SENTAR UN mal precedente es hacer una cosa que pueda crear la obligación de actuar de la misma manera ante un caso parecido que suceda posteriormente. El problema estriba en que una vez que aceptas la primera ofensa, humillación, engaño o desprecio tendrás que aguantar muchos más, y en política como en la vida diaria pasa, exactamente, lo mismo: la primera vez que admites una injusticia, que te encoges de hombros y aseguras “ésta no es mi guerra”, no solo has perdido esa batalla sino que estás condenándote a la derrota en posteriores acontecimientos, y así es difícil ganar, finalmente, una guerra, pues sentar un precedente negativo tanto en tu vida personal como en tu actividad política puede resultar un error con el que tienes que cargar largo tiempo si no es que el resto de tu vida, y ese, sin duda, es el caso de Javier Duarte de Ochoa con cuya sentencia de nueve años de prisión y multa de 58 mil 890 pesos por haber saqueado las arcas del Estado y cometer toda clase de tropelías –incluidos crímenes de lesa humanidad-, el juez que se la impuso cometió uno de los peores agravios a los veracruzanos y, de paso, sentó un mal precedente ya que en lo sucesivo cualquier hijo de…vecino que defraude la confianza de los gobernados, con pasar unos añitos en prisión –a Duarte le faltan solo 7 puesto que lleva dos de encierro- lo dejarán en libertad para que goce el producto de lo robado y garantice la subsistencia de su parentela hasta la cuarta o quinta generación, esto es, se dio sentido a la impunidad que protege a los poderosos y lesiona a los que menos tienen, y aunque el ex gobernante enfrenta en el Estado dos procesos del fuero común relacionados con las causas 38/2017 y 56/ 2017, lo cierto es que Miguel Ángel Yunes Linares concluye su mandato en el último minuto de Noviembre, y solo por darle un portazo en la cara, el gobierno que lo reemplazará podría dejar sin efecto esas carpetas, lo que sería un grave riesgo para el Estado de Derecho y, consecuentemente, para los veracruzanos.
LOS DELITOS del fuero común atribuidos al ex mandatario se cometieron, supuestamente, en la entrega-recepción de su gobierno, al usar un helicóptero del Estado cuando ya no era funcionario –algo que no tiene sentido puesto que el titular del Ejecutivo nunca deja de serlo en su periodo aunque se encuentre de permiso, ya que los cargos de elección popular son irrenunciables-, y por el desvío de 220 millones de pesos a la Comisión del Agua. Correspondiente al último asunto, la Fiscalía imputó a Duarte cinco delitos (abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición, tráfico de influencias y peculado), pero el juez decidió sólo vincularlo por peculado, entendido esto como la malversación de los fondos públicos, ilícito estipulado en el artículo 223 del Código Penal Federal que establece que cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en la ciudad de México en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse, y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, y cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el momento de cometerse, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, y cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores.
CON TODO y ello, con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), sólo siete tipos de delitos serán considerados como graves, de tal suerte que los infractores serán encarcelados preventivamente durante el proceso; en el resto de los ilícitos, los imputados podrán enfrentar las acusaciones en libertad. En ese tenor, el artículo 19 de la Constitución determina que el juez ordenará la cárcel preventiva en los casos de “crimen organizado (a Duarte se lo cambiaron por asociación delictuosa para beneficiarlo), homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como infracciones graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud”. En pocas palabras, aunque fuera traído a Veracruz en el próximo gobierno de Cuitláhuac García Jiménez para que enfrente aquí los procesos, Duarte la libraría con la mano en los bolsillos para desaliento de millones de veracruzanos que esperaban verlo en prisión los próximos 20 años, ya que no se trata de ilícitos graves.
Y AUNQUE queda la esperanza de que se le juzgue por desaparición forzada de personas, ilícitos por los que se encuentran en prisión más de medio centenar de ex colaboradores, ex jefes y ex elementos policiacos, lo cierto es que a la fecha a ninguno se les ha podido probar su participación en esos casos, por lo que más temprano que tarde comenzarán a abandonar la prisión, incluido Arturo Bermúdez Zurita. Tampoco se cree, tras la pálida sentencia al ex gobernante, que la Corte Penal Internacional de La Haya proceda en base al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Senadores en el que se le exhorta a juzgarlo por crímenes de lesa humanidad en materia de salud, ya que el tema ha sido cosa juzgada por la Cofepris y la Secretaría Federal de Salud, de tal manera que en cinco años o, incluso, menos –se habla de dos-, Javier Duarte saldrá de prisión sin 41 propiedades que le serán incautadas y entregadas al Estado como reparación del daño, pero con muchas otras que no están a su nombre y, seguramente, miles de millones de pesos o dólares en cuentas radicadas en paraísos fiscales.
POR LO pronto, el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, desencantado con la sentencia, fijó la posición de su Gobierno en cinco puntos: 1.-Que los 41 bienes inmuebles con valor de 800 millones de pesos sean entregados al gobierno del Estado. 2.-Que la PGR obsequie órdenes de aprehensión en contra de los demás integrantes de la banda, ya que Duarte fue sentenciado por asociación delictuosa y, por lo tanto, tuvo cómplices. 3.-Que la Secretaría de Relaciones Exteriores acelere el proceso de extradición de Karime Macías (esposa) de Duarte contra quien existe orden de aprehensión y ficha roja. 4.-Que la SRE acelere el trámite para que el gobierno de Guatemala autorice proceder contra Javier Duarte por el delito de desaparición forzada, ilícito por el que ya se encuentran sometidos a proceso Luis Ángel Bravo Contreras, Arturo Bermúdez Zurita y 51 personas más. “No habrá perdón y olvido para quienes llevaron a Veracruz a la crisis más grande de su historia”, enfatizó un molesto Yunes ante el silencio del ex Gobernador electo, de partidos políticos y del propio PRI. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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