SE LES llama, también, representantes populares, porque encarnan el sentir de los habitantes de 300 regiones del País que les otorgaron un voto de confianza en las urnas, apoyados por 200 diputados plurinominales –que surgen por el porcentaje de votos obtenidos por cada instituto en una zona geográfica determinada-. En teoría, deberían ser la voz de las personas que representan, aun cuando parte fundamental de las funciones son crear leyes y aprobar el presupuesto de egresos que repercute en la vida de los ciudadanos, porque ahí es donde surge el monto de los recursos destinados a la educación, seguridad, salud y todas las materias para la movilidad País, aunque para ello deberían hacer un balance de las necesidades de la población que representan, algo que nunca sucede, pues una vez electos la mayoría no regresa a sus distritos, salvo que sea para disputar otro cargo. Como fuera, los diputados federales y senadores ya no deberían llamarse “representantes populares” si consideramos que en lo sucesivo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador asumirá las grandes decisiones del País en base a consultas populares a modo, esto es, soslayándolos cuando deberían tener el pulso político y social del País, y opinar sin servilismo y, mucho menos, miedo, anteponiendo los intereses de sus representados, incluso por encima de las decisiones del Ejecutivo que, para eso son contrapeso del resto de los poderes, porque en ellos se concentra la voluntad del pueblo.
PERO SI los diputados y senadores se van a quedar callados ante la imposición del Ejecutivo, o todo lo aprobarán por consigna, simple y llanamente no tienen razón de existir, pues se estarían convirtiendo en comparsa de un gobierno autoritario y absolutista, réplica de una monarquía temporal que llegado el momento podría extender su mandato usando al pueblo como pretexto, como en su momento lo han hecho tres “distinguidos” invitados a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como son: Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y Juan Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia –además de José Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua que no ha confirmado su asistencia-. Maduro, que no debió ser presidente a la muerte del comandante Hugo Rafael Chávez Frías (ojo diputada panista) según lo establecido por el Artículo 233 constitucional que establece que en caso de muerte no debe ser el vicepresidente quien tome el cargo, sino el presidente de la Asamblea Nacional que en ese tiempo era Diosdado Cabello, pero Maduro se impuso como Presidente encargado (gracias al silbido de un pajarito), y luego de las elecciones presidenciales del 14 de Abril de 2013 fue proclamado Constitucional. Más tarde, en los comicios de 2018 reformó la Constitución con un Congreso a modo, resultando reelecto para el período 2019-2025.
Y EN ese tenor se inscribe Evo Morales, quien en las elecciones de 2005 obtuvo casi el 54 por ciento de los votos convirtiéndose en el primer Presidente de origen indígena, sin embargo, el 6 de Diciembre de 2009, cuando se celebraron nuevas elecciones presidenciales, logró la reelección con el 64,22 por ciento de los votos y reasumió la presidencia de Bolivia el 22 de enero de 2010, al tiempo que era reelegido, también, como líder de los productores cocaleros del Chapare-Cochabamba. Morales reformó la Constitución de su País y el 12 de Octubre de 2014 ganó, nuevamente, con amplio margen las elecciones presidenciales, con lo cual gobernará hasta el 22 de Enero de 2020, lo que le permitirá alcanzar 14 años en el poder –un poco menos que Benito Juárez García, a quien admira López Obrador, quien estuvo casi 15 años en la Presidencia hasta que falleció por una angina de pecho (aunque algunos historiadores como Joel Verdeja Soussa aseguran que se la provocó Oliveria del Pozo, conocida como La Carambada, al suministrarle un té de “veintiunilla”, yerba que mata a los 21 día de ingerida).
Y QUÉ decir de Daniel Ortega Saavedra, un ex guerrillero que participó en la caída del dictador Anastasio Somoza, y quien ejerció su primer mandato entre 1979 y 1990, retomando la presidencia del País el 10 de Enero de 2007. En 1980, Ortega y otros cinco miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se integraron a la Junta de Gobierno en reemplazo de la derrotada Guardia Nacional, haciéndose llamar Ejército Popular Sandinista, siendo el primer y único comandante en jefe Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega que juró como Presidente el 10 de Enero de 1985 hasta 1990, tras llamar a elecciones generales que ganó con una mayoría del 63 por ciento, pero perdió las elecciones del 25 de Febrero de 1990 cuando pretendía reelegirse, pero siguió al frente de su partido, acercándose a sectores sociales en busca de un mayor apoyo que le permitiera la vuelta al gobierno, lo que ocurrió en las elecciones del domingo 5 de Noviembre de 2006, asumiendo el poder el 10 de Enero de 2007, para posteriormente reelegirse –tras ordenar reformar la Constitución- en los comicios del domingo 6 de Noviembre de 2011 para el periodo 2012-2017, y en este último año, las elecciones presidenciales y parlamentarias que se celebraron el 6 de noviembre de 2016 lo catapultaron como mandamás hasta el 2022.
YA EL banco suizo de inversión UBS, advierte que con la consulta que cancela el aeropuerto de Texcoco y valida la base naval de Santa Lucía, se abre la posibilidad de que en adelante el referendo sea aprobado en México como una forma constitucionalmente válida para extender el mandato presidencial de seis años, esto es, que el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador –ya en funciones a partir de Diciembre-, pregunte a los electores en 2023-2024 si quieren que se mantenga en el cargo otros seis años, y el pueblo, a quien AMLO le dispensará ciertas decisiones nacionales no dudará en votar a favor, como ha ocurrido en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, aun cuando parte del Congreso de la Unión y la mismísima Suprema Corte de Justicia de la Nación –sometida- y hasta los propios empresarios se opusieran. Y no se trata de ser especulativo, puesto que muchas cosas comienzan a reflejarse como tal, aun cuando López Obrador todavía no es Presidente en funciones. Y uno se pregunta: ¿para qué sirven los diputados y senadores si las grandes decisiones del próximo gobierno las asumirá el titular del Ejecutivo con el consenso directo del pueblo mediante consultas amañadas, desechando a los legisladores y ministros de justicia como contrapeso? López Obrador, si desaparece el Congreso de la Unión, se ahorraría más de 8 mil 800 millones de pesos anuales, de acuerdo a cálculos de la empresa de consultoría Integralia pero, sobre todo, no tendría a los estorbosos opositores en contra de sus objetivos. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|