EN EL último tramo del gobernador Ángel Carvajal Bernal –padre del bien recordado Gustavo Carvajal Moreno-, se decretó la creación de las Juntas y Comités de Mejoramiento Moral, Cívico y Material del Estado, antecedente de lo que más tarde sería la Coordinación de Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material cuya ley fue publicada en la Gaceta Oficial el 21 de Febrero de 1963, durante el periodo del, entonces, gobernante Fernando López Arias. Ese organismo, de acuerdo al decreto, tendría como finalidad ser “enlace entre el gobierno estatal y la ciudadanía integrada que fomenta el amor a la Patria, a los valores y el respeto a nuestras tradiciones, costumbres y cultura, ello en un marco de igualdad entre los miembros de la sociedad, para contribuir al desarrollo de los distintos sectores económicos y sociales que interactúan en los municipios, comunidades y colonias de nuestra entidad”. Años después, el 19 de Agosto de 2005, la referida ley fue modificada debido a los tiempos de la alternancia, aunque su esencia ya había sido alterada por los gobiernos priistas que vieron en esa instancia una manera de controlar –a través de las juntas municipales- a los alcaldes que no se disciplinaban, esto es, por conducto de los coordinadores de JMMCM operaban múltiples programas, desarrollaban actividades políticas y destinaban recursos para obras y servicios, lo que permitió formar prospectos que en futuras elecciones para Presidentes Municipales y diputados competían con éxito dada la promoción que de antemano traían, pues en México hacer política era (y es) comprar conciencias mediante la entrega de dádivas.
ANDRÉS MANUEL López Obrador no es ajeno a esos mecanismos, ya que en 1982 fue coordinador de Enrique González Pedrero, entonces, candidato a la gubernatura de Tabasco abanderado por el PRI, y más tarde, en el gobierno de éste se desempeñó como titular del Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Comité Directivo Estatal de ese instituto para, en Enero de 1983, ser nombrado Presidente del Comité Directo Estatal, partido al que renunció en Noviembre del mismo año. Por ello ahora que pretende eliminar a los delegados federales de las secretarías de Estado y órganos del Ejecutivo en las 32 Entidades, y suplirlos por el mismo número de coordinadores estatales que representen a todo el Ejecutivo Federal, su pretensión no es otra cosa que ejecutar el control que los gobernadores priistas ejercían a través de las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, en los distintos presidentes municipales que osaban rebelarse al mandato del Virrey, pues a través de los coordinadores municipales operaban desde asuntos políticos, obra pública y otros beneficios que ataban a los alcaldes que, al final del día, se sometían, o terminaban siendo avasallados. En suma, los coordinadores estatales tendrán la misión de doblegar a gobernadores que no se sometan y, de paso, ir creando cuadros políticos para las distintas sucesiones locales a fin de apoderarse de los Estados.
NO ES fortuito, por ello, que la figura de los futuros coordinadores estatales atrajera el debate sobre qué tan efectivos son en la actualidad esos nombramientos, un tema que en el Congreso de la Unión se ha planteado y postergado desde hace más de un lustro debido a que el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que las dependencias y órganos federales (secretarías de despacho y algunas direcciones “podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa” con motivo de ejecutar sus asignaciones, entre ellas, que el presupuesto de las dependencias y programas se apliquen de manera adecuada y con los objetivos previstos. Aún se recuerda cuando el 29 de Abril de 2016, el diputado René Cervera García, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar el artículo 23 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para evitar subejercicios en el presupuesto público y que se transparentara su uso por parte de las instancias adscritas al Ejecutivo. La reforma, que se encuentra pendiente de análisis en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados propone, en específico, que “las áreas administrativas de las delegaciones federales o equivalentes” generen reportes ejecutivos cada dos meses en donde se precise las causas que afectan, en un caso dado, la eficacia del gasto público. A esta iniciativa de control de las acciones de los delegados se suman al menos un par más. El 22 de Julio del 2009, el diputado convergente, José Francisco Melo Velázquez presentó un proyecto de reforma a los artículos 93 y 108 de la Constitución mexicana con el objeto de que los delegados federales fueran ratificados por los Congresos de cada uno de los Estados en donde actúan. De igual manera propuso que los delegados estatales, coordinadores regionales, comisionados, visitadores o cualquier persona que administre, aplique u opere recursos públicos federales puedan ser llamados a comparecer ante las Cámaras del Congreso federal, y de igual forma ante los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
DE ACUERDO con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en el país operan cerca de 1 mil 390 delegados federales en 32 Estados, los que desaparecerán a instancias del virtual Presidente electo para quedar, únicamente, 32 que podrían incurrir en muchos vicios dado el poder que ejercerán, en algunos casos superior al de un gobernador constitucional, dados los programas y presupuesto que ejercerán provenientes de todas las dependencias. Un coordinador federal podría convertirse en cuña para muchos gobernantes de otros partidos ajenos al Movimiento de Regeneración Nacional y provocar severos conflictos de gobernabilidad, ya que un mandatario estatal “atado” será menos que un cero a la izquierda, como lo eran los alcaldes ante los coordinadores de Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material cuando el PRI era partido único o “aplanadora” como ahora es MoReNa. Por ello dicen los expertos que políticamente es negativo que la atención y expectativas populares se depositen sobre las espaldas de un solo individuo, ya que ello, más temprano que tarde, indefectiblemente se vuelve contra quien promueve la concentración. Es la historia conocida como hiperpresidencialismo: en momentos de ascenso en popularidad todo suma a favor del Presidente, pero luego –sobre todo en países políticamente inestables como el nuestro- la popularidad baja y es allí cuando la "marea política" tiende a arrastrar a todo lo que encuentra a su paso, y en primer lugar a la cabeza del poder. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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