No sorprende ni debe sorprender el comportamiento del presidente de la república para no cumplir con la sentencia que dictó un tribunal colegiado sobre el caso de Ayotzinapa, si tampoco se observó la constitución política que “juró cumplir y hacer cumplir”, como en los casos del fiscal electoral que ordenó su destitución o bien, en la propuesta que hizo como ministro de la Suprema Corte de Justicia, de Medina Mora,-el mismo que permitió que violaran los derechos de la francesa Florence Cassez – de ahí que la impunidad , auspicie la violencia y la criminalidad.
El país no se podrá serenar ni tranquilizar nunca, si persiste esta política de complicidades y sin consecuencias, pues ese Ministro de la Corte, no tendría por qué ocupar ese cargo y percibir un sueldo de más de seiscientos mil pesos mensuales- supuestamente para no corromperse- y el fiscal electoral, que debería estar cumpliendo con sus responsabilidades, sin embargo , nada pasa ni pasará, como estamos viendo con la sentencia que dictó el tribunal colegiado de Tamaulipas para que se creara una comisión de la verdad sobre el caso de los cuarenta y tres jóvenes hasta hoy desaparecidos y con cientos de personas en prisión.
La sentencia, si bien es de la mayor trascendencia porque se condena al jefe del Poder Ejecutivo Federal y se evidencia el control que este ejerce sobre la Procuraduría General de la República, ejército y la marina, le ordena que proporcione todos los recursos necesarios y que en esta comisión participen las víctimas de manera que éstas deben ser las convencidas de todos los acontecimientos y el ministerio que las acompañen para conocer la verdad real, no la histórica que se había manejado, exigiendo, además, el castigo para los que obstaculizaron la investigación y que los auténticos responsables, sean castigados y no meros “chivos expiatorios”.
Cuando se afirma que es trascendente esa resolución es porque los togados lo único que observan son las sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos de la OEA, que son vinculantes para el estado mexicano a resultas de los acuerdos internacionales aprobados, pues no es nada que salga de la convicción interna, sino producto de lo que ya existe en seis sentencias más dictadas contra México y que la Suprema Corte, por su negligencia o abulia, no observó.
Llama mucho la atención que el presidente de la república sea omiso en cumplir la sentencia y ahora, el encargado de la procuraduría- quien no cumple con el perfil constitucional para ocupar ese cargo- sea el instrumento para interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia, de manera que atraiga el caso y por la relevancia, resuelva en definitiva, es decir, retrasar más el asunto para cumplir con apotegma de” hay que dejar que el problema se haga viejo, para que se resuelva solo”, esto, que apenas tiene cuatro años y que teniendo más tiempo se olvide, y todo quede en la impunidad como podría ser que los procuradores responsables :Murillo, Arely Gómez y Cervantes, gocen de la impunidad que se prodiga en un régimen corrupto.
Si no existen las condiciones – como dice el encargado de la procuraduría general de la república para crear la comisión de la verdad porque es algo inédito-, significa que la incapacidad de los que forman esa dependencia es del todo extrema y execrable, pues si su función es precisamente la
investigadora, salen ahora con ese cuento, lo que lleva demostrar que todo fue un fiasco y que ridículo será extremo.
La suprema Corte de Justicia ya se ha pronunciado en el sentido de que carece de competencia para pronunciarse si existen o no imposibilidades jurídicas y materiales para la creación de la Comisión de la Verdad y lo que se hacer con esa nueva argucia jurídica, es dar margen a que se abra un incidente de inejecución de sentencia que llevaría a dejar la papa caliente al nuevo gobierno, o bien a que se busque una salida alterna que sería la indemnización económica a las víctimas y en tanto, los que están en la cárcel, víctimas de la justicia – tortura, confesión coercitiva o testigos premiados- vivirán su calvario y quedará sepultado el debido proceso , la presunción de inocencia y la legalidad de su detención, toda una infamia del sistema jurídico mexicano. limacobos@hotmail.com
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