AUNQUE EL fuero constitucional lo pierden hasta la medianoche del viernes 31 –no obstante que los nuevos diputados Federales son juramentados dos o tres días antes del primer minuto de Septiembre para que conformen los órganos de gobierno interno-, lo cierto es que nada se sabe qué ocurrirá con los, todavía, “protegidos” legisladores veracruzanos, Antonio Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de la Secretaría de Finanzas del Estado; Alberto Silva Ramos, ex secretario de Desarrollo Social y ex coordinador de Comunicación Social; Adolfo Mota Hernández, ex secretario de Educación; Edgar Spinoso Carrera, ex Oficial Mayor de la anterior dependencia; Noemí Guzmán Lagunes, ex secretaria de Protección Civil; Jorge Alejandro Carvallo Delfín, ex Secretario de Desarrollo Social y Erick Lagos Hernández, ex Secretario y ex subsecretario de Gobierno de Javier Duarte, sobre los que, presuntamente, pesan investigaciones y procesos abiertos como parte del saqueo perpetrado contras las arcas de la Entidad, y a quienes –al menos tres o cuatro- el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene (o tenía) puesta la mira como la “cereza” de su cierre de gobierno que se distinguió por la persecución contra duartistas, lo que motivó que muchos buscaran refugio en otros partidos –distintos al PRI- como el Movimiento de Regeneración Nacional o, en el colmo de las traiciones, se comprometieran a apoyar la fallida campaña de Miguel Ángel Yunes Márquez a la gubernatura.
TODOS ELLOS se encuentran en la antesala de la pérdida de ese privilegio que los eximía de acciones jurídicas en su contra, por lo que a partir del primer minuto del sábado ya no hay motivos para que la Fiscalía General del Estado no ejerza acción penal presentándolos ante un juez de control, salvo que, como se ha dicho tantas veces, se hayan “puesto a mano” con la administración en turno para evadir la acción de la justicia, permitiéndoseles escapar y que sea MoReNa, finalmente, quien decida si los perdona o procesa, algo que, seguramente sería imperdonable para el gobierno yunista que tantas veces prometió sus respectivas capturas, aunque al paso que se va ya nada se sabe, más aun cuando a Arturo Bermúdez Zurita el Juez de control, Marco Antonio Rodríguez Lobato determinó retirarle la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de enriquecimiento ilícito, según la causa penal 13/2017, y aunque de todos modos el ex Secretario de Seguridad Pública seguirá en prisión debido a que se le siguen otras causas, como desaparición forzada, no deja de ser un triunfo para el ex amigo de Javier Duarte, ya que “desaparición forzada” es un delito difícil de probar, a no ser por señalamientos que pueden ser derribados con un amparo si se demuestra que sus acusadores fueron obligados mediante coacción o tortura, y entonces si saldría libre a disfrutar su inconmensurable fortuna.
EN ESE tenor, y ante el silencio del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a propósito del caso Bermúdez y de los diputados federales que perderán el fuero en el último minuto del viernes, existe temor de alguna negociación subrepticia que, finalmente, impida detenerlos y obligarlos a devolver lo saqueado, aunque dicen los que saben que ya entregaron parte del llamado “fraude veracruzano”. En el caso de Bermúdez se insiste que el ex funcionario duartista habría entregado en reparación del daño diversos bienes, entre otros la Torre Alfa, un edificio de 5 pisos con estacionamiento subterráneo en el puerto de Veracruz; 2 inmuebles en Texas, uno de los cuales sería una casa, así como la oficina del centro comercial; dos terrenos en la avenida Araucarias de Xalapa y el rancho la Cartuja, en Naolinco.
Y ES que resulta extraño que todos los presuntamente involucrados en el saqueo a Veracruz buscaran ser diputados federales o locales, ya sea por el PRI, por el Partido Verde o Panal, sabedores de que si no contaban con la protección constitucional, en caso de ganar Miguel Ángel Yunes Linares la elección, como finalmente, ocurrió, podrían ser detenidos. Y es que de acuerdo a investigaciones en tiempo y forma, los sospechosos transfirieron recursos públicos a empresas fachada con licitaciones simuladas, lo que les permitió mover muchas fortunas que finalmente fueron aplicadas en la adquisición de inmuebles en el extranjero, fastuosos ranchos, hoteles, departamentos de lujo, cuadros de artistas renombrados o, simple y llanamente, abrieron cuentas en el exterior con prestanombres que, de la misma manera, adquirieron bienes que ahora son reclamados por el Estado.
DE ACUERDO a Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), Javier Duarte transfirió más de 3 mil 600 millones de pesos a una red de empresas fantasma a través de distintas dependencias, entre ellas las que encabezaron los hoy diputados federales que están a punto de perder el fuero, lo que impidió el año pasado que la Fiscalía de Veracruz procediera en su contra, algo que, ¡ahora si! podrá hacerlo a partir del sábado, salvo que los presuntos ya hayan emprendido el vuelo en espera de que aterrice el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y de esa forma tratar de negociar sin llegar a prisión, considerando que el gobernador electo ha dicho que las acusaciones contra Javier Duarte han sido un exceso. En ese tenor, si los todavía legisladores logran evadir la ley hasta después del primero de Diciembre, lo más seguro es que serán intocables, y el gobierno de Miguel Ángel Yunes pasará a la historia como una administración que no supo cumplir la palabra empeñada.
Y ES que, hasta donde se sabe, con la mayoría absoluta que obtendrá en la próxima legislatura –con el apoyo de partidos opositores al PAN-PRD-MC-, el Movimiento de Regeneración Nacional iniciará juicio político contra el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz para obligarlo a dimitir al cargo en caso de que pretendiera quedarse, y motivos hay más que suficientes. Sin Winckler en la Fiscalía, los diputados federales inculpados podrían evadir la ley y sumarse a los proyectos que les ordenen o, simple y llanamente, esfumarse de la escena política seis años, que al fin de cuenta para vivir y hacerlo bien y con lujos, les alcanza el fruto de lo saqueado. Por ello es ahora o nunca, y Yunes Linares tendrá que tomar una decisión en las horas por venir para evitar que se le inculpe como cómplice de los cómplices de Duarte. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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