ALGO QUEDA claro en el juicio encauzado por la Procuraduría General de la República en contra de Javier Duarte de Ochoa -y su esposa Karime Macías Tubilla-: que no hay voluntad política ni jurídica para juzgarlos, y que solo se está esperando el relevo de los Gobiernos Federal y Estatal para aminorarle la sentencia e, incluso, liberarlo, y si no lo han hecho es porque Miguel Ángel Yunes Linares, ávido de reconocimientos a su atropellada gubernatura, le acecha en aras de traerlo detenido a Veracruz aunque fuese en el último día de su mandato, confiando acaso que el cuestionado Fiscal, Jorge Winckler Ortiz se quede a cubrirle la retirada. Porque ¿Cómo se explica que Macías Tubilla, considerada el cerebro malévolo de la organización duartista, la que decidía a qué empresas fachada si y a cual no se destinaban recursos, la dama que vive cómodamente en Inglaterra muy cerca de la familia real, la hija de uno de los hombres más cuestionados del sur del Estado por los negocios realizados al amparo del poder, goza de cabal salud y, para colmo, la Procuraduría General de la República argumenta -por conducto de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez y Carlos Hernández Azuara, titular y director general de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales-, que no existe ninguna averiguación previa o carpeta de investigación en el fuero Federal en contra de la esposa de Duarte, y que solo existe una denuncia presentada por el Gobernador veracruzano, Miguel Ángel Yunes Limares por defraudación fiscal, de lo cual ya se dio vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, sin embargo, hasta el momento la dependencia no ha ratificado la querella, lo que podría significar dos cosas. 1.-Que el actual titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, también, de Coatzacoalcos como Karime, no quiere meterse en líos con la poderosa familia de su paisana acostumbrada a cualquier cosa con tal de salirse con la suya y, 2.-Desde muy alto nivel están protegiendo a la mujer por razones que se ignoran, lo que engendra un tufillo maloliente que el propio Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García Jiménez deben combatir cuando asuman el poder.
PERO LO que mueve a risa es lo que argumenta ahora la PGR: que de haber llevado a Duarte a un juicio oral en lugar de un juicio abreviado, pudo haber dejado en libertad al corrupto ex mandatario (y decimos corrupto con todas sus letras porque él mismo se declaró culpable por asociación delictuosa y lavado de dinero), cuando en realidad la PGR no pudo acreditarle, inicialmente, el delito de Delincuencia Organizada, uno de los siete ilícitos que el nuevo Código Penal Federal tipifica como graves, y por los que los infractores serán encarcelados preventivamente durante el proceso, ya que en el resto de los ilícitos (incluido asociación delictuosa) los imputados podrán enfrentar las acusaciones en libertad. Y aunque como dice la PGR, si no recurre al juicio abreviado Duarte estaría “vacacionando en Miami”, lo cierto es que, seguramente si estaría vacacionando, pero en Veracruz, concretamente en el reclusorio de Pacho Viejo, donde ipso facto lo habría llevado Miguel Ángel Yunes Linares apenas pusiera un pie fuera del Reclusorio Norte. Por ello se antoja que, aunque podrían recurrir a la reducción de la pena de 9 años, su defensa no lo ha hecho en espera de que se vaya el actual gobernante y, por ende, el Fiscal que sigue fielmente sus instrucciones.
Y COMO para zafarse de culpas que en realidad tienen, los funcionarios de la PGR le echan la bolita del fracaso al Poder Judicial de la Federación, léase Suprema Corte de Justicia de la Nación por haber llevado al sistema de justicia penal a un “hipergarantismo” que no da equilibrio para las víctimas y los ciudadanos, e incluso ahí están mal los altos funcionarios puesto que quienes aprobaron las nuevas leyes penales no fueron magistrados de la SCJN sino el Congreso de la Unión, por supuesto, emanadas de una iniciativa que conocían los magistrados de antemano porque les tocó elaborarla. Lo que debe consolar a los veracruzanos, según los burócratas de la Procuraduría General de la República es que todavía tienen carpetas de investigación y averiguaciones previas por las 80 denuncias que presentó la Auditoria Superior de la Federación (ASF), aunque están a la espera de que el Alto tribunal se pronuncie sobre el criterio, lo que también mueve a risa, puesto que un asunto de semejante envergadura debió tener prioridad, ya que Duarte de Ochoa es considerado el pillo más grande que ha dado el País en mucho tiempo.
Y SI el caso Javier Duarte-Karime Macías es cosa juzgada para las instancias de poder jurídico en el País, el inherente a sus secuaces ni se diga, por más que la dependencia anuncie que solicitó órdenes de aprehensión contra 12 ex funcionarios del gobierno duartista por el delito de peculado o malversación de los fondos públicos, ilícito que no está tipificado como grave, ya que quien comete esa falta y cae preso puede obtener su libertad tras reparar el daño ante la autoridad correspondiente y pagar una fianza que, para los chicos de Duarte de Ochoa, con todo lo que se llevaron, sería como quitarle un pelo a un gato, más aun si la garantía es como la ridícula que impusieron al “patrón” de todos ellos. Los muchachitos de Duarte enfrentan denuncias ante el Ministerio Público por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y entre todos acumulan entre 70 y 80 carpetas de investigación y averiguaciones previas, ya que muchas de estas permanecieron por años sin avances o fueron mal integradas, presuntamente, de forma premeditada. Pero no se hagan ilusiones, los ya no tan muchachos recurrirán al amparo si no es que ya cuentan con uno que les permitió conocer las carpetas que enfrentan, y en ese tenor tomaron providencias, porque hay que aclarar que se les acusa de corruptos, no de pentontos.
EN FIN, ya se verá a partir del primero de Diciembre, cuando asuma el poder Cuitláhuac García Jiménez si la protección continúa, o ahora deriva en contra del que se va, en este caso de Miguel Ángel Yunes Linares, ya que está comprobado que en México el poder suele usarse como instrumento de persecuciones y venganzas y no para servir a quienes depositan la confianza en alguien. Como fuera, Duarte, definitivamente no debe salir de la cárcel, no al menos en el corto tiempo, y lo indicado sería que en caso de que eso ocurriera una vez terminado el gobierno yunista, Cuitláhuac lo traiga a Veracruz para que enfrente todos los procesos abiertos en su contra, incluidos el de desaparición forzada, ya que en su sexenio fue cuando más veracruzanos desaparecieron, fueron asesinados, levantados, torturados o echados de la Entidad porque así convenía a sus intereses. A ver qué pasa…OPINA: carjesus30@hotmail.com
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