El país vive una profunda crisis de credibilidad en todos los niveles y más en impartición de la justicia, pues ésta ha sido costosa y más que nada mediocre, porque de otra suerte el Estado mexicano no tendría tantas sentencias de la corte interamericana de Derechos Humanos en su contra, que tiene, obligadamente que cumplir e indemnizar a las víctimas, como se ha sucedido en el caso Rosendo Radilla, Algodonero, Castañeda y las que se acumulen y todo es consecuencia que la suprema Corte de Justicia de la nación no ha cumplido cabalmente con su deber, por lo que requiere que se nombre una comisión que la investigue para conocer la verdad real que ha conducido a esos ridículos execrables.
El caso más reciente que se tiene , después de trece años, lo constituye que el comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le ha enmendarle la plana a la justicia mexicana ante la agresión que sufrió la escritora Lilia Cacho que fue ultrajada y vejada por las autoridades de Quintana Roo , Puebla y del gobierno federal, donde la justicia brilló por su ausencia y ello ha conducido a que ahora , el gobierno deje sin efecto todo lo actuado y se abra una nueva investigación para castigar a los funcionarios que intervinieron en la detención arbitraria y violatoria de las garantías de la periodista y se le indemnice y se publique la resolución condenatoria , lo que tendrá que acontecer en un término de ciento ochenta días.
El gobierno mexicano, en sus alegatos de leguleyo corriente, alejó que la quejosa no había agotado las instancias mexicanas para acudir a la instancia internacional, sin embargo se le opuso que era tan ostensible la actitud negativa de la justicia mexicana, que ese hecho no daba lugar al sobreseimiento solicitado, pues a nada práctico conduciría esperar más tiempo, habida cuenta que eran tanto el contubernio de las autoridades involucrados, que no era necesario satisfacer ese requisito. Similar argumentación utilizó el gobierno mexicano en el caso Castañeda para evitar ser condenado al reformar la ley electoral de manera anticipada a la resolución y alegar su sobreseimiento, lo que se desdeñó por considerarse una chicana legaloide.
Todo lo anterior pone en evidencia , de manera elocuente , que la justicia mexicana no ha hecho su tarea, sin embargo, hay que reconocer que , ante la somnolencia de los ministros de la suprema Corte de Justicia, los jueces y magistrados han despertado y no quieren vivir en la ignominia de la irresponsabilidad jurídica y han abierto los ojos, por ejemplo, en el caso Ayotzinapa, que si bien los precedentes de la Corte Interamericana son vinculantes, la sentencia dictada por un tribunal colegiado mexicano al condenar al gobierno de Peña Nieto a que se instituya una comisión de la verdad que investigue ese crimen, que tendrá ser acompañado de un fiscal independiente ajeno a la actual estructura de la procuraduría, habla de que algo se está logrando a favor de las víctimas de la criminalidad que impera en el país en que se señala al ejército y a la marina que están involucrados.
Por otro lado, un juez federal con decoro jurídico, ordena a la procuraduría general de la república que se abra el caso Tlatlaya, donde el ejército masacró a varios civiles y cuya investigación tiene muchas inconsistencias que hablan de un uso excesivo de la fuerza.
La vida crítica hacia la justicia en México tendrá que abrirse, a efecto de conocer la verdad y sentar la bases para el saneamiento general, eliminado la corrupción y la impunidad, que alimentan y alientan la criminalidad , pues esos crímenes se pueden considerar de lesa humanidad en donde ha habido complacencia o complicidad de un engranaje que ya no da para más porque incluso, puede pensarse en que las instancias internacionales acompañen al gobierno mexicano a efecto de poder limpiar el país de la miasma que lo agobia.
Un ejemplo emblemático que México puede observar si quiere cumplir con esto que se llama la cuarta transformación, lo constituye Perú, donde el presidente fue destituido, y el expresidente y su esposa están imputados , así como los ministros de la Corte, diputados, senadores y demás funcionarios involucrados en actos de corrupción, porque de no hacerlo , los más de treinta millones de votos que López Obrador logró , históricamente inusitado, se irán por el caño de la impunidad. limacobos@hotmail.como
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