientos arcaicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que ello sentaría un mal precedente que induciría a muchos a delinquir sabedores de que en dos o tres años dejarían la prisión para dedicarse a disfrutar lo robado, pues en cuestiones de “moral”, lo dejó muy claro el afamado Alazán Tostado, Gonzalo N. Santos para los futuros políticos corruptos: “la moral es solo un árbol que da moras”. OPINA carjesus30@hotmail.com
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